Portugal agilizará las deportaciones de inmigrantes ilegales y amplía la detención a 18 meses

El proyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros y será ahora remitido al Parlamento, donde el Partido Socialdemócrata no cuenta con mayoría suficiente, por lo que necesitará, previsiblemente, el apoyo del partido de la derecha radical Chega para sacar adelante la ley, como ya ha ocurrido con otras reformas en materia migratoria.

La norma también supondrá un reto institucional para el presidente de la República, António José Seguro, quien afrontará por primera vez la decisión de promulgar o vetar una ley de inmigración desde su llegada al cargo, el pasado 9 de marzo. No se descarta que el jefe del Estado opte por remitir el texto al Tribunal Constitucional antes de su promulgación, como ya ha sucedido recientemente con otras leyes relacionadas con extranjería y nacionalidad. Desde el Ejecutivo, sin embargo, aseguran estar plenamente convencidos de la constitucionalidad de la propuesta.

En términos concretos, la ley plantea ampliar el periodo máximo de detención en centros de retención de extranjeros, que actualmente es de 60 días, hasta los 18 meses. Según explicó el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, el objetivo es «acelerar la deportación de los extranjeros identificados en situación irregular», una medida que, en su opinión, cuenta con respaldo suficiente en el Parlamento.

El ministro también criticó la posición de los partidos de izquierda, afirmando que «tradicionalmente se han situado fuera de los cambios en la política migratoria». Aun así, defendió que el Gobierno mantiene una estrategia equilibrada, priorizando los mecanismos de retorno voluntario y reservando la detención en régimen cerrado como última opción.

«Se trata de una posición moderada, equilibrada y humanista», aseguró Leitão Amaro, quien confía en lograr una mayoría parlamentaria para aprobar la ley. En relación con posibles objeciones jurídicas, el ministro subrayó que los plazos máximos previstos para la detención y deportación se sitúan «por debajo de las directrices europeas», lo que, a su juicio, refuerza la solidez legal del texto.

Paralelamente, el Parlamento deberá volver a debatir el próximo 1 de abril la ley de nacionalidad, tras el veto del Tribunal Constitucional. El Gobierno ya ha iniciado contactos con los principales partidos con el objetivo de «viabilizar» su aprobación en una nueva votación.

Impacto económico

En cuanto al impacto económico de las nuevas medidas, el Ejecutivo no ha ofrecido cifras concretas. No obstante, Leitão Amaro aseguró que Portugal dispone de «capacidad financiera» para implementar el nuevo régimen. Además, destacó que los procesos de retorno voluntario son significativamente más económicos que las deportaciones forzosas, que implican detenciones prolongadas y dispositivos policiales para la repatriación.

Desde su llegada al poder en 2024, el Gobierno de Montenegro ha impulsado un endurecimiento progresivo de la política migratoria, en contraste con el enfoque del anterior Ejecutivo socialista de António Costa, considerado uno de los más abiertos de Europa en este ámbito. «Portugal estaba entre los países europeos con las tasas más bajas de expulsión», afirmó el ministro, quien insistió en que «debe haber consecuencias para la ilegalidad, y eso implica expulsiones más rápidas».

A pesar de este giro, el Gobierno no ha fijado objetivos cuantitativos sobre el número de inmigrantes que pretende repatriar, ya sea mediante retornos voluntarios o deportaciones forzosas. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene como prioridad reforzar el control migratorio. «Quien opta por la ilegalidad o por ponerse en manos de redes de inmigración irregular debe afrontar consecuencias», concluyó Leitão Amaro, subrayando que la nueva ley busca precisamente acelerar esos procesos de retorno.