SANTIAGO – Solucionar el problema de tierras mapuches adueñadas por el Estado chileno tras una guerra de ocupación comenzada en 1851 es clave para pacificar la la región de la Araucanía, gran parte en estado de emergencia desde mayo del 2022.
También para tierras de las vecinas regiones de Bío Bío, Los Lagos y Los Ríos en la llamada macrozona sur de Chile. Toda la región de la Araucanía, puerta a la parte austral del país, y dos provincias de Bío Bío son las que están en estado de emergencia.
Una Comisión de Paz y Entendimiento (CPyE), designada el 2023 por el presidente Gabriel Boric, propuso, el 6 de mayo, crear un fondo financiero de 4000 millones de dólares para solucionar las peticiones indígenas de tierras.
Actualmente 48 001 mapuches tienen demandas por tierras que alcanzan a 377 334 hectáreas en las regiones de Bío Bío, Los Lagos, Los Ríos y la Araucanía, denominadas ahora la macrozona sur.
La respuesta de la estatal Corporación Nacional Indígena (Conadi), es excesivamente lenta. La CPyE calificó esta demora como intolerable.
“No se trata de seguir plantando pinos y eucaliptos. Si seguimos talando y con el monocultivo no vamos a llegar a cuidar ese espacio que requieren no solo los mapuches sino Chile entero”: Elisa Loncon.
La demanda de tierras podría aumentar ilimitadamente si no se acoge una propuesta de la CPyE para reglamentar la creación de comunidades y para modificar el derecho de cada una, a fin de actualizar cada seis años el número de familias que las integran.
En esas comunidades se usarían los títulos ya reconocidos por el Estado, denominados títulos de merced.
Elisa Loncón, lideresa mapuche quien presidió una Convención Constitucional electa en mayo del 2021 y cuya propuesta fue rechazada en un plebiscito, subrayó que la tierra es un tema importantísimo.
“Sin territorio nosotros no somos pueblo. La discusión de las tierras se tiene que ampliar al territorio porque la tierra es la madre. No solamente es un espacio físico sino que se reconocen tierras sagradas y seres con vida. Los ríos tienen vida, los cerros tienen vida”, aseveró.
En dialogo con IPS subrayó que es el territorio el que hace al pueblo mapuche posibilitando incluso una filosofía propia. Mapuche significa hombre de la tierra.
“Si vamos a hablar de tierra, hablemos de tierra desde la visión mapuche, desde una visión integral de lo que la tierra implica para el pueblo mapuche”, afirmó.
Loncón pide no considerar a la tierra como una mercancía, al asegurar que gran parte de la crisis del siglo XXI la provoca la separación entre ser humano y naturaleza.
“Cuando vemos un país afectado por los cambios climáticos, donde se ha perdido el vínculo, donde no se enseña sobre ese vinculo, nosotros somos un pueblo que puede contribuir al desarrollo de valores importantes para proteger y cuidar el medioambiente, la diversidad ambiental y la relación entre nosotros”, aseveró.
“No se trata de seguir plantando pinos y eucaliptos. Eso ya generó mucha pérdida de agua y sectores que no la tienen. Si seguimos talando y con el monocultivo no vamos a llegar a cuidar ese espacio que requieren no solo los mapuches sino Chile entero”, subrayó.
Alude a 3,12 millones de hectáreas de esas dos especies invasoras plantadas en diversas regiones de este alargado país por grandes empresas forestales exportadoras dedicadas a la explotación maderera.
Un despojo que cumplirá dos siglos
El proceso de colonización y ocupación militar por parte del Estado chileno, denominado Pacificación de la Araucanía, se produjo entre 1851 y 1883.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se abolió la propiedad colectiva de tierras en manos de comunidades indígenas iniciándose la mercantilización a partir de asentamientos individuales transables que derivaron en la concentración en grandes empresas.
Además se consideró los actos de reivindicación de tierras de los mapuches como actos de violencia terrorista por lo cual se reprimió usando una draconiana ley contra ese delito y provocando mayores actos de resistencia armada por parte de organizaciones mapuches que operan en la zona.
El censo del 2024, cuyos resultados se van dando a conocer este año, reveló una población total de 18,4 millones de personas. De ellas, 12 % se autoidentifican como indígenas siendo el pueblo mapuche el más numeroso con cerca de 1,8 millones.
Le siguen los aymaras con 156 000 y los diaguitas con 88 000.
“A través de siglos el Estado siempre ha negado la participación efectiva, ha omitido y anulado el reconocimiento de los pueblos originarios como integrantes de esta tierra”: Pedro Valenzuela.
El presidente Gabriel Boric en su entrega anual de cuenta pública ante el bicameral Congreso legislativo, el 1 de junio, calificó el conflicto indígena como “uno de los problemas más antiguos y dolorosos que arrastramos como República”.
El mandatario de izquierda valoró las propuestas entregadas por la CPyE subrayando que la instancia fue creada con apoyo de todas las fuerzas políticas bajo el sueño de una patria unida, inclusiva, justa.
“En el corazón del informe de esta Comisión hay una sólida propuesta de un nuevo sistema de tierras para dar pie a un entendimiento definitivo entre el Estado y el pueblo mapuche, entre comunidades y sectores productivos”, subrayó.
Añadió que en julio comenzará una consulta indígena, una de las 21 propuestas de la CPyE.
