Pero AFI no se detuvo allí. Siempre que en los últimos años en Guatemala se ha debatido sobre derechos de las mujeres, infancia, juventud o diversidad sexual, AFI ha estado presente. Y, con frecuencia, sus puntos de vista han prevalecido.
La elite y la obra de Dios
El análisis de democraciaAbierta y Guatemala Leaks del registro y acta de constitución de AFI muestra que seis de sus 10 fundadores trabajaron en colegios o universidades asociadas al Opus Dei, la prelatura católica fundada en 1928 por el español Josemaría Escrivá de Balaguer. La organización, cuyo nombre en latín significa obra de Dios, ha sido catalogada como una de las más controvertidas y poderosas de la Iglesia católica.
El grupo obtuvo en 1982 del papa Juan Pablo II el estatus de prelatura personal, una estructura que carece de límite territorial, es presidida por un prelado e integrada por clérigos y laicos para llevar a cabo actividades pastorales específicas.
Hoy, el Opus tiene unos 95 000 integrantes en más de 60 países. Sus miembros adhieren a una versión extrema de la doctrina católica, que incluye la castidad, la mortificación corporal y el rechazo de la planificación familiar. Creen que el aborto es un asesinato y que el matrimonio es un designio divino.
En los últimos años, el Opus Dei ha estado bajo creciente escrutinio. Se lo acusa de ser un “semillero” internacional de la derecha y el neoliberalismo económico, y dos libros recién publicados lo describen como una secta cuyos fines son amasar poder económico y político con miras a imponer su agenda ultraconservadora.
La prelatura contesta que se trata de acusaciones “falsas”, “mentiras descaradas” y “teorías conspirativas”.
En 2021, 42 mujeres denunciaron ante el Vaticano que la rama del Opus Dei en Argentina las había reclutado siendo adolescentes y niñas pobres como mano de obra no remunerada para servir a integrantes adinerados de la orden.
Las mujeres afirmaron que fueron obligadas a separarse de sus familias y a hacer votos de castidad, pobreza y obediencia.
Este año, una investigación del Financial Times expuso acusaciones similares sobre ramas del Opus en Estados Unidos y Europa.
En septiembre, fiscales de Argentina abrieron una investigación penal contra varios exlíderes del grupo por los delitos de explotación laboral y trata. En respuesta al proceso judicial, el Opus sostuvo en un comunicado que “niega categóricamente la acusación de trata de persona y considera necesaria la investigación judicial para esclarecer definitivamente la situación”.
En Guatemala, cuatro de los fundadores de AFI están conectados con la Universidad del Istmo (Unis), una institución privada que cuenta con la “guía espiritual” del Opus Dei. Las estructuras del Opus Dei son propiedad de asociaciones sin fines de lucro o culturales, dirigidas por miembros de la prelatura en su calidad de personas particulares.
De esta forma, el Opus como tal carece de propiedad y de responsabilidad legal sobre ellas, y su implicación se limita a ofrecerles orientación espiritual.
Esos cuatro miembros son Humberto Grazioso, exdecano de Derecho de la Unis y exmagistrado de la Corte Suprema, Mayra Figueroa de Poggio, jefa de estudios de la misma facultad, Mirna Cardona de González, decana de Educación de la Unis, y Elvira Estradé, que ha impartido cursos en la Unis y está casada con Carlos Alberto Prera, rector del Centro Universitario Ciudad Vieja, laprincipal residencia para estudiantes del Opus en Guatemala.
Otros dos fundadores de AFI tienen relación con la Asociación para el Desarrollo Educativo (Apde), una red de colegios creada “con la inspiración, impulso y aliento de san Josemaría” Escrivá, el fundador del Opus.
Ellos son Carlos Melgar, director ejecutivo de APDE, y la asesora de matrimonios Manola Escaler de Pieters, activista de Alive, organización que promueve el matrimonio fundada por varias directoras de colegios Apde.
El resto de fundadores de AFI no están vinculados al Opus Dei, pero proceden de un entorno religioso similar y tienen una relación más directa con el mundo político y empresarial.
Alexandra Sol, presidenta de AFI entre 2013 y 2019, tiene una larga trayectoria como activista antiaborto y está casada con Alfredo Skinner Klee, uno de los socios del conocido – y ya desaparecido – bufete de abogados Arenales & Skinner Klee, del que han salido durante décadas diplomáticos, políticos y presidentes de bancos.
Otro fundador de AFI es César Brañas Castillo, presidente de la Asociación Vida y Dignidad Humana (Asovid), capítulo guatemalteco de Human Life International (HLI), organización católica y antiabortista estadounidense que cuenta con grupos afiliados en varios países del mundo, y que ha sido acusada de suministrar desinformación sobre salud y aborto.
