Amnistía, restitución y reparación, lo que Venezuela no puede dejar para después

El anuncio de una ley de amnistía en Venezuela no puede leerse como un gesto aislado ni como un simple acto jurídico, porque ocurre en un país donde durante años la persecución política fue convertida en política de Estado, donde se fabricaron delitos, se abrieron investigaciones sin sustento, se utilizaron figuras penales como terrorismo o financiamiento al terrorismo para castigar el disenso y se forzó al exilio a miles de personas que hoy siguen preguntándose si realmente pueden volver. Se ha dicho ya que esta amnistía no incluiría a personas vinculadas a homicidios, asesinatos, crímenes de lesa humanidad o al tráfico de drogas, tal como ha señalado Delcy Rodríguez, y ese límite no solo es comprensible sino constitucionalmente obligatorio, porque la Constitución venezolana establece con claridad que los crímenes graves contra los derechos humanos no son amnistiables, pero reducir el debate a esa frontera es insuficiente si no se atiende el daño estructural que dejó la criminalización de la política del periodo 1999 a 2026.

La Constitución venezolana distingue con precisión entre amnistía e indulto, y esa diferencia es fundamental en el contexto que vivimos. La amnistía es una competencia del Poder Legislativo, extingue la acción penal y borra los efectos jurídicos del delito, mientras que el indulto, atribuido al Poder Ejecutivo, solo perdona la pena y mantiene intacta la culpabilidad y los antecedentes. En un país donde el Estado utilizó el sistema penal para perseguir ideas, organizaciones, protestas, periodismo, denuncias y decisiones éticas como negarse a reprimir, el indulto resulta una figura insuficiente, porque presupone culpa y no restituye derechos, la amnistía, en cambio, reconoce que aquello que se persiguió no fue un delito sino una posición política, una forma de pensar distinta o una negativa a participar en la violencia institucional que nos sumió por años y de la cual tenemos el testimonio doloroso de los hasta ahora excarcelados tras el 3 de enero.

En ese marco, existe un anteproyecto de ley de amnistía elaborado por Foro Penal Venezolano representa un aporte serio y necesario al debate nacional, no solo por su solidez jurídica sino por el lugar desde el cual se construye, desde años de documentación de la persecución, de acompañamiento a presos políticos, de registro de torturas, detenciones arbitrarias y procesos forjados, un marco normativo que ojalá pueda ser el punto de partida para el que sea sancionado próximamente. El texto propone con claridad la extinción de investigaciones, la eliminación de antecedentes penales, policiales y administrativos, la nulidad de registros utilizados para la persecución, la restitución de derechos civiles y políticos y garantías de no retaliación, alineándose con la Constitución y excluyendo expresamente los crímenes que no pueden ser objeto de amnistía. Esos deben ser los puntos pilares de cualquier texto que seriamente piense en la reconstrucción, la reparación y la reconciliación nacional.

Sin embargo, incluso partiendo de ese marco sólido, hay elementos que no pueden quedar implícitos ni postergarse si se quiere que la amnistía sea efectiva. El caso de los presos políticos que nunca cometieron delito alguno es evidente, pero también lo es el de quienes, aun estando en libertad o en el exilio, cargan con investigaciones abiertas, órdenes de captura, expedientes forjados o antecedentes penales (pasado judicial) que siguen activos. Si esos procesos no desaparecen de manera total y verificable, el regreso del exilio se vuelve inviable, porque nadie puede volver a un país sabiendo que una causa fabricada puede reactivarse en cualquier momento, convirtiendo este mecanismo de reparación en una promesa vacía y no en una garantía real.

Lo mismo ocurre con los militares desertores que no participaron en violaciones de derechos humanos y que abandonaron las filas para no reprimir, personas que hoy siguen sin una situación jurídica clara y cuyos derechos deben ser restituidos si se quiere enviar un mensaje coherente sobre responsabilidad y ética institucional. También están los profesionales que, ante la persecución, dejaron sus puestos de trabajo, docentes, médicos, funcionarios públicos que tenían cargos asignados legítimamente y que los abandonaron por razones políticas, una pérdida de capital humano que atraviesa estos 27 años y que no puede ignorarse si se habla seriamente de reconstrucción del país.

Aquí surge una pregunta inevitable, si todo esto debe estar contenido en la ley de amnistía o si la misma debe ser entendida como el primer paso de un proceso normativo más amplio. Probablemente no todo deba cargarse sobre una sola ley, pero sí debe decirse ahora, con claridad política que es menester, que la amnistía no es el cierre del proceso sino su apertura, el punto de partida para una ley de restitución y reparación que aborde la devolución de derechos, la reincorporación profesional, la reparación material y simbólica y los mecanismos de responsabilidad para quienes, desde el aparato judicial, forense o administrativo, firmaron actas falsas, avalaron torturas o sostuvieron procesos fraudulentos. Estas responsabilidades no pueden diluirse, porque sin ellas no hay garantía de no repetición; claramente el pueblo venezolano reclama la tan ansiada justicia que ha estado ausente tras su secuestro en las mazmorras y calabozos de un régimen que ha quebrado hombres y mujeres pero que nunca pudo doblegar el deseo de la libertad.

A esto se suman cuestiones administrativas que han sido utilizadas como castigo político y que no pueden quedar fuera del debate, pasaportes anulados arbitrariamente, documentos de identidad vulnerados como mecanismo de control, destierro y una política de represión para violentar el derecho a la identidad, porque si estos temas no se hablan ahora, corren el riesgo de no corregirse nunca. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación, las concesiones arrebatadas, la censura estructural y la necesidad de devolver espacios informativos a sus legítimos dueños. Y es imposible eludir la discusión sobre la Ley del Odio, una norma utilizada como herramienta de persecución que debe ser derogada, no para negar la necesidad futura de regular los delitos de odio, sino para reconstruir ese debate desde el respeto a los derechos humanos, protegiendo a poblaciones vulnerables, escuchando realmente al pueblo (principal perseguido de este mamotreto) y la no criminalizando la disidencia y el debate.

Pensar una amnistía sin estas dimensiones es pensarla como un gesto simbólico y no como una herramienta de transformación necesaria del horror y la tortura que empaño nuestra historia de la forma más vil. La amnistía, bien entendida, no es impunidad ni olvido, es el reconocimiento de que el Estado se desvió del pacto social y debe corregirse, es la condición mínima para que los exiliados puedan volver sin miedo, para que la sociedad pueda empezar a reconocerse de nuevo y para que la transición democrática no sea solo un cambio de nombres sino una ruptura real con el uso del miedo, la censura y la persecución como formas de gobierno. Si este es el momento de ordenar el país, este también es el momento de escribirlo con coherencia, porque lo que no se escriba ahora difícilmente se hará después.