Simultáneamente se reforzará el apoyo a víctimas de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur que incluye la región de la Araucanía y las otras tres regiones colindantes, entre 600 y 900 kilómetros al sur de Santiago.
Alli entre el 2013 y el 2024, según cifras oficiales de la militar policía de Carabineros, se registraron 8926 hechos de violencia rural con un promedio de dos incidentes diarios. El saldo fue de 60 fallecidos, 1468 lesionados y 4810 bienes destruidos, incluyendo viviendas, vehículos y maquinarias.
Estas cifras motivaron a las autoridades a declarar el estado de emergencia en la Araucanía y las otras dos provincias vecinas.
Boric admitió que las propuestas de la CPyE exceden su mandato presidencial, que expira en marzo del 2026, y afirmó que espera traspasar al nuevo gobierno “ya no un conflicto sino un proceso e implementación que construya paz, desarrollo y justicia para todos los habitantes del territorio, mapuche y no mapuche”.
La CPyE formada por ocho personalidades, cuatro de ellas mapuches, es el noveno intento desde el fin de la dictadura de Pinochet para solucionar el conflicto con este pueblo originario.
El problema de tierras es central, pero la CPyE propone también mejorar la institucionalidad indígena, dar reconocimiento constitucional y representación política al pueblo mapuche e impulsar un plan económico para superar la pobreza.
Las diferentes zonas donde se asientan los mapuches son, de hecho, de las más pobres del país. Una encuesta social de 2022 reveló que en la Araucanía la pobreza multidimensional afectaba a 11,6 % de la población, frente al promedio nacional de 6,5 %. Mientras, 17,4 % de la población regional sufría de pobreza por ingresos.
Escepticismo entre líderes mapuches
Pedro Valenzuela vivió hasta los 12 años con sus abuelos mapuches en el municipio de Curanilahue, en la región del Bío Bío.
Hoy coordina el programa intercultural Kintu Rayen de la Universidad de Chile y el programa de salud del municipio de La Pintana, en el sur de Santigo.
Es uno de los escépticos sobre del plan de la CPyE.
“No tengo muchas expectativas porque ha habido muchas buenas intenciones. Pero a través de siglos el Estado siempre ha negado la participación efectiva, ha omitido y anulado el reconocimiento de los pueblos originarios como integrantes de esta tierra”, dijo a IPS.
Plantea que el tema más relevante es reparar la pérdida de tierras porque provocó desarraigo cultural.
“Es como que te arrancaran de los brazos de tu madre. Cuando sacas una cultura ancestral que tiene la tierra como eje central de su cosmovisión, es super difícil reparar”, sostuvo.
Admite que sería un avance relevante el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.
“Significaría adquisición de derechos. El derecho a impartir tu propia medicina, tu propia educación, el reconocimiento a líderes culturales, a la lengua. El Estado desde su creación te ha negado la existencia entonces el reconocimiento serían los cimientos desde donde puedes construir”, aseveró.
Sin embargo. cree que hoy están más lejos estos avances por la preeminencia de posiciones conservadoras en las candidaturas a las elecciones presidenciales de noviembre.
Maria Hueichaqueo preside la Asociación Indígena mapuche Tain Adkimn que funciona en el popular municipio de La Pintana, con 16 % de su población indígena.
Valora que se busquen alternativas, pero tiene pocas expectativas, ya que el gobierno que está comprometido con una solución, ya está en sus últimos meses y el clima electoral no facilita el avance.
“Hemos conversado con dirigentes mapuches del norte y del sur y coincidimos que las 21 recomendaciones son los mismos temas que se plantean hace más de 10 años”, dijo a IPS.
Recordó que durante el primer gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2010-2013), tras un dialogo con pueblos originarios propuso crear un ministerio de desarrollo indígena.
“Todavía está durmiendo en la Cámara de Diputados. Y ahora de nuevo hablamos de fortalecer la institucionalidad”, aseveró.
Cree, empero, que convocar a una consulta indígena es muy interesante pues se puede apuntar a problemas concretos.
También recordó que el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Tribales e Indígenas establece que una consulta indígena debe ser informada y con conocimiento previo de las comunidades.
Con respecto a las tierras, Hueichaqueo cree que “para dar solución concreta, mínimo son 100 años. No lo vamos a resolver ni en este ni en el próximo gobierno”.
En su caso, tiene una demanda pendiente pues su abuelo y lonko (jefe) en la comunidad José Epulef, en el municipio de Chonchi, en la austral isla de Chiloé, tenía 130 hectáreas.
Se vino a Santiago, donde falleció. Y las autoridades dividieron la comunidad asignando tierras a familias sin relación con los residentes en Epulef.
Hueichaqueo no comparte la existencia del estado de emergencia en la zona porque las autoridades “hablan de terrorismo en el sur de Chile cuando para nosotros, como indígenas, eso es delincuencia común”.
El estado de emergencia se decreta en Chile ante graves alteraciones del orden público y peligro para la seguridad y restringe las libertades de reunión y movilización.
Hueichaqueo considera que el tratamiento de los medios de comunicación colabora en la estigmatización de los mapuches y sus reivindicaciones.
Entre los mapuches hoy existen tres miradas sobre el diálogo actual, dijo. “Una que todavía está por el dialogo, otra que está reacia y cree es más de lo mismo y otro grupo que no va a acatar” lo que resulte, sintetizó.
ED: EG
Fuente de TenemosNoticias.com: ipsnoticias.net
Publicado el: 2025-06-06 11:47:00
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