La Casa Blanca alerta de la infiltración del castrismo en el Partido Demócrata de EE.UU.

Según un nuevo informe, esa influencia no pertenece únicamente al pasado. Washington sostiene que todavía puede percibirse a través de organizaciones como Demócratas Socialistas de América, formación a la que pertenece el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y de colectivos como Code Pink, que desde hace años organiza en Washington protestas y campañas favorables a los regímenes de Cuba y Venezuela.

El Departamento de Estado afirma en el documento que estas organizaciones forman parte de una red más amplia que organiza delegaciones, conferencias y campañas en contacto con instituciones del Estado cubano. Su función, según el documento, sería actuar como puente entre La Habana y determinados sectores de la izquierda estadounidense, trasladando sus mensajes al debate político, las universidades, los sindicatos, las organizaciones jurídicas y las movilizaciones sociales.

El informe, titulado «Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI», sitúa el origen de esta estrategia en la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. La tesis de Washington es que el nuevo régimen comprendió desde el principio que no podía derrotar militarmente a Estados Unidos y eligió una confrontación prolongada y menos visible, basada en la propaganda, el espionaje, la infiltración y la explotación de las divisiones internas de la sociedad norteamericana.

No se trataría, según el Departamento de Estado, de una sucesión de operaciones aisladas, sino de una política de Estado mantenida durante generaciones. El documento acusa a Cuba de reclutar y cultivar activistas estadounidenses, apoyar movimientos revolucionarios y conseguir penetraciones en organismos tan sensibles como el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Pentágono.

Sin embargo, el informe considera que el mayor éxito cubano no se ha producido en el terreno militar, sino en el ideológico. La Habana habría levantado durante décadas una red de intelectuales, organizaciones políticas, colectivos sociales y entidades sin ánimo de lucro capaces de defender posiciones favorables al régimen cubano dentro de EE.UU. sin presentarse necesariamente como instrumentos de un gobierno extranjero.

El funcionamiento de esa estructura resulta sencillo, a tenor de lo que el informe recoge. Cuba ofrece viajes, encuentros políticos, actividades culturales y programas de intercambio. Los participantes establecen relaciones con funcionarios y organizaciones de la isla y, a su regreso, algunos pasan a promover campañas contra el embargo, contra las sanciones o a favor de una normalización política con La Habana. El informe advierte de que no todos esos participantes tienen por qué ser agentes cubanos. Lo que describe es un sistema destinado a crear simpatías, relaciones personales y aliados duraderos.

La pieza central de esta red sería el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, un organismo estatal encargado de coordinar asociaciones de solidaridad, visitas extranjeras y contactos internacionales. El documento lo presenta como una institución bajo la influencia de los servicios cubanos, capaz de utilizar el llamado turismo político y los intercambios culturales para acercarse a dirigentes, sindicalistas, profesores, estudiantes y activistas.

La clave está en que muchas de estas actividades se presentan públicamente como iniciativas de amistad o solidaridad. Según Washington, esas etiquetas permiten a Cuba operar con mayor facilidad en sociedades abiertas, donde una embajada o un servicio de inteligencia encontrarían más dificultades para intervenir directamente.

En junio, la Administración estadounidense sancionó al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y a Amistur Cuba, la agencia que organiza buena parte de estos viajes políticos. El Gobierno de EE.UU. considera que ambas entidades apoyan actividades de inteligencia y contrainteligencia del régimen.

ONG como fachada

En territorio estadounidense, una de las organizaciones destacadas por el informe es la Red Nacional sobre Cuba. Se trata de una coalición que reúne a más de sesenta grupos, entre ellos Demócratas Socialistas de América, Code Pink, el Partido Comunista de EE.UU. y el Gremio Nacional de Abogados.

Según el documento, esta red organiza cada año delegaciones a Cuba y conferencias en las que activistas norteamericanos se reúnen con funcionarios cubanos. El objetivo sería coordinar campañas, ampliar la influencia de La Habana y construir una base de apoyo que pueda activarse cuando aumente la presión política o militar sobre el régimen.

