Al menos nueve personas han fallecido en prisión en Cuba en lo que va de año

La versión oficial apunta a que se quitó la vida en una celda, donde apareció muerta, pero sin ofrecer detalles del motivo o manera en la que supuestamente se suicidó. Sin embargo, testimonios circulados en las redes sociales indican que una funcionaria del penal estaría involucrada. La joven, a la que le sobreviven dos hijos, presentaba marcas en el cuello y habría sido trasladada rápidamente a Medicina Legal sin presencia de los familiares, a quienes inicialmente no se les permitió ver el cuerpo.

Barona Rivero constituye el noveno fallecimiento de personas privadas de libertad en Cuba en lo que va de 2026, y el número 125 desde enero de 2023, según registros del CDPC.

No obstante, estos constituyen apenas un subregistro de los casos ante un vacío de información y falta de transparencia por parte de las autoridades cubanas. El CDPC ha tenido conocimiento de otros casos similares, pero todavía los está investigando.

«Recordamos que toda persona privada de libertad está bajo la custodia y responsabilidad directa del Estado cubano. Las autoridades tienen la obligación de garantizar su vida y su integridad física», refiere el CDPC.

Investigación independiente

Asimismo, la organización manifiesta que el régimen cubano debe abrir una investigación independiente, imparcial y transparente «que determine responsabilidades administrativas y penales; así como asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios implicados».

Entre las causas más comunes de fallecimientos de reclusos bajo custodia del Estado se cuentan condiciones médicas no atendidas, suicidios o presuntos suicidios, huelgas de hambre, golpizas o accidentes.

En el caso del suicidio, se encuentra entre las diez principales causas de muerte en Cuba. Sin embargo, debido a la falta de información, es imposible determinar el alcance en las prisiones cubanas.

Las muertes -y los suicidios- en las prisiones cubanas exponen las precarias condiciones, los maltratos y las torturas físicas y psicológicas a las que son sometidos los presos. También existen numerosas denuncias de muertes provocadas por golpizas, accidentes o asesinatos premeditados (tanto por otros presos como por los carceleros) que luego las autoridades intentan disfrazar al declarar el suicidio como causa. A ello se suman amenazas a los familiares y negativas de acceso a los cuerpos para impedir las denuncias.