Israel prepara el juicio por el ataque de Hamás que dejó 1.200 muertos en un nuevo tribunal militar lleno de controversias | elperiodico.com
Al norte de Jerusalén, en la ciudad israelí de Atarot, se asientan los cimientos de un complejo de edificios. La nueva construcción promete ser histórica no por su arquitectura, sino por lo que contendrá. Allí, en las futuras múltiples salas que compondrán el recinto, Israel celebrará el juicio por el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Para juzgar a los entre 200 y 400 milicianos capturados aquel día, la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó en mayo una ley que permite la creación de este tribunal militar especializado, encargado del juicio por terrorismo más grande de la historia del país. Los preparativos llevan semanas en marcha, con casi 300.000 euros destinados al proyecto, aunque habrá que esperar hasta principios de 2028 para que dé inicio.
«Más allá de su función de impartir justicia, buscar la verdad y exigir rendición de cuentas por los crímenes cometidos, este tipo de juicios especiales por atrocidades sirven como una forma de sanación nacional tras un trauma«, señala Ya’ara Mordecai, de la Universidad de Yale y exabogada en el Departamento de Derecho Internacional del ministerio de Justicia de Israel. Los hechos del 7 de octubre de 2023 se han mirado desde todas las perspectivas y, para muchos, el trauma seguía bien presente, ya que hasta octubre del año pasado aún había rehenes en la Franja de Gaza. Tras su liberación, el pueblo israelí puede pasar página y el siguiente folio habla de justicia.
Los retos son enormes. Esta nueva corte se propone procesar a cientos de acusados por delitos cometidos en decenas de lugares con miles de víctimas. Pretende hacerlo a partir de un enorme conjunto de pruebas, con un grupo de testigos descomunal, y de materiales clasificados y otros de carácter tan público que eran retransmitidos por los propios atacantes mientras llevaban a cabo las masacres. Las medidas de seguridad deben contemplar múltiples aspectos y el marco legal cuenta con pocos paralelos a nivel nacional. Algunos expertos legales lo comparan con el juicio contra el funcionario nazi Adolf Eichmann en Jerusalén que en 1961 lo condenó a morir en la horca por crímenes contra la Humanidad.
Sin defensa legal
Pero Eichmann era una sola persona. «Aquí estamos hablando de juicios masivos, con la idea de que estos procedimientos se desarrollen de una escena del crimen a otra», señala Mordecai a EL PERIÓDICO. «Las salas de audiencias israelíes actuales no están preparadas para albergar a tantos acusados al mismo tiempo, por lo que se están invirtiendo miles de millones de dólares en la construcción de grandes salas que también permitan la videoconferencia, la presencia de traductores e intérpretes», apunta. El medio israelí The Jerusalem Post asegura que el complejo proyectado en Atarot incluirá nueve salas de audiencias y tendrá capacidad para albergar hasta 15 tribunales. Esta ciudad se encuentra cerca del cruce de Qalandia para facilitar la labor de los abogados defensores y la logística del transporte de prisioneros.
Otro de los grandes interrogantes es precisamente quién va a defender a estos acusados. «La Defensoría Pública israelí ha decidido no brindarles defensa legal; sin embargo, para garantizar un juicio justo y el debido proceso, estas personas deben contar con abogados defensores», apunta Mordecai, que indica que probablemente serán palestinos o palestinos con ciudadanía israelí quienes asuman la tarea. También hay dudas sobre el proceso de nombramiento de los jueces, que depende de las autoridades militares. «El texto de la ley aprobada es bastante detallado, pero aún existen muchas incógnitas, ya que hay ciertas disposiciones que no sabemos con certeza cómo se aplicarán en la práctica», subraya Mordecai, a la vez que alerta del uso de la flexibilidad característico de las cortes militares, porque «aún no sabemos con qué frecuencia se utilizará, de qué manera y qué garantías procesales se establecerán».
Retransmisión del proceso judicial
Uno de los aspectos más comentados ha sido la voluntad de retransmitir los juicios en directo. La práctica judicial habitual suele prohibir las cámaras en las salas de los tribunales, pero la ley aprobada en mayo exige la filmación y la transmisión pública de los momentos clave de los juicios en un sitio web específico. Aunque defiende la importancia de la transparencia en el proceso judicial, Mordecai advierte de que «el problema con la transmisión en el contexto en el que se llevarán a cabo estos procesos radica en su alta propensión al mal uso y al abuso debido a su politización, a quién los dirige y a su carga política«. «Existe el temor de que los juicios se conviertan en un espectáculo, un juicio farsa, o un ritual de venganza para el pueblo israelí, y esos no son el tipo de procesos que desearíamos ver», señala.
La mayor dificultad radica en convertir la enorme cantidad de material de la que se dispone en pruebas y evidencia que se pueda usar en este juicio. «La acusación lleva tres años clasificando las diferentes pruebas y analizándolas, porque quieren que estos juicios se centren en la responsabilidad individual«, apunta Mordecai, a través de fuentes propias en las altas esferas judiciales. La fiscalía israelí cuenta con 17 terabytes de material grabado solo para este macrojuicio. Israel detuvo entre 200 y 400 sospechosos el 7 de octubre de 2023, aunque ninguno de ellos ha sido acusado hasta la fecha. Uno de los más graves problemas de los que advierten grupos de derechos humanos y expertos legales es que los sospechosos fueron interrogados por autoridades con un historial de tortura y malos tratos.
Pena de muerte
Aunque, desde aquel día, los abusos contra los detenidos palestinos en cárceles israelíes se han convertido en sistemáticos sin precedentes, los sospechosos de perpetrar las masacres del 7 de octubre sufren condiciones aún peores. Estos presos están retenidos en el centro de detención subterráneo Rakefet, que fue clausurado previamente tras ser declarado inhabitable, y no se les permite ver la luz del sol. Antes de la aprobación de la ley de enjuiciamiento, los expertos alertaron del riesgo de que estos sospechosos se enfrenten a juicios espectáculos y que la legislación se convierta en un arma política diseñada para privar a los detenidos de protecciones legales fundamentales, ya que permite amplias exenciones en los procedimientos legales habituales. La posibilidad de que se les aplique la pena de muerte es cada vez más real.
«Mi temor es que se imponga la pena de muerte a un número cada vez mayor de acusados, ya que es un castigo problemático en sí mismo, y, además, en términos de legitimidad y apariencia de justicia en estos procesos, sería una pésima idea que el Estado de Israel la impusiera», señala Mordecai. Para el gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu, este juicio es otra oportunidad para apartar el foco que apunta sobre ellos como el gabinete responsable durante ese ataque. «Son las mismas instituciones que nos fallaron las que ahora exigen rendición de cuentas y tratan de restablecer el estado de derecho, y, en cierto modo, también de restablecer el contrato social entre el Estado y sus ciudadanos», dice Mordecai, que critica que el caso haya pasado de la fiscalía civil a la militar. Expertos legales, como Adalah, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, denuncian que la corte militar no es imparcial ni está debidamente constituida, y no garantiza la independencia del poder judicial, además de estar subordinada al gobierno.
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En la sección: El Periódico – internacional
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