Ventanas tapiadas

Los ojos del mundo no pueden dejar de mirar la crisis humanitaria que afecta a Venezuela. Al gobierno venezolano, sin embargo, le molesta que se ocupen de ella, que la observen, que den testimonio. Solo así se explica la incomodidad y el tono oficial altisonante para referirse a la visita de la canciller de España a Colombia, donde se palpa el drama de la emigración venezolana. ¿Por qué esa reacción? ¿Molesta mucho que el mundo lo vea? ¿Se teme la presencia del “testigo que ayuda” del que habla la psiquiatra Alice Miller o, al contrario, se busca a toda costa el silencio?

Para acercarse al drama venezolano sobran las encuestas y los estudios económicos. La de Encovi, por ejemplo, muestra la dimensión del cuadro. Solo algunos datos: 5 millones de venezolanos fuera de su país, crecimiento de la pobreza con un índice de 79%, reducción de la esperanza de vida, reducción de la población joven e incremento de la de mayor edad, tema sobre el cual no se han prendido las alarmas con tanta fuerza como debería esperarse.

La crisis económica, política y social ha provocado en Venezuela un salto generacional en su demografía. Cuando el país tuvo la oportunidad de hacerlo no se crearon las condiciones para aprovechar el bono demográfico con el que contábamos hasta el año 2040. Al expulsar del país a la población joven hemos desperdiciado los 20 años más valiosos de nuestro desarrollo demográfico. Hemos sido testigos de cómo se ha producido el vaciado de la clase media profesional, precisamente la que será más necesaria a la hora de la recuperación. Venezuela se ha saltado una generación, la de los más de 3 millones de jóvenes de entre 15 y 45 años que han abandonado el país en busca de mejores oportunidades y la de los que se han quedado dentro, pero sin oportunidades de acceso a educación de calidad y a empleo formal.

En su artículo “Vida y muerte en un país de excepción” el historiador y profesor universitario Tomás Straka se refería en 2017 a lo que llamó “el drama de los baby boomer venezolanos”, es decir, los nacidos entre 1940 y 1960 y que hoy tienen entre 60 y 80 años. Son los que han vivido un “ensayo de modernidad tan vertiginoso en sus subidas como en sus caídas”. Apunta Straka: “De ser una excepción latinoamericana por su democracia y su capitalismo, Venezuela es otra vez una excepción: ser la peor economía del mundo, con una crisis económica y social que sorprende a todos. Pocos venezolanos fueron tan felices en su juventud y pocos han tenido una vejez tan triste. Antes de ellos, nunca los hubo con tantas oportunidades de estudio, con sueldos tan altos, con una alimentación igual de sana, servicios médicos de similar calidad, una estabilidad institucional tan larga ni tanto respeto por sus libertades. Después de ellos, tampoco los ha habido”.

El problema del envejecimiento de la población tiene ya para nosotros rasgos alarmantes. No se trata ya solamente de la reducción del porcentaje de la población capaz de aportar trabajo, producción e impuestos, sino de la condición misma de nuestra población mayor, de sus derechos, de su dignidad, de la responsabilidad de la sociedad frente a ellos y de las exigencias culturales, presupuestarias y de todo orden que su condición conlleva. Dado el crecimiento de la longevidad, los países con más desarrollo han debido revisar sus políticas y generar planes que aseguren la posibilidad de garantizar una ancianidad digna a sus ciudadanos. No ha sucedido así entre nosotros, donde los planes se han reducido a dádivas, a declaraciones de ocasión o a manipulación.

El carácter asistencialista de los planes debería dar paso a políticas sistemáticas de atención capaces de dar respuesta a las demandas sociales presentes y futuras. Se trata de considerar las consecuencias sociales y culturales del envejecimiento y de contemplar la dinámica poblacional como base de cualquier planificación. No serán suficiente las buenas intenciones. Menos aun la demagogia de las promesas. Hará falta planes realistas de jubilación, salud, seguridad social, oportunidades. Pensar en ellos supone asegurar su sostenibilidad financiera y operativa, además de su capacidad de adecuación a las nuevas exigencias de un mundo en permanente y cada vez más acelerado cambio. No se trata, pues, de cerrar los ojos ni de tapiar ventanas.

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