El PP exige la dimisión de las «señoras del apagón» y culpa al Gobierno de políticas «radicales y sectarias»

El Partido Popular (PP) ha planteado sus propias conclusiones sobre la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril, atribuyendo la responsabilidad del suceso al Gobierno y a su entorno. En concreto, el documento presentado por los populares un día antes de que la citada comisión se reúna por última vez para analizar y aprobar sus conclusiones definitivas señala directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, a la exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, a su sucesora Sara Aagesen, a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García Rodríguez, resumió la postura de su partido con una acusación frontal al Ejecutivo, al que definió como el «único responsable» del apagón y de unas «políticas radicales y sectarias, basadas en la ideología y no en la tecnología». En su comparecencia, la dirigente popular reclamó además la «dimisión inmediata» de Aagesen y el «cese fulminante» de Corredor, a las que llegó a llamar «señoras del apagón».

Esta postura radica en la idea de que la vulnerabilidad del sistema era conocida desde mucho antes del colapso y de que tanto el Gobierno como los organismos responsables omitieron actuaciones que habrían podido evitarlo. «El apagón del 28 de abril no fue una fatalidad, no fue un accidente imprevisible, no fue un episodio sin avisos, el apagón fue el resultado de una vulnerabilidad conocida, de un sistema que llevaba tiempo avisando y de que no actuaron con la diligencia que exigía», recoge el documento popular. Bajo esa premisa, el partido concluye que existió una falla de tutela política, una respuesta insuficiente del operador del sistema y una actuación regulatoria deficiente.

En concreto, el PP sostiene que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico «incurrió en responsabilidad supervisora por incumplimiento de su función de tutela sobre el operador eléctrico». También atribuye a Red Eléctrica una «omisión antijurídica de sus obligaciones de garantía del suministro», al considerar que no adoptó con la debida antelación medidas preventivas pese a conocer la fragilidad del sistema. En paralelo, responsabiliza a la CNMC por «funcionamiento anormal del servicio público», tanto por haber mantenido sin actualizar desde el año 2000 hasta junio de 2025 el procedimiento de operación 7.4, relativo al control de tensión por parte de las energías renovables, como por no haber publicado un informe público sobre las causas del incidente.

El PP ha reforzado esta lectura con el contenido de los audios analizados a puerta cerrada en la comisión. Según los senadores populares, las transcripciones incorporadas a sus conclusiones «demuestran que la problemática de inestabilidad de tensión no era exclusiva de los días inmediatamente anteriores al apagón», sino que se arrastraba «desde muchos meses antes». Ese elemento resulta central en su relato, ya que acredita que existían señales previas suficientes y que, por tanto, no cabe hablar de un fallo repentino o de un evento imposible de anticipar.

Desde esa óptica, Alicia García ha acusado además al Gobierno de haber tratado de desviar el foco de la investigación. La portavoz popular denunció que el Ejecutivo intentó «ocultar pruebas» y buscar «culpables ajenos» para «tapar su responsabilidad», y añadió que «El gran apagón no fue un hecho fortuito, no fue una catástrofe natural sobrevenida, fue el resultado de una gestión irresponsable y de unas políticas negligentes». La acusación política se extiende así más allá del episodio concreto y alcanza a la orientación general de la política energética del Ejecutivo.

La crítica del PP se dirige especialmente contra Sara Aagesen, a la que responsabiliza por «mantener las políticas radicales y sectarias de Ribera», por «cruzarse de brazos ante las evidentes y constantes avisos de riesgo» y por «mentir a los españoles e intentar ocultar la verdad». «Esto tiene un nombre: gestión negligente», afirmó Alicia García. En el caso de Beatriz Corredor, los populares consideran que conocía la vulnerabilidad del sistema, que reaccionó tarde el día del colapso y que posteriormente ha actuado con opacidad y falta de colaboración.

El PSOE difiere en las conclusiones

Con menor peso en la comisión, aparece la respuesta del PSOE, que rechazó de plano esa interpretación. Los socialistas sostienen que en la investigación no ha quedado acreditada «responsabilidad política alguna» y defienden que las causas del apagón se sitúan «exclusivamente en un ámbito técnico». Su viceportavoz en la comisión, José Antonio Valbuena, criticó criticado que la comisión haya funcionado «al servicio del PP» y ha cuestionado el valor de los audios esgrimidos por los populares, al asegurar que «no son completos» y que han sido enviados «de forma interesada» por uno de los actores del sistema eléctrico.

En línea con el informe del comité liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica, el PSOE define el apagón como un fenómeno «multifactorial, dinámico y de naturaleza sistémica» y sostiene que «no puede identificarse una decisión concreta del Gobierno de España ni de la dirección del operador del sistema -Red Eléctrica- como causa directa del apagón». Desde su punto de vista, el problema estuvo en una respuesta «insuficiente o no plenamente adecuada en su aplicación práctica», especialmente en materia de control de tensión y cumplimiento de obligaciones técnicas por determinados agentes, pero sin base para derivar de ahí responsabilidades políticas directas.