Familiares denuncian siete meses de juicio diferido en caso de médicos y obreros detenidos en Lara
Barquisimeto.- Familiares de nueve obreros, un ingeniero y dos médicos detenidos por presunta corrupción en el Hospital Central de Barquisimeto exigieron nuevamente, este 20 de marzo, la revisión del caso que cursa en el Tribunal Primero de Control del estado Lara. Denuncian que llevan siete meses a la espera de la apertura de juicio, la cual ha sido diferida en cinco ocasiones desde su anuncio.
La protesta se desarrolló en las adyacencias del almacén del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP), donde los manifestantes realizaron un “grafitazo” sobre vehículos en circulación con las palabras “Justicia” y “Libertad”.
“Tienen siete meses privados de libertad siendo inocentes, el Goes los sacó de este almacén sin ninguna orden judicial, ahora están privados de libertad en el David Viloria de Uribana… Aquí estamos dándole a conocer a Venezuela las irregularidades que pasan en el circuito penal de Barquisimeto», denunció la abogada Mayanis Rodríguez.
Le habló directo al «Doctor Fernando Márquez, usted que es el presidente del circuito penal y es presidente de la corte, ¿qué es lo que pasa?, ¿por qué las respuestas para nuestros familiares han sido negativas y usted no se pronuncia?, la corte dio sin lugar las nueve apelaciones y sin lugar la recusación que se hizo también. Entonces, ¿a quién le pedimos justicia?”, se cuestionó la jurista y familiar de uno de los detenidos, Rodríguez.
El 18 de agosto de 2025, nueve obreros y dos médicos fueron detenidos en el HCUAMP de Barquisimeto por funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), señalados de presunto ocultamiento de insumos médicos, alquiler de equipos hospitalarios y venta ilegal de medicamentos, en el marco de investigaciones sobre una supuesta red de corrupción en el sistema de salud regional .
Sin embargo, los familiares sostienen la inocencia de los implicados y denuncian irregularidades en el proceso judicial.
Aseguran que los acusados fueron presentados el 23 de agosto, cinco días después de su detención, pese a que la ley establece un lapso máximo de 48 horas. Además, durante la audiencia preliminar, a cargo de la jueza Marjouri Vargas, fue retirado uno de los defensores, lo que motivó la interposición de nueve apelaciones contra la titular del tribunal, las cuales fueron declaradas sin lugar.
También señalaron que los 12 detenidos están siendo imputados bajo la figura de coautoría, sin que, afirman, se hayan presentado pruebas que demuestren vínculos entre ellos. Según sus declaraciones, el expediente fiscal se sustenta principalmente en “hechos narrativos”.
Los imputados enfrentan cargos por extravío, pérdida, deterioro y daños a bienes del patrimonio público; obtención de ventaja o beneficio económico por parte de funcionarios; utilidad ilegal en actos de la administración pública; acaparamiento y asociación para delinquir. Por estos delitos, podrían enfrentar penas de hasta 28 años de prisión, mientras permanecen a la espera de un proceso judicial cuya culminación continúa siendo incierta.
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