Un régimen superado por la tragedia cifra en 4.000 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

Dieciocho días después del doble terremoto que partió la costa central venezolana, la narrativa del Estado y las proyecciones internacionales corren por vías que no se cruzan. El Ejecutivo, a través de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sostiene una cifra: 4.118 fallecidos confirmados. Un número que solo contabiliza los cuerpos sacados físicamente de los escombros e identificados en la morgue.

Una patóloga del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Caracas, bajo anonimato, declara a ABC que la morgue está procesando «entre 400 y 500 cuerpos al día» y que está desbordada. El propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y vocero designado de la tragedia (un legislador, no un técnico en emergencias), admitió que de las 30.000 personas que se encontraban en Caraballeda y Catia La Mar, 13.500 salieron por sus propios medios y 6.461 fueron rescatadas. No dijo nada sobre las 10.000 restantes.



Provea, la organización de derechos humanos más antigua de Venezuela, fue la primera en señalar la grieta. «Las cifras oficiales del terremoto generan más dudas que certezas», publicó el 29 de junio, cuando el gobierno reportó un aumento diario de apenas 20 muertos. «Necesitamos cero opacidad en la respuesta a esta tragedia nacional.» Dos días después volvió a la carga: «Crecen discordancias entre cifras oficiales y estimaciones.» Ese mismo día denunció «más presencia militar que ayuda en La Guaira» y acusó al gobierno de priorizar el control sobre la asistencia.

La ONU validó las sospechas. Gianluca Rampolla, coordinador residente y humanitario en Venezuela, lo dijo en rueda de prensa: «Hay al menos 2.500 edificios afectados, la mayoría se han derrumbado por completo. Sin duda estamos ante una cifra superior a la que ya se ha comunicado.» Confirmó la compra de 10.000 bolsas para cadáveres, en acuerdo con las autoridades venezolanas. El Comité Internacional de Rescate estimó 50.000 desaparecidos. Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, calificó esa cifra de «aterradoramente verosímil.»

El 3 de julio, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón publicó un informe de 18 páginas titulado «El Estado abdicó su deber de proteger.» La conclusión fue directa: se construyó un Estado «fuerte para coaccionar» e «inoperante para salvar.» El documento denunció que se cobran hasta 1.000 dólares por la entrega de cadáveres identificados, que el 40% de los damnificados permanece a la intemperie y que las instituciones «se han erigido como obstáculos crueles para una población ya vulnerada.» El informe señaló que el Estado posee «la capacidad táctica para disolver una manifestación en minutos, pero carece de la articulación logística para instalar refugios dignos.»

La brecha de financiación humanitaria asciende a 627 millones de dólares, según la ONU. Los 300 millones recibidos hasta ahora no alcanzan frente a daños materiales estimados en 37.000 millones. En la última década, la crisis eléctrica, el colapso hospitalario y la migración de casi ocho millones de personas han vaciado el país de profesionales y capacidades técnicas. El terremoto no creó la catástrofe institucional. La desnudó.

En ese abismo entre los 4.118 cuerpos contados y los 50.000 que nadie busca en los registros del Estado, entre la morgue que procesa cientos de cadáveres diarios y un gobierno que reporta una veintena de muertos más por jornada, se escribe la historia de un país donde los muertos dependen de quién los cuente.