Campamento por la libertad de presos políticos cumplió 12 días

Las adyacencias de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, al este de Caracas, se transformaron en un campamento donde familiares de presos políticos se instalaron tras el anuncio de excarcelaciones hecho por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el 8 de enero de 2026. 

Las mujeres lideran esta vigila como protesta pacífica y duermen en carpas sobre la acera, pese a la falta de servicios como el baño, agua potable y electricidad, para obtener respuestas sobre el paradero y la libertad de sus allegados. 

Las familias denuncian que las autoridades policiales evaden informar sobre los presos políticos que están dentro de las celdas de la sede también conocida como Zona 7 y en ocasiones mantienen un cordón de seguridad que restringe el acceso.

Presos políticos de todo el país

Petra Vera, cuñada de Wilfran Perea, quien fue detenido en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, el 26 de noviembre de 2025, describe el agotamiento físico y emocional que atraviesan los parientes desde que se prometieron las liberaciones de presos políticos.

«Nos quieren quitar de aquí o sea que creen que nosotros queremos estar todo el día aquí calándonos la falta de agua (para bañarse), calor y frío», relató Vera a Efecto Cocuyo, la tarde de este lunes 19 de enero. Vera tiene 12 días esperando que su cuñado sea liberado. 

Ante la presión de las madres, que entonaron el himno y pedir la libertad de sus hijos frente al calabozo policial, la tarde del sábado 17 de enero un funcionario identificado como Jhon García solicitó una lista de 31 nombres para verificar las detenciones, pero aclaró que el proceso de excarcelación no depende de su jurisdicción. Hasta la noche de este 19 de enero no les han dado respuesta.

El grupo de familiares de presos políticos decidió mantener las carpas de forma indefinida como medida de presión hasta que se ejecuten las órdenes de libertad.

«Tomamos la decisión de dejar las carpas porque si las recogíamos no se iba a dar nuestro mensaje», explican los familiares, quienes han recibido apoyo de la comunidad para el uso de baños y alimentación mientras esperan que se cumpla el anuncio gubernamental.

Un policía detenido por sus propios compañeros

Sandra Rosales busca a su esposo Dionny Francisco Quintero Torres, de 37 años de edad, quien se desempeñaba como oficial jefe de la Policía Nacional Bolivariana adscrito al estado Carabobo, desde el 19 de noviembre de 2025. Hasta este 19 de enero de 2026, ella no conoce el paradero de su esposo, ni si fue imputado o no. 

Oficiales de la delegación del DIP de Valencia detuvieron a Quintero en su lugar de trabajo y posteriormente allanaron su vivienda sin presentar una orden judicial. 

Los funcionarios incautaron laptops y teléfonos celulares de otros familiares en búsqueda de supuestos artefactos explosivos, elementos que nunca localizaron en el inmueble. 

Sandra se trasladó a Caracas el 20 de noviembre, pero aún desconoce el paradero de su esposo.

La falta de respuestas obligó a Sandra, quien es docente de profesión, a viajar constantemente entre Valencia y Caracas para no descuidar su trabajo ni a sus hijos de 12, 10 y 6 años. 

A los niños les ha dicho que su padre está trabajando, aunque la hija mayor sospecha de la situación y pide constantemente el regreso de su padre.

«Mi hija me dijo:  mamá trae a mi papá. Sé que es muy difícil. Es fuerte, pero uno por los hijos hace todo», asegura la docente. Hasta el momento, ninguna autoridad en Carabobo o en la capital ha proporcionado detalles sobre los cargos que se le imputan al oficial Quintero.  

El oficial Quintero no presenta condiciones de salud previas, pero su familia teme por su integridad física tras dos meses de desaparición forzada.

Sandra se unió al campamento el pasado sábado 17 de enero, para presionar por la aparición de su esposo. La incertidumbre afecta directamente la estabilidad emocional de los tres hijos, quienes ven en su padre una figura de protección por su labor como funcionario policial. 

«Ni una llamada, ni una foto. Ni que me digan: mira, está en tal sitio, lo puedes ir a ver», denuncia Rosales tras visitar múltiples centros de detención como Maripérez, Zona 7 y La Quebradita sin éxito.

Preso por publicar un meme

Simón Chacón Osorio, un estudiante de ingeniería de 28 años y emprendedor en Ciudad Bolívar, está en la lista de presos políticos y permanece recluido en el centro penitenciario Yare 3 tras publicar un meme en su estado de WhatsApp. 

Su madre, María Soledad Osorio Pinto, narró que su hijo fue detenido el 22 de septiembre de 2024 en su propia casa. 

El contenido de la imagen mostraba a personas de la tercera edad en un ancianato simulando una marcha, lo cual bastó para que las autoridades le imputaran delitos de terrorismo y traición a la patria. 

María Soledad es una actriz de teatro y llegó este 19 de enero a formar parte de la protesta pacífica de los familiares de los presos políticos en la Zona 7 de Boleíta.  Tiene que dormir en la calle frente a los recintos carcelarios para obtener información sobre su hijo.

Tras pasar por la base del Dgcim en Puerto Ordaz, le informaron que a Simón lo trasladaron a Caracas sin aviso previo a sus familiares, quienes iniciaron un recorrido por diversas cárceles hasta localizarlo en Yare 3, en el estado Miranda. 

María Soledad no ha podido ver a su hijo en casi dos meses. Reporta que el joven presenta un estado de salud desmejorado, con una pérdida de peso notable y una infección severa en el maxilar inferior. 

«Cada día desmejora, está más flaco. En mi última visita, él tenía una infección muy grande en el maxilar inferior por una muela», explica la madre, quien también menciona que el joven gritaba de dolor por la falta de atención médica.

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