Costa Rica regularizará a miles de solicitantes de refugio de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia en un limbo legal – AlbertoNews

ván Olivares es periodista nicaragüense y, como tal, tuvo que abandonar su país para evitar la cárcel o la tortura por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como otros miles de perseguidos, cruzó la frontera hacia Costa Rica el 23 de julio de 2021 y una semana después ya era solicitante de refugio, esperanzado en un estatus legal que le hiciera sentirse protegido. Sin embargo, el tiempo pasó y casi cinco años después sigue a la espera de una respuesta, al igual que decenas de miles de migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela e incluso de Colombia. Estaba ya acostumbrado a ser “solicitante” y no “refugiado”, más aún por las posiciones restrictivas del Gobierno de Rodrigo Chaves entre 2022 y 2026, pero una puerta sorpresiva se abre ahora para él y miles de extranjeros que llegaron huyendo de sus países al hasta ahora oasis centroamericano.

El País

Después de señales dudosas y de lamentos por la falta de recursos internos para atender la inmigración, el Gobierno ha anunciado esta semana una categoría especial para absorber a esa población a la que ha sido incapaz de dar respuesta de manera oportuna. “Son 10.480 personas aproximadamente”, respondió la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) el mismo lunes sobre la posible población beneficiaria, aunque son 318.000 las personas que esperaban una resolución al inicio de 2026. Solo en 2025 hubo casi 29.000 nuevos solicitantes de refugio nicaragüenses, cubanos, venezolanos y colombianos, según el registro del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en este país de solo 5,2 millones de habitantes.

“Es un reconocimiento por parte del Gobierno de la profunda mora que tiene el sistema de refugio, las dificultades para la pronta y eficaz resolución de los casos, y la irregularidad estructural de miles de personas que están en esa condición porque el sistema no ha logrado responder adecuadamente”, responde Adam Álvarez-Calderón, director del SJM, quien calificó la medida como oportuna y necesaria, aunque también sorprendente.

“Toma por sorpresa porque no se tenía conocimiento de que estuvieran avanzando en una medida de este tipo. El Gobierno, en los cuatro años anteriores, ha dado señales contradictorias: un discurso de ‘puertas abiertas’ y ‘respeto’ de la normativa ante foros internacionales, pero una reducción de recursos a instituciones como Migración y al sistema de protección en general, e incluso mensajes de rechazo a la migración”, añadió Álvarez-Calderón. Se refiere a decretos restrictivos, quejas por la marea migratoria, gestos amistosos con el Gobierno de Nicaragua e incluso una declaración de emergencia nacional en septiembre de 2023.

Ahora, sin embargo, opera un factor determinante: las políticas migratorias restrictivas de Donald Trump en la Casa Blanca. La pregunta es cómo incide esto en las posiciones de cada país de la región, y hasta ahora hay dos hechos claros en Costa Rica. El primero es la recepción de grupos de migrantes de terceros países deportados desde Estados Unidos (“amor con amor se paga”, justificó en 2025 sobre la relación con Washington el entonces presidente Rodrigo Chaves, actual superministro en el Gobierno de su heredera, Laura Fernández). El segundo es justamente el anuncio publicado este lunes por las autoridades costarricenses, basado en una resolución que admite el problema: “un gran porcentaje de la población se encuentra en una situación de irregularidad, incertidumbre y vulnerabilidad”.

Han resultado insuficientes los esfuerzos y el trabajo directo de la cooperación internacional, cuyos fondos se han recortado desde el regreso de Trump al poder. Los volúmenes de peticiones no se detienen, acelerados por el agravamiento de las crisis en Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero también en Colombia, aunque por motivos distintos. En 2024, las peticiones de refugio de colombianos rozaron las 1.200, una cantidad cercana a las de los cubanos. También cientos de venezolanos quedaron varados cuando Estados Unidos cerró las opciones migratorias para quienes viajaban por tierra, pero el grueso sigue siendo de nicaragüenses, que han llegado en masa desde 2018, año del estallido social que desató la represión gubernamental en Managua.

Olivares fue uno de esos perseguidos que vieron un salvavidas en el país vecino por su tradición de acogida y por el discurso de denuncia contra los abusos de Nicaragua que mantenía el entonces presidente Carlos Alvarado. Chaves llegó en 2022 con una posición más cordial frente a Ortega y relativizó los motivos de persecución que alegaban muchos de los solicitantes; aseguraba que una gran parte eran migrantes económicos y no necesariamente víctimas de amenazas del Estado.

Ese mensaje no agradaba a los colectivos de nicaragüenses en Costa Rica, como tampoco gustó la presencia del canciller de Ortega, Valdrack Jaentschke, en la investidura de Laura Fernández el pasado 8 de mayo. La nueva presidenta ha arremetido retóricamente contra los “comunistas”, poniendo como ejemplo la crítica situación de Venezuela y Cuba, pero ha evitado mencionar al régimen de Ortega y Murillo. Tampoco se ha pronunciado el Gobierno por el asesinato del exgeneral Roberto Samcam, opositor nicaragüense tiroteado en 2025 por motivos inciertos que impiden descartar órdenes directas desde Managua, según las autoridades judiciales.

Una medida sorpresiva

Nadie esperaba que ahora, a solo tres semanas del ascenso de Fernández, se emitiera una medida favorable a los miles de disidentes de Nicaragua. Tampoco ha habido una justificación oficial detallada, más allá de la necesidad de reducir el atasco de solicitudes que arrastra la DGME desde hace años. La medida beneficia a quienes hicieron su petición después de junio de 2014 y antes del 7 de mayo de 2026, incluidos aquellos a quienes ya se les había rechazado el estatus. Tendrán, a partir de septiembre, un año de plazo para solicitar la nueva categoría especial, que les otorgaría dos años prorrogables de estadía legal y derecho a trabajar. Aunque en la cola hay más de 300.000 personas, las autoridades esperan un flujo mucho menor. “Es un estimado de las personas que podrían encontrarse interesadas en participar de la categoría”, respondió escuetamente la DGME.

A Iván Olivares, por ejemplo, la opción de una categoría migratoria especial le entusiasma poco. Pasado tanto tiempo, ya no suele pensar en su estatus legal. “En la práctica, no percibo que haga mucha diferencia ser ‘solicitante de refugio’ que ‘refugiado’”, contesta. Volver a Nicaragua sigue siendo una ilusión lejana. Sus planes pasan por mantenerse en Costa Rica y admite que sería bueno resolver su situación con un poco de estabilidad, pero en el fondo ya se había acostumbrado a vivir en el limbo. Acumuló casi cinco años de espera a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demostrar que tenía citaciones de la Fiscalía de Nicaragua por ejercer el periodismo y haber presentado solicitudes de “pronto despacho” para agilizar su expediente. Ya no tenía fe en el estatus regular, pero de repente le llegó esta carta imprevista.

“Estas personas pueden pasar años esperando una resolución de sus solicitudes, lo que afecta su seguridad jurídica en el país y limita ampliamente sus posibilidades de integración económica y social”, comentó el director del Servicio Jesuita, quien tampoco encuentra explicaciones claras al giro del Ejecutivo. Cree, sin embargo, que puede responder a compromisos internacionales o al intento de las autoridades por proyectar hacia el exterior una imagen distinta tras los polémicos acuerdos de deportación con Estados Unidos. Además, señala los puntos flacos del decreto, como el requisito de presentar una constancia de antecedentes penales de su país de origen —un documento que resulta imposible de conseguir para muchos perseguidos políticos— y la imposibilidad de incluir a familiares directos en el beneficio.

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