El Gobierno lanza una nueva subasta de 820 MW renovables en los territorios insulares

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha dado un nuevo paso para acelerar la transición energética y reforzar la seguridad de suministro de los territorios insulares. El departamento que dirige Sara Aagesen ha activado dos frentes regulatorios de calado: por un lado, la tramitación de un segundo concurso de potencia firme por 820,5 megavatios (MW) para cubrir las necesidades previstas hasta 2031; y, por otro, la apertura de información pública de una reforma normativa que regula por primera vez el almacenamiento eléctrico en los territorios no peninsulares y modifica la señal retributiva de la generación renovable.
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, defendió esta ofensiva regulatoria durante una visita a Canarias, en la que visitó proyectos de almacenamiento híbridos de Naturgy en Gran Canaria y donde mantuvo una reunión con el grupo de trabajo del sector energético insular y con el Gobierno autonómico. «Seguimos profundizando en la transición ecológica más allá de la España peninsular, potenciando la integración de renovables, aumentando su seguridad de suministro y ayudando a reducir la dependencia energética exterior, siempre atendiendo a sus propias necesidades y particularidades, y siempre colaborando con las autoridades y los actores locales», declaró Groizard.
La medida más inmediata es el lanzamiento del segundo concurso de potencia firme, que llega tras la adjudicación de más de 1.450 MW en la primera convocatoria resuelta en febrero. Tras aquel proceso, del que la propia Red Eléctrica (REE) advirtió que no sería suficiente para garantizar el suministro en toda la franja horaria, el ministerio pidió al operador del sistema una actualización de las necesidades de cobertura a cinco años vista. Así, el análisis de REE concluye que todos los territorios no peninsulares requerirán potencia adicional en 2031, en buena medida por el crecimiento económico esperado.
En consecuencia, el desglose de necesidades sitúa a Gran Canaria a la cabeza, con 320 MW, seguida de Tenerife-La Gomera, con 230,5 MW. Baleares necesitará 80 MW; Lanzarote-Fuerteventura, 95 MW; La Palma, 52 MW; El Hierro, 10 MW; Ceuta, 1 MW; y Melilla, 32 MW.
Como en la primera convocatoria, podrán concurrir nuevos grupos de generación gestionable, nuevas inversiones sobre grupos existentes y extensiones de vida útil regulatoria de instalaciones ya operativas.
La selección de proyectos se hará con criterios técnico-económicos, en función del ahorro de costes totales, pero incorporando también variables como las emisiones de carbono, que no podrán superar los 550 gramos de CO2 por kilovatio hora, la capacidad de autoenergización o la ubicación de las instalaciones. En el caso concreto de Canarias, el ministerio quiere favorecer la renovación del parque térmico, penalizando a los grupos que superen los 40 años de antigüedad en 2031 y exigiendo que las nuevas instalaciones puedan utilizar al menos un 5% de combustible renovable si existe disponibilidad.
Despacho de electricidad
En paralelo, el Miteco ha sacado a audiencia un proyecto de real decreto que modifica la manera en la que se despacha la electricidad en los territorios no peninsulares. El cambio más relevante es la creación de un marco jurídico para el almacenamiento eléctrico, tanto en instalaciones hibridadas con plantas de generación como en baterías independientes. La reforma persigue permitir su participación en los despachos de generación de energía eléctrica de estos territorios para dar flexibilidad a estos sistemas, facilitar una mayor integración renovable y desplazar generación fósil.
El nuevo diseño introduce además, por primera vez, la publicación del precio medio marginal de la generación en los sistemas eléctricos canarios. Esa señal de precio permitirá a los almacenamientos competir directamente con las centrales convencionales. En el caso de las baterías independientes, el despacho lo determinará el operador del sistema con ese incentivo económico, mientras que en las hibridadas con solar o eólica se utilizará el llamado factor de hueco térmico, pensado para favorecer la descarga de energía almacenada cuando el sistema necesita más respaldo fósil.
La otra gran novedad afecta a la retribución de las renovables. El real decreto propone abandonar el precio diario del mercado peninsular y sustituirlo por el precio medio del mercado eléctrico peninsular del último año móvil. Con ello, el Gobierno busca aportar más previsibilidad de ingresos, incentivar nuevas inversiones y evitar que las plantas dejen de producir cuando el precio peninsular es nulo o negativo, pese a que en los sistemas insulares sí estarían desplazando generación fósil y reduciendo el coste total del sistema.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eleconomista.es
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