Silencio oficial en Yare III: Un mes sin respuestas sobre el motín

El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia el silencio oficial en Yare III tras un mes del violento motín. Familiares exigen respuestas sobre los fallecidos y heridos.

Transcurrieron más de treinta días desde el violento motín en el Internado Judicial Yare III, ubicado en el estado Miranda.

Hasta la fecha, el Ministerio para el Servicio Penitenciario mantiene un absoluto hermetismo sobre las causas que originaron este lamentable acontecimiento. Las autoridades competentes no aclaran los motivos por los cuales varios privados de libertad resultaron con heridas por armas de fuego.

El Ministerio Público anunció el inicio de unas supuestas investigaciones penales, pero la opinión pública nacional todavía aguarda por la publicación de los resultados definitivos.

La ausencia de una versión oficial creíble incrementa la angustia colectiva y alimenta la desconfianza institucional en todo el territorio venezolano. Diversas organizaciones no gubernamentales exigen el esclarecimiento inmediato de los hechos y la identificación clara de los responsables de esta tragedia.

Los ciudadanos demandan transparencia gubernamental ante la constante violación de los derechos fundamentales dentro de los recintos carcelarios del país.

El Observatorio Venezolano de Prisiones recopiló valiosos testimonios directos que explican el origen real del grave conflicto interno en el mencionado penal. Los reclusos del establecimiento soportaron un doloroso período de cinco días continuos sin recibir ningún tipo de alimentación ni suministro de agua potable.

Los internos sobrevivieron compartiendo los pocos insumos que conservaban de los paquetes enviados previamente por sus abnegados familiares en las semanas anteriores.

Esta crítica situación de insalubridad y desatención extrema detonó la furia de la población penal durante el fin de semana del conflicto. Las condiciones de habitabilidad en este centro penitenciario son catalogadas de inhumanas por los expertos en la materia social.

El descontento generalizado se transformó rápidamente en una protesta abierta contra la directiva para exigir tratos dignos y soluciones inmediatas. La falta de respuestas oportunas agravó el escenario y provocó el despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado.

La crisis humanitaria genera un preocupante silencio oficial en Yare III

La indignación de la población penal aumentó considerablemente el domingo diecinueve de abril tras una requisa sorpresiva en los espacios residenciales.

Los custodios del Servicio de Sistema de Máxima Seguridad aprovecharon un momento de oración religiosa para revisar de forma violenta las celdas privadas.

Esta acción provocó que los internos golpearan fuertemente las rejas como medida pacífica de protesta ante el abuso constante de poder. La comunidad de reclusos exigía la presencia inmediata del director general del penal para negociar mejores condiciones de vida y traslados justos.

Los encargados del orden respondieron con una violencia desmedida e ingresaron armados a los módulos de reclusión para someter a los manifestantes.

El Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia respaldó el operativo utilizando perdigones y municiones reales contra los reclusos desarmados. Los testigos del suceso denunciaron el uso presunto de un helicóptero oficial para coordinar el ataque armado desde el aire.

Durante la fuerte arremetida de los cuerpos tácticos, el ciudadano Erkin Josué Ramos Flores recibió varios impactos de bala que causaron su muerte. La Fiscalía General de la República confirmó este deceso mediante un escueto comunicado de prensa que carece de detalles técnicos de interés.

Los privados de libertad utilizaron fragmentos de escombros de las paredes para intentar repeler los brutales ataques de los custodios del orden. La tensa situación de violencia física se prolongó de forma ininterrumpida hasta las primeras horas de la madrugada del día siguiente.

Las autoridades del penal suspendieron de inmediato la jornada correspondiente a las visitas familiares programadas para esa semana de forma arbitraria. Los allegados de los internos protestaron en las inmediaciones del centro debido a la falta de información oficial sobre los heridos.

Los directivos de la prisión ejecutaron traslados masivos de reclusos hacia otros centros carcelarios distantes sin notificación legal previa.

El OVP exige justicia frente al silencio oficial en Yare III

Quince días después de la masacre, decenas de familias desconocían por completo el estado físico y la ubicación real de sus seres queridos. La organización defensora de derechos humanos identificó plenamente a varios funcionarios del Estado que presuntamente dirigieron la violenta represión contra los internos.

Las denuncias apuntan de manera directa hacia Fausto Mata y otros efectivos policiales conocidos internamente bajo diversos apodos en el penal. El Observatorio Venezolano de Prisiones solicita formalmente la destitución e investigación penal del actual ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

Este funcionario incumple su deber constitucional de garantizar la integridad física de las personas que se encuentran bajo la custodia estatal. El ministro ordenó el traslado masivo de seiscientos reclusos con el único propósito de ocultar las pruebas tangibles del ataque armado. Esta medida administrativa representa un severo castigo adicional tanto para los reclusos reubicados como para sus núcleos familiares.

Casos sistemáticos de torturas y tratos crueles en prisiones

La organización humanitaria documentó casos sistemáticos de torturas y tratos crueles en prisiones como INJUBA, Yare II y el Internado Judicial Rodeo I.

El menú alimenticio en estos recintos es deficiente y los reclusos consumen periódicamente comida en avanzado estado de descomposición biológica. Los internos sobreviven con raciones mínimas de carbohidratos mezclados con embutidos de baja calidad y porciones escasas de pescado crudo.

El Observatorio insta al Ministerio Público a presentar avances reales sobre la averiguación de las heridas causadas por armas de fuego.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo debe atender las denuncias públicas relacionadas con la falta de acceso continuo al agua potable. Los presos consumen líquido contaminado almacenado en recipientes plásticos que también emplean para sus labores básicas de aseo personal.

La directiva de la organización elevó los expedientes de este caso ante las principales instancias internacionales de protección de los derechos humanos.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones.