Provea denuncia ataques del Gobierno de Delcy Rodríguez contra activistas en la ONU

La organización no gubernamental Provea denunció que la administración de Delcy Rodríguez mantiene un esquema de ataques y criminalización contra los activistas en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según la ONG, este comportamiento replica las tácticas de descalificación que el gobierno de Nicolás Maduro ejecutó durante los últimos años.

El reclamo surge tras la reciente presentación del informe de Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos el pasado 3 de marzo. La representación de Venezuela acusó nuevamente a las organizaciones civiles de utilizar la defensa de los derechos fundamentales con intenciones políticas.

La delegación de Venezuela presentó una declaración escrita donde fijó su postura oficial frente a los señalamientos. “Respaldamos la labor de los defensores de los derechos humanos y rechazamos categóricamente que algunas personas pretendan instrumentalizar esta labor con fines políticos para promover acciones de desestabilización interna”.

El texto oficial también recalca que ningún activista posee privilegios legales por su labor. El documento añade que “ningún defensor verdadero de derechos humanos puede involucrarse en la planificación o ejecución de acciones de violencia” y que dicha condición “no otorga inmunidad ante la ley”.

La ONG detectó que estos argumentos coinciden con las declaraciones emitidas en marzo de 2025. En ese periodo, el Ejecutivo también señaló a los activistas por recibir supuesto financiamiento extranjero y actuar bajo motivaciones políticas.

Para Provea, resulta inaceptable que la gestión de Rodríguez utilice el Consejo de Derechos Humanos como una plataforma para atacar a los defensores. La ONG advierte que estas descalificaciones intentan validar la persecución interna que afecta a víctimas y organizaciones.

La organización advirtió que la criminalización de defensores de derechos humanos ante una instancia internacional evidencia la intención de sostener la persecución de quienes documentan o denunciar violaciones a garantías constitucionales.

Foto: Cortesía EFE