La noche del lunes 30 de marzo, el estado Apure recibió la noticia sobre el deceso del médico Cristian Morillo, el profesional de la salud que enfrentó la cárcel tras las protestas políticas que sacudieron al país a mediados de 2024.
Las autoridades detuvieron a Morillo en San Fernando de Apure durante el mes de julio de aquel año. Posteriormente, el sistema judicial ordenó su traslado al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, donde permaneció recluido varios meses.
En noviembre de 2024, Morillo finalmente recuperó su libertad bajo medidas cautelares. El médico regresó a su hogar con un cuadro clínico severamente deteriorado, consecuencia de las precarias condiciones que vivió privado de libertad.
Diversas organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil vigilaron de cerca su proceso, desde el arresto inicial hasta su excarcelación a finales de año. Tras su salida de prisión, el médico intentó recuperar su salud en su región natal, hasta que su organismo cedió este lunes.
A través de las redes sociales, colegas y dirigentes políticos de la entidad lamentaron la pérdida. Muchos recordaron el impacto que causó su caso en la opinión pública, al representar uno de los arrestos más emblemáticos ocurridos en Apure tras los comicios de 2024.
Varias ONG en Venezuela ya han alertado sobre la crisis sanitaria en las prisiones del país, en la que señalan directamente al Estado por ejecutar una negación sistemática de la asistencia médica, ignorar los tratamientos requeridos por los presos políticos y someter a la población a condiciones de insalubridad extrema.
Según la denuncia, estas acciones vulneran de forma frontal el derecho a la vida y el respeto a la integridad física de las personas bajo custodia. Asimismo, advierten sobre el evidente deterioro físico de los detenidos que representa una modalidad de violencia estructural.
