Tras el revés de la Corte Suprema, Donald Trump presiona al Congreso para eliminar la ciudadanía por nacimiento

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario republicano pidió a los legisladores que comiencen a trabajar de inmediato sobre el tema y aseguró que respaldará cualquier iniciativa en ese sentido.

«El Congreso debería empezar hoy mismo a trabajar para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una práctica costosa e injusta para nuestro país. ¡Contarán con mi apoyo total y absoluto!», escribió Trump.

La Corte Suprema de EEUU frena el intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

El planteo llega apenas unas horas después de que el máximo tribunal estadounidense rechazara el intento de la Casa Blanca de limitar el acceso automático a la ciudadanía para hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense, al considerar que la iniciativa chocaba con las garantías establecidas en la Constitución.

Trump calificó aquella decisión judicial como «lamentable» y dejó en claro que no abandonará uno de los principales compromisos de su campaña electoral.

El líder republicano sostiene que la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados incentiva la inmigración irregular y representa un costo para el Estado estadounidense. En ese contexto, el mandatario consideró que la vía legislativa podría ser suficiente para modificar el esquema actual, sin necesidad de impulsar una reforma constitucional.

«Podemos solucionarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación, con el apoyo del presidente, algo que ha quedado claro durante este proceso. No hace falta una enmienda constitucional larga y engorrosa», afirmó.

Qué dice la Constitución de Estados Unidos

La ciudadanía por nacimiento está protegida desde 1868 por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aprobada tras la Guerra Civil para garantizar los derechos de los esclavos liberados.

El texto establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del Estado en el que residan», una interpretación que durante más de un siglo fue entendida como aplicable a prácticamente cualquier persona nacida en suelo estadounidense.

La reciente decisión de la Corte Suprema ratificó esa interpretación y frustró, al menos por ahora, uno de los cambios migratorios más ambiciosos impulsados por Trump durante su segundo mandato.