Tutelaje de EEUU y situación en el Arco Minero: qué dicen políticos y analistas – Efecto Cocuyo
La promulgación de la Ley Orgánica de Minas por parte de la gobernante encargada, Delcy Rodriguez, el 17 de abril de este año, marcó la apertura del sector al capital privado nacional y extranjero, como consecuencia directa de la cooperación energética con Estados Unidos, país que ejerce un tutelaje sobre Miraflores desde el 3 de enero.
Pero la nueva legislación que derogó la decretada por el gobierno de Hugo Chávez, también trajo una gran interrogante: ¿Qué pasaría con el Arco Minero del Orinoco, creado por la gestión de Nicolás Maduro en 2016 y cómo el desastre económico (corrupción), ambiental y social que ha imperado en la zona de más de 111.000 km², durante años, puede dar paso al desarrollo?
La operación que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) llevó a cabo este 9 de junio con helicópteros armados en la zonas de Las Brisas y Las Claritas -ricas en oro y otros minerales- en el municipio Sifontes del estado Bolívar, con el objetivo de enfrentar a líderes de minería ilegal armada, parece indicar que por petición de Washington, ha llegado la hora de poner orden, o al menos intentarlo.
El exdiputado del Parlamento por el estado Bolívar, Américo De Grazia, y el exgobernador de la entidad, Andrés Velásquez, son escépticos en cuanto a que el Estado venezolano pueda retomar el control en lo que se ha constituido como otro “Estado” en el territorio, porque quienes gobiernan, incluida la Fanb, afirmaron, conforman la misma estructura que originó el problema. Esto a pesar de la petición de EEUU de resguardar las inversiones extranjeras.
El politólogo y analista del tema militar, Ricardo Sucre, no considera que la Fanb esté en capacidad de garantizar el control del Arco Minero, pero tampoco espera presencia militar estadounidense en la zona, más allá de una coordinación para que se tomen ciertas medidas en el contexto del tutelaje. De cualquier forma, la soberanía y el papel de la institución castrense, advirtió, quedan nuevamente lesionados.
En 2008, el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la mina de oro más grande del país, Las Cristinas, donde la empresa canadiense, Crystallex operaba desde 2002 bajo concesión del Estado. La empresa minera demandó para obtener una compensación por su salida del país y en 2017 un tribunal de EEUU le dio la razón.
Dicha expulsión, a juicio De Grazia y Velásquez, abrió la puerta a una progresiva ocupación ilegal de la zona minera del país, en una mezcla entre el gobierno, la Fanb, guerrilla colombiana y otros grupos armados irregulares que comenzaron a disputarse el control de las minas y de sus riquezas. El gobierno a cambio de dejarlos operar, recordaron, ha recibido recursos que no pasan por el Fisco Nacional.
“Ha sido una ocupación inducida por Chávez por razones estratégicas, territoriales. Pasó a ser un espacio santuario de grupos irregulares para poder financiarse a través de la minería ilegal y sostenerse entre ellos y a grupos leales al régimen durante estos 27 años. Se han entregado patentes de corso al ELN, disidentes de las Farc y han participado además los grupos Hezbolá y Hamas, además de crimen organizado dirigidos por pranes y otros conocidos como tren”, describió el exdiputado sobre los “beneficiarios” de la economía ilícita minera.
El ex preso político dijo no tener duda de que el operativo de la Fanb en zonas mineras del estado Bolívar, este 9 de junio, es un requerimiento del gobierno de EEUU como resultado de la aprobación de la nueva Ley de Minas y la presencia de inversores en la zona, pero advirtió que no es la solución para la economía del país, la región, la minería legal y el ambiente.
“Eso es más un espectáculo, un show para complacer peticiones que para resolver el problema de forma y de fondo. Estamos ante un hecho terrible que no va a resolver el holocausto ambiental ni los ingresos para el país””, dijo De Grazia.
Apuntó que el tipo de operativo vivido en la zona minera, y que ha ocasionado desplazamientos de familias e indígenas que viven de la actividad, no es nuevo y que ocurre cada vez que hay cambios de mandos militares en la región y, por ende, del control del negocio minero.
“Ahora seguramente van a desplazar a los militares derrotados el 3 de enero por empresas de origen norteamericano que se van a instalar en la zona, pero al final van a tener que llegar a un acuerdo y algunos entendimientos, lamentablemente, con estos grupos irregulares porque no hay ejército capaz de mantener un control regular en cada una de esas zonas donde hay oro, coltán y diamante que son los tres grandes minerales que hasta ahora se están explotando de manera bruta en la zona”, subrayó De Grazia.
