Nacionalizar la transición o el riesgo de El Gatopardo
Tras los eventos del 3 de enero (donde la justicia estadounidense intervino en territorio venezolano tras una previa erosión de la soberanía popular por parte de quienes detentaban el poder) el mapa político del país ha dado un giro radical. No obstante, aún persiste la duda sobre si asistimos a una verdadera transformación o a una maniobra al estilo de El Gatopardo: cambiarlo todo para que nada cambie.
El desfase de prioridades
Bajo esta medida de fuerza, se ha estructurado un plan de tres fases orientado hacia una transición política, aunque con un cronograma aún incierto. El esquema propuesto por el “tutor” de este nuevo tutelaje político sobre un gobierno de imagen renovada, pero esencia autocrática, establece la estabilización como requisito previo para el avance económico y, finalmente, el político. Sin embargo, esta lógica ignora la prioridad del ciudadano venezolano. La población, consciente de que su soberanía popular sigue siendo el activo más valioso, demanda un esquema inverso: lo político como motor de lo económico. La mayoría democrática entiende que la estabilidad real y el crecimiento económico solo son sostenibles si son conducidos por liderazgos con legitimidad de origen, una condición indisolublemente ligada al ejercicio del voto.
La deuda democrática
La transición planteada por el Departamento de Estado de EE. UU. goza de aceptación popular, pero no puede omitir las urgencias de una sociedad que ha padecido 27 años de erosión del Estado de Derecho. La estabilización no es solo una variable técnica; requiere comprender el ritmo del sufrimiento de quienes viven las secuelas de una dictadura. Por ello, la nacionalización de la transición debe basarse en el principio de coparticipación. No se puede esperar a que finalice una fase para iniciar la otra; la legitimación de las condiciones institucionales debe ser un proceso paralelo y transversal.
De la tutela a la autonomía
La participación activa de los sectores ajenos al poder fáctico es imprescindible para garantizar que el proceso no sea un simple cambio de mando, sino una reforma estructural. El objetivo final es prescindir del tutelaje externo para que sea el propio sistema democrático el que garantice su autorregulación, bajo un marco de convivencia continental y en defensa de los intereses soberanos de Venezuela. Nacionalizar la transición es la única ruta para asegurar que el retorno a la democracia sea sólido y duradero. Cualquier alternativa que ignore la voluntad popular solo alimentará los extremos, el caos y la anarquía.
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