Diego Solana: Bolivia secuestrada: el cerco como chantaje a la democracia

Pocas ciudades han sido tan rehenes de su propia geografía como La Paz. Sede del Gobierno, se encuentra en una hondonada a la que solo se desciende desde el altiplano, hoy a través de la vecina El Alto. Cortar ese puñado de rutas equivale a estrangularla. De ahí que el cerco haya sido, desde la rebelión indígena de Túpac Katari en 1781, un instrumento político recurrente.

El conflicto nació de una causa concreta y, en su raíz, legítima: el rechazo a la Ley 1720, la llamada Reconversión de Tierras. Indígenas, campesinos y ambientalistas la consideraron inconstitucional y favorable al agronegocio, y marcharon desde la Amazonía hasta La Paz. Tras semanas de presión, el Gobierno cedió y la derogó el 13 de mayo de este año.

Pero la derogación, lejos de apaciguar las calles, las encendió. La consigna saltó de la tierra a la renuncia de un presidente investido apenas siete meses atrás. Desde el Chapare, su bastión cocalero, el expresidente Evo Morales ha reclamado intensificar los bloqueos. Al mismo tiempo, ha exigido la dimisión de Paz y un «gobierno de transición» que convoque elecciones en 90 días «para que no haya muertos», en una fórmula que muchos leyeron menos como advertencia humanitaria que como ultimátum.

El Gobierno lo ha denunciado sin eufemismos: bajo el paraguas de la protesta legítima se desveló una operación de desestabilización dirigida por el evismo, que aspira a continuar con más de dos décadas de populismo autoritario. Asimismo, a lo largo de estas semanas han aparecido multitud de pruebas de que las protestas están siendo financiadas por el narcotráfico, deseoso de continuar haciendo negocios en un país desestabilizado y débil.

El camino que Paz ha emprendido es arduo pero ineludible: desmontar gradualmente las subvenciones, flexibilizar el tipo de cambio y sanear las cuentas sin precipitar una recesión brusca. Frente a ello, la comunidad internacional ha cerrado filas en torno al orden constitucional. EE.UU. ofreció su respaldo «sin reservas»: el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Washington «no permitirá que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente».

La OEA, por boca de su secretario general, Albert Ramdin, respaldó al «gobierno democráticamente elegido» y alertó de que socavar las instituciones solo agravaría la crisis. La UE y las embajadas europeas, incluida la española, reclamaron respeto a «la democracia y el orden constitucional».

La declaración del estado de excepción es un clamor en Bolivia y es la medida constitucional para restaurar la autoridad y el orden mediante el derecho y sus instituciones. Tras semanas de llamadas al diálogo y la negociación sin el resultado esperado, el Gobierno no ha tenido otra opción que recurrir a esta medida indudablemente constitucional. Las críticas de la ciudadanía al retraso en esta medida se explican por la desesperación de una población rehén de los bloqueadores. Sin embargo, los líderes sediciosos anhelan desde el inicio la involucración de las unidades militares y la confrontación violenta con el Estado para presentar un escenario con mártires que alimente la indignación popular y el desgaste de las autoridades. El Gobierno ha evitado caer en esta trampa, a pesar de la erosión a su credibilidad bajo acusaciones de «incapaces» y «tibios».

Lo que está en juego, más allá del abastecimiento de una urbe encajonada entre montañas, es si la voluntad de las urnas pesará más que la violencia de una minoría. Bolivia se asoma a esa prueba con la esperanza de retomar pronto, cohesionada, su camino hacia el mundo; un mundo que, a su vez, desea volver a Bolivia.