El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió el miércoles la Asamblea Nacional del país, liderada por la oposición, una medida drástica en un momento en el que el líder derechista se enfrentaba a un proceso de destitución por acusaciones de malversación de fondos.
La medida constitucional, que nunca se había utilizado, permite que el presidente gobierne por decreto hasta que puedan celebrarse nuevas elecciones, marcando un momento de extraordinaria turbulencia política para un país de 18 millones de habitantes que ya vivía una tormenta política.
Durante mucho tiempo, Ecuador ha sido un refugio relativamente seguro en la región pero en los últimos años se ha incrementado la violencia y la tasa de homicidios se disparó, a medida que grupos de narcotraficantes cada vez más poderosos luchan por el territorio.
Los legisladores de la oposición acusaron a Lasso de hacer la vista gorda ante las irregularidades y la malversación de fondos en un contrato entre una naviera estatal y una empresa petrolera que no cumplía sus promesas, acusaciones que aparecieron por primera vez en los medios de comunicación. La Corte Constitucional del país aprobó posteriormente una acusación de malversación contra el presidente, pero rechazó dos acusaciones de soborno.
La semana pasada, la Asamblea Nacional votó a favor de iniciar las audiencias de destitución, pero todos los procedimientos se paralizaron definitivamente cuando Lasso disolvió el Congreso.
El presidente negó repetidamente las acusaciones, señalando que el contrato se firmó antes de que él asumiera el cargo.
“Son los mismos proponentes de este juicio quienes reconocen que no tienen nada”, dijo Lasso el martes en su testimonio. “El juicio es político”.
Y añadió: “Esto no se trata de si se salva o no una presidencia —porque eso también es temporal— sino de preservar el funcionamiento de nuestra democracia”.
Esta es la segunda vez que la oposición ha intentado destituir a Lasso de la presidencia desde que asumió el cargo en 2021.
Se ha enfrentado a crecientes críticas y peticiones de destitución por parte de grupos de la sociedad civil ante las crecientes tasas de delincuencia, extorsión, secuestros y robos. Las bandas se disputan el control de las rutas de la droga y han adquirido un mayor control sobre las prisiones del país, lo que ha provocado varios motines en penales y masacres en los últimos tres años.
Durante semanas, el presidente y el Congreso se enzarzaron en disputas. Los legisladores amenazaban con destituir a Lasso y éste les respondía diciendo que iba a disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones, una medida conocida en Ecuador como muerte cruzada.
El mecanismo se incluyó en la Constitución en 2008 como herramienta para poner fin a los bloqueos entre la presidencia y el poder legislativo. Pero hasta ahora ningún presidente lo había aplicado.
Ahora, con unos índices de aprobación que caen en picada, en algunos casos por debajo del 20 por ciento, Lasso debe convocar nuevas elecciones presidenciales y legislativas y, mientras tanto, gobernará por decreto. El nuevo presidente electo y la Asamblea Nacional gobernarían durante dos años, hasta el final del mandato original en 2025.
La disolución del Congreso proporciona estabilidad temporal al país, según la politóloga ecuatoriana Arianna Tanca, porque permite que Lasso apruebe leyes sin llegar a un punto muerto y les da a los partidos políticos la oportunidad de un “reseteo”.
Pero también amenaza con socavar la democracia del país. Un jefe de gobierno que convoca nuevas elecciones es habitual en las democracias parlamentarias, pero no tiene parangón en las democracias presidenciales de América Latina, dijo Mauricio Alarcón Salvador, director del capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador.
Ver a un presidente cerrar la Asamblea y asumir el poder legislativo de manera transitoria es sin duda “un golpe a la democracia”, dijo, en particular “al sistema de pesos y contrapesos” que debería regir en cualquier democracia del mundo.
La decisión de Lasso se produce en medio de la agitación en la región. En diciembre, el presidente de Perú intentó disolver el Congreso, en ese caso de manera ilegal, lo que condujo a su destitución y detención, y a protestas generalizadas que terminaron con decenas de muertos.
En enero, partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en la capital, argumentando que las elecciones de noviembre en las que fue derrotado habían sido amañadas.
Will Freeman, becario de estudios sobre América Latina en el Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que la decisión de Lasso de presionar a los legisladores podría ser buena para él.
“Aunque ahora es muy impopular, creo que seis meses de gobierno por decreto podrían aumentar su popularidad si consigue hacer algo rápidamente para resolver la doble crisis de la delincuencia, el hambre y la pobreza”, dijo. “Aunque, dado su historial, eso está por verse”.
José María León Cabrera colaboró con reportería.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.nytimes.com
Publicado el: 2023-05-17 08:36:35
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