EE.UU. prepara la imputación de Raúl Castro por un caso de 1996

La posible imputación, que tendría que ser aprobada antes por un gran jurado, se centraría en un episodio que desde hace treinta años marca la memoria del exilio cubano en Florida y la relación rota entre Washington y La Habana.

Raúl Castro tiene 94 años. Dejó formalmente la presidencia de Cuba en 2018 y la jefatura del Partido Comunista en 2021, pero sigue siendo visto en Washington como una figura de desmedido poder dentro del régimen. En febrero de 1996, cuando ocurrió el derribo, Fidel Castro era el jefe del Estado y Raúl dirigía las Fuerzas Armadas. Ese dato es central para el caso que ahora estudia la justicia estadounidense.

El incidente ocurrió el 24 de febrero de 1996. Dos avionetas Cessna operadas por Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos dedicada a localizar balseros en el estrecho de Florida, fueron abatidas por un caza cubano MiG-29. Murieron cuatro personas a bordo de ellas.

Florida había reabierto hace poco la investigación sobre el derribo, en el que murieron Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, había anunciado que reactivaba una investigación estatal cerrada durante la Administración Biden. La reapertura, según adelantó Manuel Trillo en ABC, podía abrir la puerta a una posible imputación de Raúl Castro.

Un informe de la Organización de Estados Americanos ya concluyó en 1999 que los aviones fueron derribados fuera del espacio aéreo cubano y acusó a La Habana de haber violado el derecho internacional al disparar sin aviso y sin demostrar necesidad militar. Cuba siempre defendió que la operación fue legítima y alegó que el grupo había violado su espacio aéreo y pretendía cometer actos de sabotaje y golpismo. Cuba no es parte de la OEA.

Fidel Castro dijo entonces al presentador Dan Rather en una entrevista que los militares cubanos actuaban bajo sus «órdenes generales» para impedir la entrada de aviones en el país. La muerte de Fidel en 2016 cerró cualquier posibilidad de procesarle, pero Raúl Castro era entonces el jefe de las Fuerzas Armadas. Ese es el hilo del que la fiscalía en Washington parece dispuesta a tirar ahora, tres décadas después.

La CIA en La Habana

La Administración Trump ha aumentado la presión sobre Cuba en los últimos meses. Washington ha amenazado con sanciones a países que suministren combustible a la isla, lo que ha agravado los apagones y la crisis económica cubana. Trump ha exigido reformas profundas y ha llegado a plantear una «toma amistosa» del país.

La ofensiva llega después de la caída de Nicolás Maduro en enero, impostado y trasladado a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico. Venezuela había sido durante años el principal sostén energético y financiero de La Habana. Sin ese apoyo, el régimen cubano queda más expuesto a la presión estadounidense.

El director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, se reunió el jueves con funcionarios cubanos y con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como «Raulito». Ratcliffe transmitió un mensaje de Trump de que Estados Unidos está dispuesto a hablar de asuntos económicos y de seguridad, pero solo si Cuba acepta «cambios fundamentales». Washington condiciona cualquier acercamiento a reformas de fondo.

La posible imputación de Raúl Castro no sería el primer caso judicial vinculado al derribo. Gerardo Hernández, integrante de una red de espionaje cubana, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para cometer asesinato por su papel en el seguimiento de Hermanos al Rescate. Recibió cadena perpetua, pero fue enviado a Cuba en 2014 dentro de un intercambio de presos en la era de Barack Obama.

Ahora Washington apunta más arriba. La fiscalía federal del sur de Florida lleva meses revisando posibles cargos contra altos cargos del régimen cubano por delitos económicos, narcotráfico, violencia e inmigración, según CBS. La reapertura del caso de 1996 encaja en esa estrategia: convertir viejas cuentas pendientes del castrismo en causas penales actuales.

La decisión final no está tomada. La imputación debe pasar por un gran jurado y el Departamento de Justicia no ha hecho comentarios públicos al respecto aun. Un gran jurado es un grupo de ciudadanos que decide si hay indicios suficientes para presentar cargos penales contra una persona. Es decir, no decidiría si Raúl Castro es culpable o inocente, solo si el caso puede seguir adelante como acusación formal.

Si el gran jurado aprueba la imputación, Estados Unidos podría emitir una orden de arresto contra Castro. Pero capturarlo sería muy difícil mientras permanezca en Cuba, porque La Habana no lo entregaría. El riesgo real para él sería salir a un país que pudiera detenerlo o ver un escenario idéntico al de Maduro. En la captura del dictador venezolano murieron decenas de soldados cubanos que eran su guardia pretoriana.

Pero esta no sería la única causa contra el líder cubano. Tanto Raúl Castro como Miguel Díaz-Canel están sancionados por Washington y el primero podría ser acusado de complicidad con Maduro, detenido a principios de año por narcoterrorismo. Castro está sancionado por Estados Unidos desde 2019 pero, a diferencia de otras figuras del régimen, también está señalado por impulsar a Nicolás Maduro, actualmente preso en Nueva York.

Sobre las conversaciones entre Washington y La Habana, hace unos meses, este diario ya adelantaba que Estados Unidos no iba a poner sobre la mesa ni amnistías ni perdones presidenciales en las negociaciones sobre el futuro de Cuba. Fuentes diplomáticas confirmaron a ABC, bajo condición de anonimato, que en los contactos en Ciudad de México de agentes estadounidenses con los emisarios del general Alejandro Castro Espín, sobrino de Fidel Castro e hijo de Raúl Castro, solo se ha hablado de temas económicos como el futuro del bloqueo o la venta de petróleo a la isla.