El informe sostiene que esa capacidad de movilización ya está organizada. En junio, la Red Nacional sobre Cuba distribuyó el denominado Plan Nacional de Respuesta Rápida, concebido para poner en marcha acciones coordinadas en todo Estados Unidos en menos de 24 horas si Washington atacaba Cuba o amenazaba con hacerlo.

El plan incluía protestas ante edificios federales, bases militares, centros de detención y oficinas del Servicio de Inmigración. También proponía vincular la defensa de Cuba con otras causas de la izquierda estadounidense, como las campañas contra las deportaciones y a favor de los inmigrantes. De ese modo, una cuestión de política exterior podía integrarse en movilizaciones ya existentes y alcanzar a públicos más amplios.

Otra vía de influencia señalada por el Departamento de Estado son los acuerdos de ciudades hermanas entre municipios estadounidenses y cubanos. El informe afirma que miembros de los servicios de inteligencia de La Habana participaron en seis de los ocho primeros programas de este tipo.

Estas relaciones municipales permiten el contacto con ayuntamientos, universidades, iglesias, hospitales, empresarios y delegaciones comerciales. El documento asegura que la red favorable a Cuba ha impulsado, al menos, 117 resoluciones en legislaturas estatales, consejos municipales, sindicatos, consejos escolares y otras instituciones. La mayoría pedían el levantamiento del embargo o la retirada de Cuba de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo.

El informe también concede importancia al Gremio Nacional de Abogados, una organización jurídica de izquierdas que mantiene relaciones con Cuba desde los primeros años de la revolución. Sus miembros han participado en delegaciones a la isla y han creado estructuras dedicadas específicamente a la causa cubana.

Según el Departamento de Estado, esta conexión ha permitido prestar asistencia jurídica a viajeros, activistas y organizaciones implicadas en las campañas de solidaridad. El valor de esta red no estaría únicamente en organizar protestas, sino también en proporcionar apoyo legal, administrativo y financiero a los colectivos que las promueven.

Una red de espionaje

La acusación más grave es que esta infraestructura civil habría coexistido con una red tradicional de espionaje. El informe recuerda los casos de Manuel Rocha y Ana Belén Montes, dos funcionarios estadounidenses que trabajaron durante décadas para los servicios cubanos.

Rocha fue reclutado en 1973 y continuó colaborando con La Habana hasta su detención en 2023. A lo largo de su carrera ocupó cargos diplomáticos importantes y llegó a ser embajador de Estados Unidos en Bolivia.

Ana Belén Montes alcanzó una posición aún más sensible. Se convirtió en la principal analista sobre Cuba de la Agencia de Inteligencia de Defensa, con acceso a información reservada del Pentágono y del Consejo de Seguridad Nacional. Durante años entregó secretos a La Habana sin despertar sospechas entre sus compañeros.

Para el Departamento de Estado, los dos métodos forman parte de una misma estrategia. Por un lado, agentes secretos infiltrados dentro del Gobierno. Y por el otro, redes abiertas de influencia dentro de la sociedad civil. Los primeros obtienen información y condicionan decisiones desde dentro. Las segundas moldean el debate público, organizan campañas y ejercen presión sobre las instituciones.

El informe extiende este modelo a Venezuela. Según el texto, Hugo Chávez permitió a Cuba abandonar la antigua estrategia de exportar guerrillas y adoptar un sistema más sofisticado: penetrar las instituciones de un país aliado desde el interior.

Personal cubano entró en los ministerios, programas sociales, fuerzas armadas y servicios de inteligencia venezolanos. A cambio, Caracas proporcionó petróleo, dinero y peso diplomático. La colaboración dio a La Habana recursos que por sí sola no podía obtener y permitió al régimen venezolano utilizar la experiencia cubana en vigilancia, control político y represión.

Venezuela se convirtió así, según el documento, en una segunda capital revolucionaria: más rica y con mayores recursos que Cuba, pero sometida a una fuerte influencia de sus asesores y servicios de inteligencia. De ese modo, decenas de cubanos murieron defendiendo a Nicolás Maduro cuando fue extraído de Caracas el pasado 3 de enero.