La banca incluirá el riesgo ESG en su gestión y a partir de 2027 entrará en el test de estrés

La banca entra en una nueva etapa regulatoria que cambiará de forma estructural la manera en que identifica, mide y gestiona los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Las entidades tendrán que introducir obligatoriamente dichos factores en su gestión de riesgos este año y, a partir de 2027, comenzará a formar parte de manera progresiva en las pruebas de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Los organismos gemelos para seguros (EIOPA) y entidades de inversión y valores (ESMA) los incorporarán igualmente, en paralelo, a sus test de estrés.

La exigencia arranca con foco medioambiental y, de manera progresiva, sumará factores sociales y de gobernanza, hoy menos desarrollados. «El análisis de escenarios ambientales deja de ser una práctica voluntaria y se convierte en una herramienta estratégica y regulatoria», expone Carla Azorí, Senior Regulatory Affairs Manager de Accuracy. «La integración de los riesgos ESG en la supervisión y en las pruebas de resistencia supone un cambio estructural significativo y una oportunidad para reforzar la resiliencia del sector bancario», valora.

Condicionar el negocio

Las entidades llevan años preparándose y trabajando para incorporar, sobre todo, los riesgos climáticos en su estrategia de negocio y los marcos de gestión de riesgo, con algunas dificultades por el retraso en la definición de la taxonomía sobre qué se considera «verde» o no. Para incentivar la adopción, el Banco Central Europeo (BCE) lo introdujo entre sus prioridades de supervisión ya en 2020 y, en 2022 incluso, se realizó un test de estrés climático que dejó al descubierto que los fenómenos meteorológicos adversos son un riesgo cierto para el negocio (inundaciones, sequías, incendios…), como también los riesgos de transición (políticas de descarbonización de las economías).

Este año se produce la inflexión al dejar de ser algo adicional o un apéntice para considerarse de manera obligatoria como un riesgo más que impacta directamente en el de crédito, el de mercado o el operacional, y «formar parte del marco prudencial». Para las grandes entidades, la obligación es efectiva desde enero, y para las pequeñas y no complejas, será en 2027.

Cada banco deberá identificar qué riesgos ESG son relevantes para su negocio y medirlos tanto en términos de exposición, como sectores, como en carteras y bajo diferentes escenarios; y diseñar planes de transición, alineados con los objetivos climáticos europeos para reducir el 55% de las emisiones en 2030 y lograr la neutralidad climática en 2050. Tendrán que considerarlos tanto al definir su apetito de riesgo, como en los procesos internos de evaluación de capital (ICAAP, en la jerga técnica) y de liquidez (ILAAP), y la responsabilidad última recaerá en el consejo de administración.

En la práctica, supone que las entidades tendrán que tenerlo en cuenta y gestionarlo a la hora de plantear estrategias comerciales -por ejemplo, al conceder hipotecas o financiar a compañías con alta exposición al riesgo climático o al proceso de descarbonización- porque impacta en su solvencia y liquidez. La gran banca lleva algunos años fijando límites de financiación a industrias, por ejemplo, de combustibles fósiles, petróleo y minería de alto impacto, junto a las tradicionales de armamento controvertido, juegos de azar o materiales conflictivos.

«El reto no es solo regulatorio, sino también operativo y estratégico», repara Azorí. «Los bancos necesitan tiempo para mejorar la calidad de los datos, desarrollar metodologías sólidas y comprometer cómo los riesgos ESG se trasladan a los riesgos financieros tradicionales», agrega.

El siguiente salto, a partir de 2027, será su incorporación a los test de estrés dentro de sus procedimientos o con evaluaciones complementarias. Arrancará con foco prioritario en el clima, con una ampliación progresiva a riesgos sociales y de gobernanza a medida que maduren los datos y metodologías. El supervisor testará cómo impacta en capital y liquidez en plazos de hasta cinco años, y en las estrategias y modelos de negocio con visión a 10 años.

La experta de Accuracy subraya que el proceso plantea «importantes retos metodológicos, como la dificultad de modelizar los efectos de contagio sectorial», identificar los «verdaderos KPI financieros (indicadores clave)» de esos riesgos, «y definir indicadores fiables para evaluar la resiliencia del modelo de negocio». «La limitada disponibilidad y calidad de los datos restringen el uso de metodologías cuantitativas avanzadas y obligan a recurrir a supuestos poco depurados», observa. En su opinión, es preciso «ajustar» las expectativas supervisoras, «priorizando enfoques graduales, comparables y orientados al aprendizaje» que permitan mejorar las metodologías con el tiempo.