La ONU pretende reabrir una oficina para los derechos humanos en Venezuela

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pretende restablecer una oficina en Venezuela.

El pasado 26 de enero, Türk tuvo una conversación con la presidenta interina del país sudamericano, Delcy Rodríguez, en la que ofreció su apoyo «para ayudar a Venezuela a elaborar una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, con los derechos humanos como eje central», explicó.

Con ese objetivo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos envió un equipo a Caracas para ayudar en la reapertura de la sede en Venezuela. Además, se reunieron con las autoridades y numerosas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas defensores de los derechos humanos que han sido liberados recientemente y personas cuyos familiares siguen detenidos.

En febrero de 2024, los miembros de la oficina del Alto Comisionado fueron expulsados de Caracas tras expresar su «profunda preocupación» por la detención de Rocío San Miguel, abogada defensora de los derechos humanos en el país.

Esta activista es una de las personas detenidas que han sido liberadas recientemente. Bajo la presión de Estados Unidos, el Gobierno venezolano prometió la liberación de un «número significativo» de presos. Sin embargo, las familias y las ONG denuncian la lentitud de la operación. La organización Foro Penal ha informado de más de 400 liberaciones desde el 8 de enero.

Por su parte, la Asamblea Nacional ha aplazado, a una fecha todavía por determinar, la sesión en la que se iba a aprobar la ley de amnistía que permitiría la liberación de los presos políticos. «La ley de amnistía constituye un avance positivo para reforzar la cohesión social, la reconciliación nacional y la convivencia», comentó el martes la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

«Sin embargo, sus disposiciones deben ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. La legislación debería abarcar a todas las personas detenidas arbitrariamente e inscribirse en una estrategia más amplia que incluya reparaciones, rendición de cuentas y reforma del sistema judicial», añadió.