Trump encaja un varapalo judicial por el fondo de 1,8 millones para compensar a sus aliados políticos investigados y condenados por la justicia | elperiodico.com
Donald Trump se ha llevado un nuevo varapalo judicial en uno de los últimos proyectos más controvertidos de su Administración. Una jueza federal ha paralizado temporalmente el fondo de casi 1.800 millones de dólares que el Gobierno de Estados Unidos pretendía destinar a sus aliados políticos. En concreto los que, según el presidente, fueron víctimas de «instrumentalización» política de la Justicia durante mandatos demócratas, incluidos los condenados por el asalto al Capitolio, que dejó 5 policías muertos (1 muerte y 4 suicidios) .
La orden de la magistrada de Virginia, Leonie Brinkema, impide al Ejecutivo crear u operar el llamado Fondo contra la Instrumentalización. También bloquea la transferencia de dinero, el estudio de reclamaciones y cualquier desembolso. La jueza sostiene que la medida busca «asegurar que no se desembolsen fondos de manera irreversible» mientras se resuelve la petición de los demandantes.
Bloqueo preventivo
El freno durará, de momento, hasta el 12 de junio, cuando se celebrará una audiencia en la que escuchará a las partes y la jueza decidirá si mantiene la suspensión. Hasta entonces, la Administración Trump no podrá avanzar en la puesta en marcha del fondo ni tramitar las solicitudes que preparaban sectores del trumpismo.
El programa fue anunciado la semana pasada por el Departamento de Justicia y forma parte de un acuerdo por el que Trump retiró una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración de sus declaraciones fiscales. En ese pacto, Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y la Organización Trump recibirían «una disculpa formal», pero no una compensación económica directa.
Un fondo bajo sospecha política
El dinero saldría del Judgment Fund, una bolsa creada por el Congreso para pagar acuerdos y sentencias contra el Gobierno federal sin autorización legislativa caso por caso. La Administración pretendía transferir la cantidad exacta de 1.776 millones de dólares a una cuenta separada desde la que una comisión decidiría quién podía cobrar.
El Departamento de Justicia solo indicó que el fondo estaría destinado a víctimas de la conocida como «lawfare» (guerra jurídica o judicialización de la política) y de persecución por motivos políticos, personales o ideológicos. Esa indefinición ha alimentado la sospecha de que el mecanismo pueda convertirse en una vía de pagos a simpatizantes de Trump investigados, procesados o condenados en causas federales.
Entre los posibles beneficiarios figuran condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Dos agentes que defendieron el edificio aquel día han demandado para bloquear el fondo y lo describen como una «farsa corrupta» y como un «fondo para gastos discrecionales con dinero de los contribuyentes para financiar a los insurrectos y a grupos paramilitares».
Destinado a aliados trumpistas
La demanda examinada por Brinkema fue presentada por personas y entidades que aseguran haber sufrido ataques partidistas de la propia Administración Trump, pero que prevén quedar excluidas del fondo. Entre ellas figuran un exfiscal federal despedido por su trabajo en la investigación del 6 de enero y una profesora de California detenida durante una protesta contra una redada migratoria.
Desde la organización Democracy Forward, que representa a los demandantes, la presidenta, Skye Perryman, calificó la orden como «una victoria para la transparencia, el Estado de derecho y el pueblo estadounidense». «Ninguna administración tiene autoridad para gastar dinero público a través de un programa de recompensas políticas que el Congreso nunca autorizó», afirmó.
Trump defiende lo contrario. Ha presentado el fondo como una vía de reparación para víctimas de «instrumentalización y guerra judicial» bajo gobiernos demócratas, una idea central en su ofensiva contra las investigaciones que han afectado a su entorno político.
Jacob Chansley, conocido como el ‘Chamán de QAnon’, durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 / Europa Press/ Douglas Christian – Archivo
Presión política
La controversia también ha entrado de lleno en el debate político estadounidense. Congresistas demócratas y un número creciente de republicanos intentan imponer límites para impedir que el dinero público beneficie a aliados políticos, donantes o personas condenadas por delitos relacionados con el 6 de enero. Todd Blanche, fiscal general interino, evitó aclarar si quienes agredieron a policías aquel día podrían recibir dinero.
El origen del acuerdo añade presión. Trump, dos de sus hijos y su empresa reclamaban al IRS al menos 10.000 millones de dólares, al considerar que la agencia no hizo lo suficiente para impedir la filtración de su información fiscal. La creación del fondo permitió al presidente retirar esa demanda antes de que una jueza se pronunciara sobre si existía una controversia real o un intento de autobeneficio.
La orden mantiene el dinero en su sitio, impide abrir la ventanilla de solicitudes y deja en suspenso este proyecto polémico del Gobierno de Trump.
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En la sección: El Periódico – internacional
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