El régimen de Delcy ignoró su Constitución para extraditar a Alex Saab

Es la insólita segunda entrega de Saab a la justicia estadounidense. Pero esta vez no llegó desde un tercer país, como ocurrió tras su detención en Cabo Verde en 2020, sino enviado por el mismo poder venezolano que durante años lo convirtió en símbolo de resistencia frente a Washington. El régimen anunció la medida con una fórmula calculada: «La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional».

El comunicado lo llamó «ciudadano colombiano», aunque Venezuela había presentado ante la Justicia de Estados Unidos al menos dos pasaportes venezolanos de Saab y lo había defendido como diplomático propio. Saab no fue solo un contratista protegido por el chavismo. Llegó a ser ministro de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024, después de regresar a Venezuela tras el indulto de Joe Biden, y solo fue destituido por Delcy Rodríguez ya bajo el nuevo poder en Caracas, tutelado desde la Casa Blanca.

Literalmente, el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: «La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas». El régimen, pues, decidió interpretar que sus dos pasaportes venezolanos no eran válidos, sin explicar más,

El nuevo caso que puede esperar a Saab en Miami no sería el mismo que Biden cerró con el indulto de 2023. Aquel perdón estaba limitado a la imputación de Florida de 2019, contra el propio Saab y su socio Álvaro Pulido, por el contrato de viviendas sociales, las supuestas mordidas a funcionarios venezolanos, las facturas falsas y el blanqueo de unos 350 millones de dólares a través del sistema cambiario de CADIVI. Ese juicio nunca llegó a celebrarse. Saab fue extraditado desde Cabo Verde, estuvo preso en Estados Unidos y la Fiscalía se quedó sin llevar a veredicto y sentencia un caso colosal que le había ocupado largos años.

Lo que quedaba fuera de aquel indulto era otro frente: el petróleo, las sanciones y la posible evasión de sanciones. Ahí aparece como precedente clave la Orden Ejecutiva 13850, el decreto que Trump utilizó en su primer mandato para actuar contra redes petroleras vinculadas al régimen de Maduro y contra quienes operaban en sectores estratégicos de la economía venezolana con apoyo de intermediarios en México. Esa vía no trata ya solo de sobornos para obtener contratos o de facturas falsas, sino de cómo se movieron dinero, petróleo, empresas pantalla, intermediarios y operaciones internacionales para sostener financieramente al chavismo pese a las sanciones de Estados Unidos.

La trama de PDVSA y sanciones

La Fiscalía no parte ahora de cero. Ya había descrito una red de contratos públicos, pagos a funcionarios, documentos fraudulentos y transferencias internacionales con Saab y Pulido en el centro. Después llegó otra línea de investigación sobre los CLAP, las cajas de alimentos importadas a precios muy inflados, en la que Saab aparecía señalado como posible «coconspirador». Ahora, con Saab de vuelta en Miami, podrá ofrecer información sobre PDVSA, el petróleo, las sanciones y la arquitectura financiera que mantuvo en pie el poder de Maduro.

Saab está ahora en el Distrito Sur de Florida, bajo control de la Fiscalía que investigó durante años sus negocios con el chavismo. Formalmente, no forma parte de la gran causa contra Maduro en Nueva York, donde el dictador se enfrenta a cargos de narcotráfico. Pero puede convertirse en un testigo clave para ese proceso. Su caso es otro, con otro expediente y otra jurisdicción, aunque el efecto político y judicial puede cruzarse. Saab conoce los contratos, los pagos, los intermediarios y las rutas del dinero.

En un gráfico del Tesoro norteamericano, fechado en junio de 2020, Saab ya aparece no solo como contratista favorecido por el chavismo, sino como pieza de una red de evasión de sanciones en torno al petróleo venezolano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, lo situó junto al mexicano Joaquín Leal Jiménez en una operación descrita como petróleo por alimentos, a través de empresas pantalla con base en México, entre ellas Libre Abordo y Schlager Business Group. En el centro de la trama figuraba PDVSA, la petrolera estatal venezolana, usada durante años como caja financiera del poder chavista.

El documento es relevante porque conecta a Saab con una arquitectura distinta a la del viejo caso de las viviendas sociales. Lo presentaba ya entonces en 2019 EE.UU. como uno de los individuos previamente sancionados que dirigían el esquema desde dentro de Venezuela, junto a Tareck El Aissami, otro hombre fuerte del chavismo, ya señalado por Estados Unidos bajo la ley de narcotraficantes extranjeros y acusado por su cuenta en Nueva York por violaciones de sanciones.

La red descrita por el Tesoro incluía sociedades en México, Estados Unidos, Reino Unido y Singapur. Libre Abordo y Schlager Business Group aparecían como empresas mexicanas utilizadas en el intercambio de petróleo por alimentos; Alel Technologies y Luzy Technologies, registradas en Delaware y con dirección en Boston, figuraban como entidades controladas por personas sancionadas; y Washington Trading, en Londres, y Cosmo Resources, en Singapur, completaban el mapa internacional de evasión de sanciones. Para la Fiscalía, esa estructura puede ser ahora una puerta de entrada a otra causa: cómo el chavismo movió crudo, dinero y contratos para sobrevivir al cerco financiero de Washington. Ese es el centro del nuevo caso.

El hombre que Biden sacó de prisión antes del juicio vuelve ahora por decisión de Trump a manos de una Fiscalía que conoce su historial, sus empresas, sus viajes, sus socios y sus conexiones con PDVSA, y que hasta puede ofrecerle cooperar en el caso contra Maduro.