El Opus Dei contestó por escrito el pedido de entrevista de democraciaAbierta y Guatemala Leaks: «La prelatura no tiene una relación institucional con la Asociación La Familia Importa (AFI). Un principio esencial de nuestra institución es el respeto a la libertad de sus miembros en cuestiones profesionales, políticas, sociales y económicas”.
Así, dice el mensaje del Opus Dei, “cualquier participación de los fieles de la prelatura en organizaciones profesionales, sociales, gremiales, o incluso en un comité de vecinos, es realizada siempre a título personal, con plena autonomía para adoptar las posturas que consideren más oportunas en los temas contingentes, tal como cualquier ciudadano en una sociedad libre y democrática».
Y agrega: “El Opus Dei tiene exclusivamente fines espirituales: ayudar a encontrar a Cristo en el trabajo, la vida familiar y el resto de actividades ordinarias. En temas profesionales, sociales, políticos o económicos, sus miembros actúan con libertad y responsabilidad personal».
AFI, en cambio, rechazó nuestro pedido de entrevista. Su directora de comunicación, Dulce Aguilar, contestó que no deseaban ofrecer declaraciones. Pero la organización divulgó un comunicado en sus redes sociales en el que afirma: “Tenemos conocimiento que se está elaborando un ‘reportaje’ […] que está siendo financiado por el sitio web activista openDemocracy”.
La declaración agrega: “Esta plataforma es costeada por donantes individuales y organizaciones, como Open Foundation [sic] de George Soros, que promueve el feminismo e ideología de género (el aborto, la hormonización en menores, la promoción de anticonceptivos en niños, entre otros).
Ante esto, queremos manifestar nuestro rechazo categórico hacia cualquier información que se publique en dicho material, ya que consideramos que su propósito es distorsionar la verdad, generar escándalo y desprestigiarnos como Asociación la Familia Importa (AFI), líder de la causa provida y profamilia en Guatemala y la región, así como a sus miembros, fundadores y equipo”.
Cooptar las instituciones
En algo más de 10 años de actividad, AFI ha generado una red de más de 40 organizaciones aliadas, y es parte de un fenómeno regional, dice la socióloga Ana Lucía Ramazzini, que ha estudiado el movimiento antiaborto y anti-Lgbtiq de Guatemala.
En décadas pasadas, estos grupos se caracterizaban por un discurso religioso y una organización puntual y reactiva. Pero esto cambió en la última década, y ahora buscan ser más permanentes y tener una agenda de largo plazo, según Ramazzini. “No es una embestida, no es una reacción, sino que ya hay una búsqueda de institucionalización de su agenda”, dijo la académica.
El equipo legal de AFI cabildea en el Congreso a favor o en contra de leyes, participa en discusiones y se relaciona con políticos de diferentes ideologías y religiones. Moviliza a los conservadores y a diferentes confesiones religiosas para que se opongan a cualquier iniciativa que consideren abre las puertas al derecho al aborto, la eutanasia o la EIS.
Pero sus iniciativas «no son acordes a la realidad nacional ni tienen una perspectiva de derechos», dijo la médica Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), que monitorea la atención a niñas víctimas de violencia sexual y trabaja en la prevención del embarazo adolescente.
Por ejemplo, en las últimas dos elecciones presidenciales, AFI reclamó que los candidatos presidenciales se comprometieran a no reconocer el derecho al aborto ni al matrimonio igualitario, a que el país siguiera adherido al Consenso de Ginebra – un documento antiabortista lanzado por el primer gobierno de Donald Trump – y a colocar a personas afines a esta agenda en puestos clave de la administración.
Semilla, el partido del actual presidente progresista Bernardo Arévalo que ganó las elecciones en 2023, fue uno de los pocos que se negaron a firmar el compromiso de AFI.
El anterior mandatario Alejandro Giammattei, del partido conservador Vamos, sí se adhirió al documento en las elecciones de 2019. Durante su mandato, una de las fundadoras de AFI, la abogada Sandy Recinos, dirigió la Secretaría contra la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata de Personas.
Hace años que el Congreso no aprueba una legislación que avance en la regulación de derechos reproductivos o Lgbtiq, según la exdiputada de izquierda Sandra Morán, autora del proyecto de ley de 2017 contra la violencia sexual que hubiera habilitado el derecho al aborto para las víctimas. Esos temas “están bloqueados”, porque la mayoría de los escaños están ocupados por conservadores, resumió Morán.
Fuente de TenemosNoticias.com: ipsnoticias.net
Publicado el: 2024-11-28 05:45:00
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