El pueblo que se salvó a sí mismo: la sociedad civil de Venezuela desborda al Estado tras el terremoto

Dayana Suárez tiene las manos cansadas por el hormigón. Lleva 20 días en la urbanización OPP 33 de La Guaira, una torre de la Gran Misión Vivienda Venezuela que se vino abajo la madrugada del 24 de junio. Debajo quedan cientos de personas. Ella trabajó codo con codo con el equipo de rescate mexicano durante una semana, hasta que se fueron. Los perros rastreadores marcaron señales de vida. Nadie más vino después.

Ese día llegó el mayor general Rubén Darío Belzares Escobar, comandante general del Ejército Bolivariano. Llegó escoltado por un inspector, una comisión de comunicaciones y guardaespaldas. Bajó al hueco sólo cuando los rescatistas salvadoreños se le acercaron. Vino a la foto. «No grabe, pare la grabación», nos ordena uno de sus escoltas. Los uniformados se colocan de espaldas para tapar las cámaras. No paramos.

Dayana lo encara. «Llevamos dos semanas pidiendo una grúa telescópica para recuperar dos muertos. Ayer enviaron una. No sirve. ¿Para qué la envían?». Belzares Escobar responde: «Estoy trabajando». Ella lo mira con desprecio y le devuelve sus propias palabras: «Estoy trabajando». El general no termina ninguna frase. Sube a la camioneta blindada.

Venezuela mantiene 2.000 generales para 130.000 efectivos. Un general por cada 75 soldados. España, con un ejército profesional integrado en la OTAN, tiene 227. Colombia, con 240.000 soldados, 55. Estados Unidos, con 1,3 millones, menos de 400.

La escena de la OPP 33 no fue la única. En las Residencias Hugo Chávez, otro complejo devastado, dos días después una mujer se encaró con Nicolás Maduro Guerra y el diputado Jorge Arreaza durante un recorrido oficial. «¡Ustedes tienen que ir presos!», les gritó. Otra, entre lágrimas: «Perdí una hija». La prensa internacional difundió el vídeo. El patrón se repite: cada vez que el poder aparece entre las ruinas, los damnificados se enfrentan a él.

Delcy Rodríguez decretó la emergencia el mismo día del seísmo. Pero la Fuerza Armada no llegó a La Guaira hasta el tercer día. Y llegaron, según la propia gente, «desprovistos de herramientas y cargando fusiles». La ONG venezolana Provea documentó sobre el terreno lo mismo: militares con armas largas en medio de labores de rescate, colectivos armados controlando el acceso a hospitales.

Geraldine Coromoto Rivero tiene a su hijo de dos años y al padre del niño debajo de los escombros de esa misma torre. Lleva más de dos semanas plantada ahí. «Si ellos hubiesen actuado antes de las 72 horas, ahí se salva una cantidad de gente increíble», dice. No ha visto al gobernador, ni a la vicepresidenta, ni a Diosdado Cabello. «A ninguno le he visto la cara». El único funcionario que visitó fue el alcalde, dos veces.

Coromoto no es opositora. «Yo era muy chavista, rodilla en tierra. Pero con esto me desilusioné total. Este Gobierno entró con desgracia y se va con desgracia». Lo que la quiebra es la orden de demoler. «Ahí no hay perros, ahí hay seres humanos. Yo quiero que me lo entreguen, sea vivo o muerto, pero yo necesito el cuerpo de mi hijo».

Los familiares coinciden: la prisa por demoler no obedece a protocolos de seguridad. «El Gobierno no quiere que se siga mostrando la tragedia», nos dicen. Quieren borrar la evidencia.

Su denuncia sobre la respuesta estatal es brutal: «No tenemos rescatistas, no tenemos herramientas. Solo Policía con pistolas, pero no estamos en una guerra civil, estamos en una tragedia. Necesitamos la ayuda de echar pico y pala, no venir a grabar y hacer TikTok».

Mucha de la maquinaria pesada que llegó en los primeros días era privada. Los familiares la pagaron de su bolsillo. Las retroexcavadoras que movieron toneladas de hormigón no las envió el Estado: las costearon vecinos que juntaron lo poco que tenían. Mientras tanto, soldados con uniformes limpios vigilan los perímetros. Miran. No trabajan. Nadie entiende qué hace un fusil donde se necesita una pala.

Cientos de topos voluntarios siguen metiéndose en huecos donde los organismos oficiales se niegan a entrar. Más de 30.000 voluntarios se registraron para trabajar en las zonas afectadas. 43 equipos médicos de 22 países operan en el terreno. En el cementerio La Esperanza de Catia la Mar, voluntarios enterraron 314 cuerpos que el sistema funerario no pudo procesar.

Augusto Rafael Segovia es uno de esos topos. Exbombero trujillano, emigró a Bogotá hace diez años por la crisis. Vio las noticias, sintió culpa, recogió dinero, cruzó por Cúcuta pagando su pasaje. Hoy escarba en la urbanización OPP 26 buscando a los hijos de otra madre. «Sería algo muy satisfactorio», afirma. «Como que fue a lo que vinimos». Nunca había trabajado en un desastre real.

La sociedad civil sobrepasó al Gobierno en logística, en velocidad, en humanidad. Es algo pocas veces visto: un país que ha sufrido sanciones, crisis económica, política y humanitaria durante años, todavía tiene la voluntad y la resiliencia para aportar. No ha habido noche ni día donde alguien no se acerque con una arepa, agua, hielo, dulces…

El pueblo se alimenta a sí mismo. Venezuela es, según el índice Inform, el segundo país más vulnerable de América Latina, solo detrás de Haití. Su capacidad de respuesta estatal se deterioró de 5,5 en 2015 a 7,0 en 2026.

El padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, lo compara con 1999. «Ese año, cuando ocurrió la desgracia de Vargas, allí sí percibimos que el sector militar se movilizó muy rápidamente junto con la sociedad venezolana. Uno sentía que la Fuerza Armada estaba mucho más cerca de las necesidades de la población. En este momento, esa no ha sido la sensación». Para el sacerdote jesuita lo que colapsó no fueron solo los edificios: «Lo que está en juego son los cimientos de nuestra sociedad y de nuestro Estado. La institucionalidad, como si hablaras de las columnas del edificio, es un tema fundamental».

Según la ONU, la respuesta humanitaria ha recibido más de 300 millones de dólares (263 millones de euros), pero la brecha de financiación asciende a 627 millones de dólares (550 millones de euros). EE.UU. aportó 300 millones de dólares (263 millones de euros), Canadá cinco millones de dólares (4,4 millones de euros), la FIFA un millón de dólares (870.000 euros). Venezuela anunció un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares (175 millones de euros).

Las cifras oficiales al 12 de julio registran 4.490 muertos, 16.740 heridos, 6.464 rescatados, 190 edificios colapsados y 856 afectados, 17.907 personas sin vivienda y más de 30.000 sin localizar. El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) estima un mínimo de 10.000 víctimas fatales. Los costos del desastre superan los 37.000 millones de dólares (32.000 millones de euros), el 43% del PIB venezolano.

Dayana Suárez sigue esperando la grúa. Coromoto Rivero sigue pidiendo el cuerpo de su hijo. Augusto Segovia sigue cavando. El terremoto partió la tierra, pero la fractura que dejó al descubierto es anterior al seísmo. Tres semanas después, el Estado quiere demoler lo que queda. Los venezolanos quieren respuestas. Nadie se las da.