Gobiernos centroamericanos presionan en la COP16 por un nuevo fondo para la biodiversidad : IPS Agencia de Noticias

Los tres países del Triángulo Norte han mantenido desde años atrás proyectos activos financiados con fondos GEF.

En el caso de El Salvador, mantiene un portafolio activo de 3,1 millones de dólares de la octava ronda de fondos, llamada GEF-8, liberados desde 2022 y que serán ejecutables hasta 2026. La mayor parte de este dinero está destinado al área de biodiversidad, con 1,3 millones de dólares y el resto repartido en combatir la degradación de los suelos y el cambio climático, ambos con un presupuesto cercano a los 900 mil dólares.

Guatemala, en cambio, ha recibido 11,2 millones de dólares del GEF-8; mientras que Honduras 15,9 millones de dólares. Para estos dos países, los fondos recibidos equivalen a prácticamente la tercera parte del presupuesto nacional dedicado a sus carteras ambientales, según datos de sus proyectos de presupuesto para el año 2024.

Uno de los proyectos clave de El Salvador que ha sido receptor de estos fondos es el área trinacional Trifinio, compartida con Honduras y Guatemala, y constituye uno de los pocos bosques nebulosos de ese país, hogar de especies endémicas como la salamandra de Montecristo.

El Trifinio ha sido desde décadas atrás un área prioritaria para El Salvador y su administración es trinacional, luego de un tratado firmado a finales de los años noventa que involucró a la Secretaría de Integración Centroamericana (Sica).

Además de los fondos GEF, el área natural –que también tiene la clasificación de Reserva de la Biósfera–, subsiste con fondos de otras agencias de cooperación, como la alemana, la ítalo-americana, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otras.

Y es que los recursos dedicados por cada país del Triángulo Norte son escasos, en comparación con las necesidades.

Una revisión de los proyectos de presupuesto de sus carteras medioambientales, de los últimos años, reseña que ninguno de estos ha tenido grandes variaciones.

En el caso de El Salvador, este tenía asignados 19,2 millones de dólares para el año 2023; uno de las disponibilidades más bajas en ese país.

En Honduras, para el mismo año,  tuvo un presupuesto asignado de 40, 3 millones.

Sin embargo, este país quintuplica la extensión territorial de El Salvador, ya que posee 112 000 kilómetros cuadrados de área. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala, por su parte, tuvo aprobados 34,8 millones de dólares para 2023; y con una extensión territorial similar a la de Honduras: 108 mil kilómetros cuadrados.

Estas cifras no coinciden con las publicadas por el portal de datos públicos relacionados al medio ambiente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no especifica si los montos incluyen las cifras de cooperación internacional recibida por los países, pero que en algunos casos pone bastante por encima de los presupuestos los dineros asignados a conservación de la biodiversidad.

Según estos datos, para 2021 –último año disponible– El Salvador invirtió 3 millones de dólares en biodiversidad y conservación; pero la cartera medioambiental tuvo apenas 14 millones ese año. Mientras que Guatemala, que tuvo 16.8 millones en 2021 para el MARN, ejecutó 90 millones en los mismos rubros, según los datos del FMI.

Para la COP16, Honduras y Guatemala identificaron entre sus metas relacionadas al Marco Mundial el aumento de áreas verdes y de territorios bajo protección, según la herramienta de seguimiento en tiempo real del CBD.

Datos del último NBSAP presentado por Honduras (2017) reseñan que tiene 91 áreas naturales protegidas. Mientras que el CONAP de Guatemala registra 341 áreas con protección en ese país. En el caso de El Salvador, este cuenta con aproximadamente 175 áreas naturales protegidas, pero muchas de las cuales aún no han sido transferidas al Estado y representan un desafío extra para financiar su conservación.

Según un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, no se cuenta con datos actualizados sobre las áreas naturales protegidas de El Salvador, algunos datos han sido puestos bajo reserva y otras cifras presentadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) son inexactas. El documento estima que las áreas terrestres bajo protección son apenas 1.32% del territorio nacional y no el 25% que el MARN asegura.