Jorge Rodríguez mala utilización de la Ley Contra el Odio

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconoció por primera vez de manera pública que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (conocida como Ley Contra el Odio) ha sido objeto de mala utilización en algunos casos. La declaración se produjo durante una sesión parlamentaria del 19 de febrero de 2026, en el marco del debate y aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Contexto de la admisión

La Ley Contra el Odio, promulgada en 2017 bajo el gobierno de Nicolás Maduro, establece penas de hasta 20 años de prisión por incitación al odio, discriminación o violencia, y ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Foro Penal Venezolano. Estas entidades la han calificado como un instrumento utilizado para perseguir a opositores, periodistas, activistas y ciudadanos críticos con el gobierno, criminalizando la libertad de expresión bajo acusaciones vagas de “promover el odio” o “incitar a la violencia”.

Durante años, el oficialismo había defendido la norma como esencial para preservar la paz y combatir el “discurso de odio fascista”. Sin embargo, en la sesión del jueves 19 de febrero —justo antes de la aprobación unánime de la amnistía impulsada por Delcy Rodríguez—, Jorge Rodríguez cambió el tono:

• Afirmó que la ley es “muy útil” para la convivencia democrática.
• Reconoció explícitamente que “hubo situaciones de mala utilización” y que “eso es verdad y tiene que ser corregido”.
• Anunció que el Programa por la Convivencia Democrática (impulsado por el diálogo político) está estudiando los alcances de la legislación.
• Adelantó que es “muy probable” que la Asamblea Nacional proceda a reformarla en el corto plazo.

El reconocimiento ocurrió en un contexto de apertura al diálogo tras presiones internacionales, la reciente visita de delegaciones estadounidenses y el impulso a medidas de “convivencia” que incluyen la liberación progresiva de presos políticos.

Reacciones inmediatas

La declaración generó reacciones mixtas:

Oposición y defensores de DDHH: Muchos la ven como una “confesión de parte” que valida años de denuncias. Líderes opositores y abogados han señalado que esta admisión podría servir como base para revisar condenas basadas exclusivamente en esta ley y exigir responsabilidades por abusos. En redes sociales, frases como “admisión de culpa” y “¿quién devuelve las vidas destruidas?” se volvieron virales.

Medios independientes y ONG: Celebraron el paso como un avance, pero advirtieron que no equivale a la derogación total de la norma ni a reparaciones concretas para víctimas. Insistieron en que la reforma debe incluir salvaguardas claras para la libertad de expresión.

Círculos oficialistas: Algunos minimizaron el alcance, presentándolo como una autocrítica constructiva en el marco de la “nueva etapa de paz”.

Implicaciones políticas y jurídicas

Este reconocimiento marca un giro significativo en el discurso del chavismo respecto a una de sus leyes más controvertidas. Podría abrir la puerta a:

• Revisión de casos judiciales donde la Ley Contra el Odio fue el principal sustento de acusaciones.
• Debate sobre posibles reembolsos o compensaciones (aunque no se ha mencionado explícitamente).
• Presión para que la reforma elimine o limite artículos ambiguos que permiten interpretaciones arbitrarias.

Sin embargo, analistas advierten que la mención a “algunos casos” y el mantenimiento de la ley como “útil” sugiere que no se busca su eliminación total, sino ajustes que preserven su uso selectivo.

Video y fuentes

La declaración fue captada en transmisiones en vivo de la Asamblea Nacional y difundida ampliamente en redes sociales y medios. Fragmentos del video muestran a Rodríguez diciendo textualmente:

“Es una ley que nosotros consideramos muy útil […] pero es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la Ley contra el Odio. Eso es verdad y tiene que ser corregido.

“Este episodio se enmarca en una semana clave para la política venezolana, con la aprobación de la amnistía y señales de distensión que contrastan con la represión de años anteriores. Queda por ver si la anunciada reforma materializará un cambio real o quedará en retórica de diálogo.