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Economía y Finanzas

Soluciones plausibles al problema de la vivienda en España

📅 🕐 18 Abr 2026🔗 Fuente: eleconomista.es🕑 5 min de lectura
Soluciones plausibles al problema de la vivienda en España
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Con este título, y bajo la batuta del urbanista Gerardo Roger Fernández, se ha elaborado un documento que contiene una serie de «propuestas de actuación dirigidas a la satisfacción del derecho a la vivienda para la mayoría social». Hemos de partir del reconocimiento de que un derecho constitucional en nuestro país, el derecho a la vivienda (artículo 47 de nuestra Constitución), es hoy, en su realización efectiva, un problema para la ciudadanía, para una «mayoría social».

Se dirá que la vivienda ha sido un reto constante para todos los Poderes públicos (de ahí el mandato que les dirige nuestra Carta Magna), pero lo es hoy, en mayor grado si cabe, en cuanto supone un para la gran mayoría de ciudadanos de nuestro país un impedimento para su pleno desarrollo: no afecta ya solo a las clases más desfavorecidas (vivienda social) sino que lesiona las legítimas aspiraciones de la llamada «clase media» (vivienda asequible) y también las de nuestros jóvenes.

No hay que olvidar que el no acceso a la vivienda, está impidiendo el desarrollo de otra serie de derechos personalísimos que se desenvuelven en la intimidad de un hogar (…la casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad, señaló Le Corbusier). Son por ello trascendentes todas las líneas de acción que se desarrollen no solo los poderes públicos, sino también el conjunto de actores implicados en esta cuestión, tales como empresarios, profesionales, colectivos y servicios sociales, etc.

El documento de soluciones plausibles, que partirá en su debate del Círculo de Bellas Artes, aporta una serie de determinaciones básicas que sirven para señalar, a modo de diagnóstico, las principales claves que dibujan hoy la cuestión. Y sigue con una serie de propuestas de actuación destinadas a facilitar una oferta suficiente de viviendas realmente asequibles para colectivos sociales vulnerables y mayoritarios. Esas determinaciones básicas son:

1. El reconocimiento de una tradicional -y casi diríamos resignada- incapacidad de los poderes públicos para afrontar el reto de la vivienda a una escala general. Hay además una segunda incapacidad añadida, la del mercado inmobiliario.

2. Es necesaria la identificación quienes ven insatisfecho su derecho a la vivienda. Hoy estos ciudadanos, mayoritarios, tienen unos ingresos netos mensuales inferiores a dos veces el SMI, unos 2.400 euros, lo que supone las 2/3 partes de los trabajadores de este país.

3. Se debe partir de una definición rigurosa de la vivienda asequible, siendo aquella que ofrezca en términos de renta mensual de alquiler no más de un 30 % de los ingresos netos de la unidad familiar (300-700 euros).

4. Debe lograrse la interrelación entre los suelos y los tipos de vivienda correspondientes a ese uso residencial «legítimamente discriminado» que es la vivienda asequible. Aquí son fundamentales las determinaciones normativas y de planeamiento urbanístico dirigidas a la definición y regulación de, por un lado, las viviendas de protección pública (VPP), públicas como privadas, y, por otro, de las viviendas-alojamientos dotacionales (VAD).

5. Es necesaria la definición y diferenciación de un régimen propio de la vivienda en los territorios rurales aquejados por la despoblación.

6. Necesidad de institucionalizar un verdadero «Sistema nacional de viviendas», con el objetivo de que el 10% del parque de viviendas principales preexistente este conformado por viviendas asequibles públicas y permanentes.

7. Para la consecución de lo anterior es precisa la disposición de estrategias políticas:

a) Estructural a largo plazo para alcanzar una promoción pública por parte de todas las Administraciones de unas 50.000 viviendas al año.

b) Coyuntural a plazo inmediato, que necesariamente habrá de apoyar en el patrimonio edificado preexiste para, desde ya, incorporar de éste el mayor número de elementos posible a la oferta de viviendas asequibles. Con este punto de partida, el documento realiza una serie de propuestas de acción para incrementar la oferta de viviendas asequibles:

A. Por la iniciativa privada. Debe partirse del más amplio desarrollo de la colaboración pública privada, con fórmulas como los derechos de superficie sobre suelos públicos a favor de la intervención activa de operadores privados. Medida apoyada con disposiciones económicas públicas que coadyuven a alcanzar una oferta de rentas asequibles, que, de otro modo, no bajarían de los 1.000-1.200 euros mensuales; y ello sin desdeñar la posibilidad de, para atender la necesidad de vivienda en propiedad, enajenar parte de esas viviendas permaneciendo su calificación como VPP.

B. Desde la iniciativa pública. En la política estructural a largo plazo, debe asumirse con decisión por todas nuestras Administraciones su necesaria condición de «gestores de vivienda a la manera centroeuropea», esto es, no solo desde el apoyo a la promoción sino también desde la gestión de un parque propio (en esto será fundamental el papel de nuestras empresas públicas).

Ha de potenciarse en este sentido la producción de un parque público permanente a coste cero de suelo (público) y beneficio empresarial, y con una financiación pública del 3 – 3,5 %, en el marco de una política general de vivienda que configure a ésta realmente como el Quinto pilar del Estado del Bienestar: la vivienda no es un gasto público a fondo perdido, sino una «inversión social recuperable» mediante los retornos que procura la eficiente gestión del parque.

C. Control periódico por la Administración gestora de las condiciones socioeconómicas exigibles los usuarios de las viviendas asequibles. La dirección ha de ser ésta y en él los poderes públicos han de asumir un papel principal y activo tal y como ha hecho el Gobierno de España con iniciativas como Casa 47.

Es una cuestión urgente, dada la grave situación que sufre nuestra ciudadanía, en especial nuestros jóvenes, y que conforma una realidad que necesita urgente reversión: sin vivienda no puede haber derechos.

Viceconsejero de Planificación Estratégica. Vicepresidencia Primaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

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Fuente de TenemosNoticias.com: www.eleconomista.es

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