Los casos que el Estado ignora

Los desaparecidos en Venezuela ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una herida abierta documentada por organismos internacionales. Desde el año 2015, el patrón de opacidad estatal ha borrado el rastro de ciudadanos cuyo único “delito” fue denunciar irregularidades o poseer información sensible. Estos rostros, hoy convertidos en banderas de lucha, representan el fracaso de un sistema de justicia que se niega a investigar a sus propios agentes.

El 27 de febrero de 2015 marca un hito oscuro en esta cronología. Ese día desapareció Alcedo Mora, un veterano dirigente social que trabajaba en la Gobernación de Mérida. Mora había denunciado formalmente ante diversas instancias una red de contrabando de combustible en PDVSA que involucraba a altos funcionarios regionales. Antes de perderse su rastro, advirtió a sus familiares que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo vigilaba.

Los hermanos Vergel: el daño colateral de la denuncia

Junto a Alcedo Mora, el silencio también envolvió a los hermanos Esneider y Elieser Vergel. Ambos, de nacionalidad colombiana y trabajadores del campo, mantenían una relación de amistad y trabajo con el dirigente merideño. Su desaparición ocurrió de manera simultánea, lo que refuerza la tesis de un operativo conjunto para silenciar a los testigos de las denuncias de corrupción.

A pesar de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU calificó estos hechos como desapariciones forzadas, el Ministerio Público venezolano no ha presentado avances en casi una década. Las familias de los Vergel y de Mora enfrentan no solo la ausencia de sus seres queridos, sino la estigmatización y el olvido institucional que protege a los presuntos responsables.

Hugo Marino y Víctor Quero: la incertidumbre en custodia

Cuatro años después de la tragedia de Mérida, el 20 de abril de 2019, desapareció el buzo especializado Hugo Marino Salas. Tras arribar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía proveniente de Miami, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo habrían interceptado. Marino poseía conocimientos técnicos sobre siniestros aéreos, incluyendo el caso del avión Transaven, lo que ha generado múltiples conjeturas sobre el motivo de su captura. Su familia, tras años de vigilias y peticiones ante la OEA y la ONU, sigue sin recibir una fe de vida oficial.

Por su parte, el caso de Víctor Quero simboliza la precariedad de los presos políticos que desaparecen dentro del propio sistema penitenciario. Su madre, Carmen Teresa Navas, de 82 años, ha denunciado que tras ser trasladado del centro penitenciario El Rodeo I bajo precarias condiciones de salud, se perdió todo contacto con él. La falta de información sobre su paradero actual lo sitúa en el limbo legal de la desaparición forzada bajo custodia.

La reflexión de Nicmer Evans: un Estado obligado a responder

El politólogo y dirigente Nicmer Evans ha sido enfático al posicionar esta crisis en la agenda pública. A través de un mensaje en la red social X, Evans señaló que estos ciudadanos son “los desaparecidos del madurismo”. Su advertencia es clara: la Ley de Amnistía no ampara a los responsables de estos crímenes, pues la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que no prescribe.

“El Estado tiene la obligación de dar respuesta sobre ellos y castigar a los responsables”, sentenció Evans. Su exigencia busca romper el ciclo de impunidad que permite que las fuerzas de seguridad operen fuera de la ley. La reflexión de Evans resalta que, sin verdad sobre estos casos, cualquier intento de diálogo político carece de fundamento ético.

Fuentes consultadas: * Cuenta oficial de X de Nicmer Evans.

• Archivos periodísticos de www.puntodecorte.net
• Reportes de PROVEA y Amnistía Internacional.
• Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA).
• Testimonios de familiares en VPItv y Armando.info.

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