El gobierno peruano ha endurecido su cruzada contra la violencia tras el asesinato del cantante Paul Flores, El Ruso, voz del popular grupo de cumbia Armonía 10. Tras una reunión urgente el domingo en el Palacio de Gobierno, se decretó estado de emergencia en Lima, durante 30 días, con el consiguiente despliegue de tropas militares en apoyo de la Policía Nacional.
La conmoción obligó a reaccionar a la propia presidenta, Dina Boluarte, al frente de un gobierno debilitado y en crisis permanente, en el que se asoma la caída del poderoso ministro de Interior, Juan Santiváñez. «A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte porque ningún sicario, ningún extorsionador, podrá manchar de sangre (a las familias peruanas). No vamos a permitir un muerto más de un peruano que honestamente trabaja», amenazó la primera mandataria hoy lunes durante la inauguración del año escolar y frente a un auditorio lleno de niños y jóvenes.
La pena de muerte sólo es aplicable en Perú para casos de traición a la patria, tal y como determina la Constitución vigente desde hace casi medio siglo. El país forma parte del Tratado de San José de Costa Rica, lo que le impide poner en marcha esta medida.
Dos balazos alcanzaron en la madrugada del domingo a Flores en el interior del autobús de la banda, que le llevaba de un concierto a otro en la capital Lima. Varios sicarios dispararon contra el vehículo, pero el resto de integrantes de la banda se lanzó al suelo de inmediato, mientras el vocalista de Armonía 10, un grupo muy seguido por los jóvenes de barriadas populares, dormía. Las primeras investigaciones relacionan el ataque con bandas de extorsionadores, que no sólo reclaman dinero en comercios y empresas, también contra grupos musicales.
En lo que va de año se han registrado en Perú al menos 444 homicidios, en lo que se considera la peor ola de violencia de los últimos tiempos. La inseguridad, que abruma a los peruanos, ha resquebrajado aún más la debilidad de una presidenta muy impopular, que resiste al frente del país gracias a varios pactos antinatura, desde el fujimorismo hasta la izquierda radical.
Precisamente la fujimorista Fuerza Popular ha exigido en las últimas horas la dimisión del ministro Santiváñez, mientras la sociedad contempla la ineficacia de gobernantes y parlamentarios, a quienes acusan del fracaso en la política de seguridad. Sólo en los últimos días el empresario Alberto Goycochea fue asesinado a tiros en Lima por negarse a pagar una extorsión de 300.000 soles (75.000 euros).
«Estamos en un punto de quiebre. La muerte del cantante de Armonía 10, muy querido por mucha gente, ha dolido mucho. Este crimen ha recordado los escenarios del terrorismo (Sendero Luminoso). El anuncio de Boluarte sobre la pena de muerte es una medida efectista para contrarrestar la inseguridad, que cree que le sirve de salvadavidas porque su propia popularidad está en caída y el asunto se le va de las manos», explicó a EL MUNDO la analista política Maite Vizcarra, quien da por segura la salida del ministro Santiváñez, superviviente de varias mociones de censura a quien parece haberle llegado su hora.
«Estoy absolutamente convencido de que saldré con la frente en alto», aseguró de forma lapidaria en las últimas horas el ministro de Interior.
Boluarte ha resistido contra viento y marea sentada sobre el Sillón de Pizarro desde la caída de Pedro Castillo, su antecesor y compañero de fórmula presidencial en la candidatura del partido marxista Perú Libre. Precisamente la semana pasada comenzó el juicio contra el expresidente, quien encabezó un fracasado autogolpe de Estado en diciembre de 2022 y quien todavía cuenta con el apoyo de varios mandatarios de la marea rosa americana.
Está previsto que en abril Boluarte anuncie comicios presidenciales y parlamentarios para el mismo mes del año que viene.
La semana pasada el Congreso peruano se sumó a otros países de la región para declarar al temido Tren de Aragua, que ha mantenido lazos con el chavismo, como organización terrorista. Desde hace años, esta mafia transnacional nacida en Venezuela ha extendido sus tentáculos en el país andino, donde no sólo actúa en la venta de drogas, también en la trata de personas, la extorsión y la prostitución.
En el último operativo conjunto con EEUU, la policía peruana detuvo a 23 soldados del Tren de Aragua y liberó a 84 víctimas de trata de personas.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.elmundo.es
Publicado el: 2025-03-17 18:50:00
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