Openchip: el campeón nacional que impulsan Gobierno y Generalitat

Cuando se habla de soberanía tecnológica, el principal punto débil que se le suele achacar al ecosistema europeo es la falta de empresas dedicadas al sector de los semiconductores. Y es que sin chips ni microchips no hay tecnología que valga y mucho menos soberanía, es por eso que Openchip se ha convertido en los últimos años en la principal esperanza del país -y del continente- para reforzar sus capacidades en este sector.

Pese a la juventud de la compañía con sede en Barcelona -que apenas tiene cinco años de vida- esta ya ha tenido tiempo para captar una inversión pública de más de 260 millones de euros entre subvenciones europeas, ayudas del Gobierno de España y créditos de la Generalitat de Cataluña; todo ello sin fabricar un solo chip hasta el momento.

Buena parte de esta entrada de capital ha provenido del Estado a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) o también conocida como la ‘Sepi digital’. A finales de junio la institución realizó de 115,77 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros que le valió para entrar en su accionariado pocos días después de que la Generalitat de Catalunya hiciera lo propio a través de convertir su crédito de 35 millones de euros en acciones.

Anteriormente, Openchip también recibió 111 millones de euros provenientes de la convocatoria de 2023 del PERTE Chip iniciativa que hasta el momento ha ejecutado apenas un 7% de lo presupuestado. Esta ayuda se enmarcaba dentro del proyecto UNICO reservado para los considerados Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (IPCEI por sus siglas en inglés) como el propio Openchip está considerado.

Si bien en su momento la medida no estuvo exenta de polémica puesto que se realizó solo un més más tarde de que la compañía fichara a la pareja del Ministro de Exteriores José Manuel Albares, Therese Jamaa como vicepresidenta de alianzas estratégicas. Si bien la compañía desvinculó la relación personal de su fichaje con la obtención de la ayuda.

Fabricar el futuro sin fábrica

Aunque siendo exactos, la compañía no fabricara nada como tal puesto que no tiene ni tendrá fábricas propias para producir sus semiconductores. La compañía -a la que se le suele atribuir el apodo de ‘la Nvidia catalana’- copia el modelo fabless de esta. Su tarea se basa en el diseño de semiconductores de alto rendimiento (HPC) que se emplean en computadores de altas prestaciones dedicados al desarrollo de inteligencia artificial, entre otros casos de uso. Posteriormente, la materialización de sus piezas se realiza en fundiciones especializadas de terceros, tal como el gigante estadounidense hace con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Por ello, toda la inversión que capta la compañía se emplea en la investigación, desarrollo y comercialización de semiconductores.

La previsión de la empresa es tener un primer prototipo de su modelo de semiconductores este mismo año y empezar a producirlos en 2028. La fecha que coincide con el plazo de ejecución previsto de proyectos como el DARE, regado con fondos europeos y coordinado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC) que lidera el consorcio europeo.

Accionistas de la compañía

Históricamente, la compañía de diseño, desarrollo y producción de semiconductores ha contado con dos actores únicos en su accionariado: la tecnológica catalana GTD, especializada en diseño, integración y funcionamiento de aplicaciones y sistemas complejos que ostentaba el 53,64% de la compañía; y el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) que mantenía el 46,36% de la firma a cierre del pasado ejercicio.

Sin embargo, tras las recientes entradas de la administración pública en la firma, el peso en el capital de la empresa habría cambiado en los últimos meses. La inversión de 115,7 millones de la SETT en el marco de la ronda de financiación que está impulsando Openchip implicó que la empresa pública consiguiera el 16,54% de las acciones de la compañía.

De igual manera, el Govern se aseguró el 5% del capital de la firma tras su última operación, una participación que, si bien es minoritaria, le otorga ciertos privilegios como tener un miembro en el consejo de administración de la empresa catalana.

Preguntada por elEconomista.es la empresa ha rechazado detallar la composición de su accionariado a la espera de que se incorporen nuevos inversores a su capital. Sin embargo, fuentes conocedoras apuntan a este medio que la participación del Barcelona Supercomputing Center habría caído en los últimos meses del 46,36% al 13,77%.

Esto implicaría que, a falta de cerrar la ronda de inversión en la que se encuentra inmersa la empresa y según lo que se ha anunciado públicamente, el sector público acumularía el 30,81% del accionariado, ya que el BSC hay el Ministerio de Ciencia (60%), la Generalitat (30%) y la Universitat Politécnica de Catalunya (10%).