Bombas, oro y amnesia: lo que oculta la muerte de «El Niño Guerrero»

Lapatilla

junio 18 2026, 7:15 am

Nada revela mejor la naturaleza de un poder en mutación que lo que está dispuesto a sacrificar para completar su metamorfosis. La muestra más reciente es la “neutralización” de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, mejor conocido como Niño Guerrero, quien murió, aparentemente fulminado por el bombazo de una operación militar conjunta entre Venezuela y Estados Unidos. “Neutralización” es el eufemismo de turno para evitar el uso de términos más dramáticos y precisos como ejecución, eliminación y asesinato. En cuanto a la operación conjunta, que según Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, se llevó a cabo tras una “invitación” de la presidenta interina Delcy Rodríguez, se trató, en realidad, de otro ejemplo de la subordinación del gobierno venezolano al tutelaje de Donald Trump y sus operadores.

Por Boris Muñoz / elpais.com

Nadie llorará al infame criminal, tristemente célebre por ser líder fundador de la megabanda transnacional Tren de Aragua. Eso es cierto y hay que reconocerlo sin ambigüedad. Pero Guerrero fue algo más que el jefe de una organización criminal.

Bajo su égida, la cárcel de Tocorón se convirtió en la sala situacional del crimen de bajos fondos en Venezuela. Sus negocios movían millones de dólares dentro y fuera del país, siempre bajo la mirada cómplice de las autoridades penitenciarias y de instancias mucho más arriba.

Emblema de la complicidad de un sistema de justicia viciado hasta la médula con la criminalidad en sus formas más abyectas –trata humana, narcotráfico, extorsión, extractivismo depredador y sicariato–, Guerrero puede ser visto como una creación propia de la revolución bolivariana: el monstruo que engendró el régimen.

Pero la eliminación de Guerrero no es importante únicamente porque desaparece uno de los criminales más temidos del país, sino porque deja ver hasta qué punto ha cambiado la naturaleza del régimen. Su muerte dice más sobre el régimen que sobre él mismo.

Durante tres décadas, el chavismo se presentó como un proyecto de soberanía nacional y latinoamericana enfrentado a Washington. El antiimperialismo fue uno de sus relatos fundacionales, una vestimenta ideológica que le permitía identificarse con las luchas históricas de la izquierda progresista. Convertido en un harapo inservible, ese relato se desecha sin pudor y nos muestra a un chavismo reducido a lo que, en realidad, siempre fue: el proyecto de un grupo de militares y civiles resentidos que lo que más ambicionaba era conquistar el poder para quedarse para siempre en él.

La pregunta que resulta de esto es qué está dispuesto a entregar hoy ese poder para garantizar su permanencia. La respuesta es mucho: incluye un viejo aliado criminal convertido en estorbo, el relato ideológico que le dio identidad de origen y el acceso privilegiado a los preciados recursos estratégicos de Venezuela.

En abril, el gobierno de los hermanos Rodríguez aprobó una Ley Orgánica de Minas que abre por primera vez la puerta a la inversión privada en el oro, tras dos décadas de reserva estatal. La historia de Guerrero termina conectando así al gobierno chavista con el crimen organizado, las minas de oro del estado Bolívar, el gobierno de Trump y los nuevos intereses económicos que empiezan a gravitar sobre la región. De este modo, el chavismo que nació denunciando la subordinación de Venezuela a Washington da paso al chavismo de los Rodríguez, que ha encontrado en Washington una fuente de legitimación.

Después del monstruo

Sin embargo, la eliminación de Guerrero debería abrir otra discusión: qué tipo de gobierno y de justicia queremos para Venezuela.

Trump y Hegseth justificaron la operación alegando que el Tren de Aragua constituye una amenaza terrorista para Estados Unidos. Hegseth llegó a compararla con Al Qaeda e ISIS, los grupos terroristas que han justificado despliegues estadounidenses en Afganistán e Irak. La comparación no es casual: sirve para construir el marco político y moral que permite actuar militarmente fuera de las fronteras estadounidenses y al margen de las normas que regulan la cooperación entre Estados. Pero la pregunta incómoda permanece. ¿Puede un Estado arrogarse el derecho de eliminar a uno de sus ciudadanos, siguiendo los dictados de otro país y sin que medie juicio alguno?

Como observó hace unos días Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio para la Paz, cuando un Estado decide matar a un criminal en lugar de capturarlo, normaliza la idea de que ciertas personas pueden ser eliminadas sin rendir cuentas ante la justicia. Uzcátegui señala que, además, la desaparición de Guerrero borra la posibilidad de reconstruir las redes de protección que hicieron posible su ascenso. Desaparecen los nombres de quienes lo ampararon, los mecanismos que le permitieron operar durante dos décadas y los vínculos entre el Tren de Aragua y las estructuras de corrupción –estatales, policiales y militares– que permanecen intactas. Se elimina al individuo, pero también se borra el archivo.

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