Inestabilidad
La ONG SOS Orinoco, que hace un monitoreo del Arco Minero desde 2018, ha señalado a través de sus redes sociales que también hay inspecciones de las autoridades en plantas de procesamiento minero en El Callao y movimientos preventivos en El Dorado, pero niega que haya despliegues terrestres masivos en las zonas afectadas por el operativo.
Reportes locales también indican que el bombardeo sobre puntos estratégicos observados el martes por parte de helicópteros militares Cougar, no ha continuado, pero sí los patrullajes. Algunos habitantes, de acuerdo con Velásquez, describieron como “tensa la situación” en Las Claritas, KM 88, este 10 de junio, con vías trancadas hacia El Dorado y Santa Elena de Uairén, por lo que el transporte no está circulando.
“Esta situación deja al descubierto la inestabilidad de cualquier tipo de negocio que pueda hacer Delcy Rodríguez en esta condición de interina. Hay una sombra de ilegalidad con relación a todo lo que en materia de inversión se pueda estar haciendo en Venezuela, porque para empezar, quien suscribe a nombre del país no tiene legitimidad al no ser un gobierno electo por el pueblo”, sostuvo Velásquez.
El dirigente de La Causa R señaló que estos acuerdos para inversiones solo se dan por reconocimiento de los EEUU, pero no es el interinato el que garantiza seguridad jurídica. Esto, recordó, ya ha sido señalado por trasnacionales petroleras que muestran reservas sobre volver a Venezuela en el actual contexto.
“El gobierno de Maduro creó el Arco Minero sobre la base de la improvisación, sin aprobación de la Asamblea Nacional, ninguna concesión cumplió con los requerimientos desde el punto de vista ambiental. Es un Estado dentro del Estado, donde priva una asociación entre militares, pranes dedicados a la minería, el ELN, allí no se aplica ninguna ley sino las reglas que impone el hamponato minero”, advirtió igualmente.
El exgobernador de Bolívar se pregunta cómo el actual régimen acabará con el “desastre” del Arco Minero si son los promotores de la situación. Las soluciones parten, recalcó, de un cambio en todas las estructuras de gobierno. De lo contrario, solo espera que este tipo de operativos militares se repitan de manera esporádica y para resolver situaciones particulares.
“Despeja el terreno”
Para Ricardo Sucre, el despliegue de la Fanb en el Arco Minero es “consecuencia directa” del interés de EEUU en el sector minero y que el objetivo es “cuantificar” lo que allí existe para dar paso a las trasnacionales que van a operar en la zona. La evaluación por parte de los inversionistas que habría comenzado este 9 de junio, apuntó, y la complejidad del territorio, requería que estuviera lo más “despejado” posible.
“Un operativo militar no será suficiente, se requiere de una estrategia mayor, de personal, equipos de lucha para tener el control. El primer paso era sacar a los que estaban en esa zona en particular y ordenar de alguna manera el negocio. El desalojo permite una cuantificación inicial, cuántos son, quiénes son, es el primer paso pero no es suficiente”, expresó.
Sucre subrayó que EEUU necesita una zona ordenada y correctamente administrada como ocurre con las zonas petroleras, por lo que supone que hay una estrategia mayor detrás del operativo militar.
Como antesala al operativo militar en las minas, circularon en redes sociales fotos creadas con inteligencia artificial que mostraban la supuesta llegada de tropas norteamericanas al Callao. Consultado sobre si cree posible presencia militar estadounidense en la zona ante la falta de capacidad de la Fanb, el analista del tema militar lo descarta.
“La seguridad externa es controlada por EEUU pero el orden interno corre por cuenta de la Fanb. Pudiera EEUU trazar una planimetría de la zona para lograr mayor control, por ejemplo, pero no militares en el terreno”, dijo.
Tampoco vincula la reciente visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Dan Caine a Venezuela, al operativo en el estado Bolívar en específico, por cuanto el general de cuatro estrellas vino a tocar principalmente temas de geopolítica. Sin embargo, no descarta que la operación de la Fanb se haya mencionado en el encuentro con autoridades venezolanas.
De cualquier forma, admitió, la soberanía y el rol de la Fanb quedan nuevamente en entredicho con el nuevo episodio del tutelaje de EEUU.
“No creo que EEUU vaya a poner tropas en ese sector, eso le corresponde desde el punto de vista real y legal a Venezuela. El control debería ser establecido por la Fanb pero para eso tiene que haber una autoridad dispuesta, de verdad al orden. Delcy Rodriguez está relacionada con todo lo que ocurre en el Arco Minero, con la función del control del oro, de alguna manera es promotora de toda la situación. El régimen sabe lo que pasa allí y son promotores”, insistió Velasquez.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
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