La explosiva política comercial del presidente de EEUU, Donald Trump, está llevando a muchos países europeos a preparar escudos antiaranceles para hacer frente a los gravámenes del 20% (y esta semana rebajados al 10% durante 90 días) anunciados por el republicano para los bienes importados de la Unión Europea (UE).
En España, Pedro Sánchez anunció el pasado 3 de abril su intención de movilizar 14.100 millones de euros para proteger a empresas y puestos de trabajo del embate arancelario. Estas son las medidas que están barajando otros gobiernos del Viejo Continente:
Alemania, que se sepa, no tiene articulado ningún cortafuegos frente a las «agresivas políticas arancelarias» de Trump, como lo definía hace unos días Klaus Weyerstrass, del Instituto de Estudios Avanzados de Viena. A los estragos de los aranceles anunciados desde la Casa Blanca se une la «imprevisibilidad» del presidente, que imposibilita reacciones rápidas y precisas a inversores, industria y estamento político. Por lo pronto, los cinco principales institutos alemanes, más el austriaco, han corregido a la baja las previsiones sobre el PIB germano de 2025. Tras dos años en recesión, en el mejor de los casos el presente ejercicio se cerrará en tablas o con un crecimiento mínimo del 0,1%, según sus pronósticos actualizados.
Mientras el mundo empresarial y los expertos reclaman «acciones concretas» para activar a la primera economía europea, tanto su canciller en funciones, el socialdemócrata Olaf Scholz, como el previsible sucesor, el conservador Friedrich Merz, optan por las «respuestas consensuadas» a escala europea.
Hubo esta semana pasada una reunión de urgencia en Cancillería entre Scholz, Merz y el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Lars Klingbeil, que según medios alemanes será el ministro de Finanzas y vicecanciller en la nueva coalición de gobierno alemana. Pero de la reunión no trascendieron informaciones sobre hipotéticos cortafuegos nacionales. Se produjo coincidiendo con los primeros desplomes bursátiles ante lo que parecía una inminente sangría de aranceles. Un par de días después, Merz, Klingbeil y el líder de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), Markus Söder, anunciaban ‘fumata bianca’ en el pacto de coalición que llevará al líder conservador a la Cancillería. Hay cierta prisa por acelerar la transición, que de todos modos no se consumará hasta el 6 o 7 de mayo, con la prevista elección de Merz por el Parlamento (Bundestag).
La pausa de 90 días de Trump favorece ese calendario. Que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya respondido con su propia moratoria, también. Von der Leyen, además de compatriota, es miembro de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido que lidera Merz. La comunicación entre ambos es «fluida y permanente», según fuentes del partido. El puntal para el intercambio fluido de información con Bruselas por parte socialdemócrata es el presidente de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, omnipresente en los medios alemanes cuando se trata de hablar de aranceles. «No nos quedaremos impávidos mirando desde la barrera», asegura Lange, remitiéndose a la batería de medidas y contramedidas que se reserva Von der Leyen, incluido el llamado ‘Anti-Coercion Instrument’. Es el instrumento que, llegado el caso, permitiría a Europa responder a una «agresión económica» procedente de un tercer país, recuerda Lange.
Mientras el calendario del relevo en el poder y las pausas de Trump lo permitan, Merz puede seguir sosteniendo que no habrá respuestas unilaterales, sino consenso europeo. Alemania se ha abonado esta vez sin reservas al europeísmo. Al fin y al cabo, los socios de la UE son el primer mercado de sus exportaciones. Estados Unidos va en segundo lugar. Los aranceles de Trump, de ejecutarse, acarrearán una caída del 15% en las exportaciones germanas, según evaluaciones del ministro en funciones de Finanzas, Jörg Kukies. Este político socialdemócrata ascendió a titular del ministerio tras abandonar la coalición de Scholz el Partido Liberal de Christian Lindner, el pasado noviembre. Ascendió así Kukies a ministro por unos meses. Antes de ese puesto había sido secretario de Estado y el asesor al que Scholz ha confiado los preparativos de cualquier cumbre de la UE, el G7 o el G20. Es la pieza clave, en caso de que se precise un cortafuegos propio.
Emmanuel Macron vuelve a tomar aire tras el reciente anuncio de Trump de suspender los aranceles a productos europeos durante 90 días. «Es una señal y una puerta abierta a la negociación, pero esta pausa sigue siendo frágil», afirmó el presidente francés en un comunicado lanzado el pasado viernes.
A la agonía que ya arrastraba la UE tras los primeros anuncios del mandatario estadounidense, se suman ahora 90 días más de incertidumbre. Para Macron, esta extensión pesará en «los negocios europeos en ambos lados del Atlántico».
Desde el inicio de la guerra comercial, el Gobierno de París ha adoptado una postura cautelosa a la hora de anunciar medidas de choque. «Francia responderá a través de la Unión Europea», afirmó el Ejecutivo. Aún así, Macron ya ha dado un primer paso, instando a las empresas francesas con «inversiones futuras o anunciadas en las últimas semanas» a suspenderlas como una forma de presionar a la economía estadounidense.
