El nuevo frente de Irán se libra en el Congreso de Estados Unidos

El reloj de la guerra tiene este viernes un significado especial. Hoy se agota el plazo de 60 días del que disponen los presidentes de EE.UU. para conseguir la autorización del Congreso para llevar adelante una operación militar. Un hito con posibles repercusiones legales para Trump, pero, ante todo, con riesgos políticos en un momento de creciente impopularidad, tanto de la guerra como de su gestión.

La ley de EE.UU. impone que la competencia para declarar y autorizar guerras la tiene el Congreso de EE.UU., no el presidente. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 establece que el presidente tiene un plazo de 48 horas para informar al Congreso cuando pone en marcha una campaña militar. A partir de ese momento, cuenta con un periodo de 60 días para conseguir que el poder legislativo otorgue su autorización a esa campaña militar.

La guerra de Irán arrancó el 28 de febrero, aquella madrugada en la que Trump anunció la operación conjunta con Israel en un vídeo en el que hablaba de acabar con el programa nuclear de Irán y conseguir un cambio de régimen en el país. Dos días después, el 2 de marzo, hizo la notificación requerida al Congreso. Ahí comenzó el ‘tic tac’ del reloj y el plazo acaba con el comienzo de este viernes.

La ley permite a la Casa Blanca una extensión de ese plazo: podría mantener las operaciones durante otros 30 días, pero siempre dentro de un proceso de finalización de la campaña, para dar tiempo al Ejército de EE.UU. a replegarse de forma segura. Requiere una petición escrita al Congreso y una justificación de estos planes.

Es decir: de una u otra manera, al Congreso le toca actuar sobre la guerra de Irán. Es algo que el poder legislativo, controlado en sus dos cámaras por los republicanos, ha rehusado hacer hasta ahora. Algunos aliados de Trump han mantenido que el momento de hacerlo sería al agotarse el plazo, lo que tiene el potencial de abrir un nuevo frente para el presidente.

La Casa Blanca tiene opciones al respecto. Por un lado, puede mantener que el reloj dejó de correr cuando Trump decretó una tregua con Irán el pasado 8 de abril. Todo ello a pesar de que sí mantiene operaciones militares, como el bloqueo naval a los puertos y costas de Irán, incluido el ataque y abordaje de varios barcos iraníes.

Es la posición que defendió este jueves el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en su primera comparecencia ante el Senado desde el comienzo de la guerra. El senador demócrata Tim Kaine, uno de los más activos en el intento de limitar la capacidad de Trump de emprender esta operación militar, le preguntó si el Gobierno iba a conseguir una autorización del Congreso para la guerra o, al menos, solicitar la extensión de 30 días. «Estamos en un alto el fuego ahora mismo, por lo que entendemos que el reloj de los 60 días está en pausa», respondió el líder del Pentágono. «No creo que la ley establezca eso», respondió Kaine.

Ignorar o cumplir

Trump podría mirar para otro lado en el cumplimiento del plazo. Ya lo hicieron en el pasado algunos antecesores. Barack Obama prosiguió su campaña de bombardeos en Libia en 2011 pasado ese plazo porque dijo que no había tropas en el terreno. Bill Clinton, durante la operación militar en Kosovo de 1999, justificó que tenía la autorización del Congreso porque le habían aprobado fondos.

Lindsay Graham, uno de los legisladores con más peso en asuntos de política exterior, ha recomendado a Trump «ignorar» el plazo. «No estamos en guerra», ha reaccionado esta semana el republicano que preside la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Es una posición que han defendido parte de los republicanos en el Congreso, pese al uso abundante de la palabra ‘guerra’ por parte del propio Trump para referirse a Irán.

El problema es que hay abundantes republicanos que han advertido que no apoyarían la continuación de la guerra sin autorización del Congreso más allá de los 60 días. Y que van a sentir la presión de sus palabras —y de sus votantes— si no se actúa. «60 días debe significar 60 días», era el titular de una tribuna que este senador de Utah publicó este mes en un medio de su estado, ‘Deseret News’.

«El plazo de 60 días es importante para mí, es un gatillo que requiere que el Congreso actúe», ha defendido su compañera de bancada, Susan Collins. «Hay que cumplir con la ley», mantuvo otro senador republicano, Josh Hawley. «Si necesitan la extensión de 30 días, que vengan a nosotros», añadió Lisa Murkowski, también republicana. «Pero tienen que hacerlo con el Congreso».

Elecciones a la vista

El impacto del plazo será, ante todo, político. Todos los diputados de la Cámara Baja y un tercio de los del Senado se juegan su escaño en seis meses. La mayoría de los estadounidenses están en contra de la guerra y sus efectos se notan cada vez más. Esta semana, mientras se discutían las diferentes avenidas legislativas y legales que tiene la Administración Trump para enfrentar el fin del plazo, el barril de petróleo Brent superó los 120 dólares y llegó a su punto más alto de los últimos cuatro años. Las negociaciones con Irán están estancadas y no hay planes claros sobre cómo acabar con el bloqueo del Estrecho de Ormuz, que ha sacudido la economía mundial. Y que ha llevado a la gasolina en EE.UU. hasta los 4,3 dólares por galón (3.5 euros por 3,78 litros) de media, un nivel de precios que cabrea a los votantes cada vez que van al surtidor.

Los demócratas tratarán de sacar el máximo partido a la situación. De momento, planean forzar una votación en el Congreso sobre poderes de guerra, para retratar a los republicanos en el momento en el que se cumple el plazo. Algunos se plantean incluso demandar a la Administración Trump. Una opción de poco recorrido en tribunales, pero que servirá para aumentar el ruido y retratar a un presidente que inició la guerra por su cuenta y que no encuentra la manera de salir de ella.