El Decreto 0572 de 2025, emitido por el Ministerio de Hacienda el pasado 28 de mayo, ha encendido una polémica jurídica y política. La norma autoriza el adelanto del cobro de la retención en la fuente correspondiente al año 2026, como estrategia para aliviar los problemas de liquidez de la administración pública. Sin embargo, el decreto ya enfrenta una demanda de nulidad que podría poner en entredicho su legalidad.
La acción legal fue presentada ante el Consejo de Estado por el coronel retirado Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. En su demanda, Soler solicita la suspensión provisional del decreto, alegando que vulnera el principio constitucional de legalidad tributaria.
Según el demandante, el decreto altera elementos esenciales del tributo como la base gravable, las tarifas y los sujetos pasivos, sin la debida autorización del Congreso. Soler cita el artículo 338 de la Constitución Política, que establece que en tiempos de paz solo el Congreso, las asambleas y los concejos pueden imponer tributos y definir sus componentes esenciales.
“El artículo 338 señala que solo la ley puede establecer directamente los hechos generadores, los sujetos pasivos, las bases gravables y las tarifas. Este decreto viola ese mandato”, afirmó Soler.
El decreto busca recaudar cerca de $14 billones, pero podría generar un impacto significativo en las finanzas empresariales, según advertencias de gremios económicos y analistas tributarios.
Reacciones en el Congreso
El rechazo a la medida también ha llegado desde el Legislativo. El senador de Cambio Radical, David Luna, anunció en sus redes sociales que presentará una demanda ante el Consejo de Estado, calificando el decreto como “confiscatorio”.
María Fernanda Cabal, congresista del Centro Democrático, expresó que el decreto constituye una “expropiación” a los empresarios, y también prepara una acción judicial para tumbarlo. “No podemos permitir que el Gobierno cubra el hueco fiscal sacrificando al sector productivo del país”, afirmó.
El representante a la Cámara Oscar Villamizar también anunció una demanda, señalando que la medida obliga a los empresarios a pagar en un mes una retención que equivale al doble o triple de lo habitual, transformándola de hecho en un anticipo del impuesto de renta.
Próximos pasos
El Consejo de Estado deberá evaluar si la demanda cumple con los requisitos formales para ser admitida. Si procede, los magistrados iniciarán un análisis detallado sobre la constitucionalidad del decreto, lo que podría llevar a su suspensión o anulación definitiva.
Este proceso se perfila como clave para definir los límites legales del Gobierno en materia tributaria y la validez de las medidas adoptadas para enfrentar el déficit fiscal de más de 12 billones de pesos.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.diariodelsur.com.co
Publicado el: 2025-05-30 00:10:00
En la sección: Diario del Sur