El Gobierno no ha dejado de reunirse con distintos sectores afectados para evaluar el impacto de estas nuevas medidas, que podrían perjudicar «en mayor o menor medida a 28.000 empresas francesas«. Unos encuentros que culminarán el próximo 13 de mayo con la celebración de un «Consejo Estratégico» presidido por Macron, del que se esperan importantes conclusiones sobre esta guerra comercial.
Francia es uno de los países europeos que más factura con las exportaciones a Estados Unidos, cerca de 47.000 millones de euros, que representan un 1,5% del PIB. Si la Unión Europea no logra alcanzar un acuerdo con Trump, sectores clave como la aviación, el vino o la cosmética se verán gravemente afectados, con consecuencias tanto en la producción como en el empleo.
«Europa debe seguir trabajando en todas las contramedidas necesarias y movilizar todas las herramientas disponibles para protegerse, también para evitar que los flujos procedentes de terceros países perturben nuestro mercado. Francia está preparada. Europa también debe serlo», insistió el jefe de Estado este viernes.
Pese a que públicamente se ha mostrado convencida de que la mejor estrategia ante la guerra comercial impulsada por Trump es la de calmar los ánimos con EEUU, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, también ha hablado ya de la posibilidad de poner en marcha una especie de escudo antiaranceles —básicamente ayudas a las empresas— para evitar que Italia sufra una catástrofe económica.
En concreto, según ha filtrado la prensa italiana, el Gobierno estaría estudiando la entrega de unos 25.000 millones de euros en ayudas a las industrias transalpinas —procedentes de los fondos pospandémicos y de cohesión europeos— con el objetivo de esquivar un daño mayor para su economía, la más expuesta de la UE a las medidas de Trump (las exportaciones de Italia al país son las más altas, según diversos informes).
Ni Meloni ni su Gobierno lo han comunicado aún oficialmente, pero la mandataria sí se ha reunido esta semana con la principal organización industrial del país, Confindustria, así como con representantes de diversos sectores afectados. Y allí la líder «ha propuesto a los sectores productivos un pacto para hacer frente común […], así como mesas de trabajo para identificar las medidas útiles», ha explicado la presidencia del Gobierno italiano en una genérica nota escrita.
Con ello, la postura de Meloni ha suscitado incendiarias críticas por parte de la oposición. «Meloni llegó sin estar preparada para la catástrofe arancelaria, anunciada hace meses y que golpeará nuestra economía como un tsunami», se ha quejado Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas y exprimer ministro italiano.
Elly Schlein, jefa del Partido Democrático —la principal fuerza progresista del país— también se ha pronunciado en términos similares. «Es increíble cómo el Gobierno se ha quedado quieto, sin hacer nada. Sabíamos desde hace meses que esto llegaría. Pero Meloni usó hasta ayer el condicional para no ofender a su amigo Donald», ha denunciado la líder progresista.
El Gobierno británico ha evitado por ahora implementar medidas de peso para proteger a las empresas de los aranceles del 10% (y del 25% en automóviles, acero y aluminio) impuestos por Trump. El primer ministro, Keir Starmer, amagó a finales de la semana pasada con intervenir la economía para aliviar la presión sobre la industria británica, pero las decisiones tomadas hasta ahora han quedado lejos de las de otros países de su entorno.
Lo más destacado ha sido el anuncio de aplazar la transición hacia los vehículos eléctricos hasta 2035 –cinco años más de lo previsto– para dar mayor flexibilidad al sector automovilístico, uno de los más afectados por los aranceles. La venta de coches híbridos estará permitida hasta esa fecha y los motores de combustión serán admitidos más allá de 2030 para las marcas de lujo, entre ellas Aston Martin o McLaren, cuyos vehículos el Gobierno calificó de «joyas icónicas» de la industria británica.
En cuanto al sector del acero, el Parlamento aprobó de urgencia este sábado una ley para tomar el control de la siderúrgica British Steel, propiedad del grupo chino Jingye, algo que permitirá mantener la producción de la única fábrica de acero virgen que sigue en activo en el país y garantizar el suministro de un material estratégico. Los dueños de la empresa aseguran que «ya no es sostenible a nivel financiero», una situación que empeorará previsiblemente tras los aranceles de Trump. La nueva ley da poderes al Gobierno para ordenar la compra de materias primas y para pagar las nóminas de sus más de 2.700 trabajadores, mientras la opción de nacionalizar la compañía sigue encima de la mesa.
La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, ha descartado aumentar la deuda pública para proteger a las empresas y ha insistido en la voluntad del Gobierno de ceñirse a unas estrictas reglas fiscales. La principal prioridad en este momento es cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos que permita eliminar, o al menos reducir, los aranceles impuestos por Trump, especialmente los que afectan a la industria siderúrgica y automovilística.
Starmer ha evitado por ahora anunciar medidas de represalia a los gravámenes de Estados Unidos y ha apostado por mantener «la cabeza fría», aunque ha insistido en que todas las opciones están «encima de la mesa». El Ministerio de Comercio ha abierto un proceso de consulta con el sector empresarial para estudiar qué productos estadounidenses podrían ser objeto de sanciones, mientras sigue trabajando, en paralelo, en posibles acuerdos comerciales con terceros países, incluida la India y la Unión Europea.
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Fuente de TenemosNoticias.com: www.elperiodico.com
Publicado el: 2025-04-13 12:00:00
En la sección: El Periódico – internacional