Un informe denuncia la «inacción» y los «fallos» de las agencias de seguridad británicas en el triple asesinato de Southport | elperiodico.com
Las conclusiones de la primera fase de la investigación del triple asesinato de Southport, en el que murieron tres niñas y otras 10 personas resultaron heridas, han puesto el foco en la “inacción” y en los “fallos” de las agencias de seguridad británicas a la hora de prevenir el ataque, el cual provocó una oleada de disturbios violentos en varias ciudades del Reino Unido en julio de 2024. El informe de la comisión independiente, publicado este lunes tras un año de investigación, ha concluido que el ataque fue “previsible” y “evitable” y apunta a la mala gestión y a los errores de comunicación de los servicios de inteligencia.
El documento ha resaltado cinco errores fundamentales en la prevención del ataque. En primer lugar, destaca que ninguna agencia de seguridad asumió la responsabilidad de evaluar y gestionar el grave riesgo que representaba el autor de los hechos, Axel Rudakubana. También apunta a la pérdida de información esencial sobre el joven, de 17 años en el momento de los ataques, y señala que sus comportamientos peligrosos, incluidas sus búsquedas en internet, se atribuyeron de forma “errónea” a su desorden del espectro autista.
“Las señales que indicaban que Axel Rudakubana se encaminaba hacia una violencia grave se manifestaron de forma repetida e inequívoca. Sin embargo, los sistemas y organismos responsables de la protección de la ciudadanía no actuaron con la cohesión, la urgencia ni la claridad necesarias”, ha asegurado el presidente de la comisión, Adrian Fulford. “El hecho de que las agencias transfieran repetidamente el riesgo a terceros y reduzcan o minimicen su propia implicación no constituye una gestión de riesgos eficaz ni responsable”.
El informe también ha puesto el foco en la permisividad de los padres del joven, que contaba con cuchillos y otras armas peligrosas en casa, y en el hecho de que no informaran debidamente a las autoridades del comportamiento de su hijo en los días previos al ataque. “Si a finales de julio de 2024 —incluido el mismo día del ataque— se hubiera comunicado a las autoridades el alcance total de las preocupaciones de la familia de Axel Rudakubana, es casi seguro que esta tragedia se habría evitado”, ha añadido Fulford.
Ola de violencia
Rudakubana fue condenado en enero de 2025 a cadena perpetua, con un mínimo de 52 años de cárcel, por la muerte de Elsie Dot Stancombe, Bebe King y Alice da Silva Aguiar, tres niñas de entre seis y nueve años que participaban en una clase de baile en Southport, en el noroeste de Inglaterra, el 29 de julio de 2024. La propagación de información falsa sobre el origen del atacante en las redes sociales provocó una ola de violencia xenófoba que obligó a movilizar miles de efectivos de la policía y a proteger los alojamientos para solicitantes de asilo, los cuales fueron blanco de los ataques de grupos vinculados a la extrema derecha.
La indignación ciudadana fue en aumento poco después, cuando salió a la luz que el autor de los ataques había sido investigado hasta en tres ocasiones por el programa Prevent, creado para detectar actitudes radicales o extremistas y para evitar actos terroristas. Rudakubana había acudido al colegio con un cuchillo y había buscado información sobre tiroteos en centros escolares y sobre la creación de explosivos. A pesar de los avisos, las autoridades cerraron las tres investigaciones y no tomaron medidas preventivas.
“Este fallo es la razón fundamental por la que AR pudo llevar a cabo el ataque, a pesar de las numerosas señales de alerta sobre su capacidad para cometer actos de violencia mortal”, ha asegurado Fulford. “Si, como sociedad, queremos evitar que se repita lo ocurrido en el caso de Axel Rudakubana, esta cultura debe acabar”.
La comisión de investigación, creada por el Gobierno laborista, iniciará ahora la segunda fase de su informe, la cual se centrará en cómo las agencias identifican y gestionan a las personas con riesgo de cometer actos de violencia extrema; el papel de Internet y las redes sociales a la hora de influir en ese tipo de comportamientos; la eficacia de las leyes utilizadas para controlar las actividades nocivas; y si la normativa vigente sobre la venta y la posesión de armas es lo suficientemente sólida como para proteger a la ciudadanía.
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