Transparencia Venezuela cuestiona independencia de gran parte de los aspirantes al Poder Ciudadano

Un reciente informe publicado por la ONG Transparencia Venezuela advierte sobre graves irregularidades en el proceso de selección de los nuevos titulares de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Tras revisar las listas de los más de 100 postulados, la organización identificó la presencia de figuras con marcadas lealtades partidistas, antecedentes de destitución y cuestionamientos técnicos en sus trayectorias profesionales.

Un proceso bajo la sombra de la irregularidad

A pesar de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que el proceso busca perfiles con “aval y respaldo político”, Transparencia Venezuela señala que la constitución del propio Comité de Evaluación de Postulaciones contraviene el artículo 279 de la Constitución Nacional.

Según la norma, la designación de quienes revisan las credenciales debería recaer en el Consejo Moral Republicano y no exclusivamente en el Parlamento, como ha ocurrido en esta ocasión.Militancia política y falta de independencia

El informe subraya que la falta de mecanismos estrictos para garantizar la independencia ha permitido que el Poder Ciudadano sea cooptado por intereses partidistas. Entre los aspirantes a Fiscal General destaca el abogado Joel Darío Altuve Patiño, quien se define públicamente como “chavista, revolucionario y bolivariano”.

En el caso de la Defensoría del Pueblo, figuran nombres vinculados a diversas corrientes políticas, como José Luis Alcalá Rhode (exsecretario de Gobierno del Zulia), Julio Lattan (Frente Nacional de Abogados Bolivarianos), así como los exdirigentes políticos Enrique Ochoa Antich y Emilio Graterón.

La ley orgánica de este organismo prohíbe expresamente que el defensor ejerza actividades de carácter político-partidista.

Candidatos con antecedentes y dudas técnicas

La organización también pone la lupa sobre candidatos con pasados polémicos. Resalta el nombre de Gilberto Landaeta Gordon, exfiscal del caso Danilo Anderson, quien fue destituido en 2006 tras incidentes de abuso de autoridad. Asimismo, figura Elías Álvarez Leal, exjuez que fue suspendido en 2009 por el Tribunal Supremo de Justicia.

En cuanto a las competencias técnicas, el informe cuestiona la idoneidad de figuras como el actual encargado del Ministerio Público, Larry Devoe, por no haber ejercido como juez o fiscal ni poseer estudios de cuarto nivel en el área penal.

Críticas similares reciben las postulaciones de periodistas y figuras públicas como Vladimir Villegas y Julio César Pineda para la Defensoría, al no evidenciar la “manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos” que exige la Constitución.