Violencia en las cárceles de Ecuador
QUITO — Ecuador debe adoptar medidas para garantizar el derecho a la vida en las cárceles, que son frecuentes escenarios de violentas matanzas y están bajo el control del crimen organizado, aseguró el martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Preocupación por la situación carcelaria
En un comunicado publicado en X, la CIDH manifestó su «preocupación ante la persistencia de graves hechos de violencia ocurridos en las cárceles» ecuatorianas y convocó al Estado a tomar medidas para proteger los derechos de las personas bajo su custodia, «investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables».
Estadísticas de violencia intracarcelaria
Entre enero de 2020 e inicios de diciembre de 2024, la CIDH registró al menos 591 muertes de presos debido a «la violencia intracarcelaria», de las cuales 37 ocurrieron el año pasado, además de cientos de heridos, incluyendo a agentes penitenciarios. La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos.
La policía sostiene que en las prisiones hay sangrientas disputas entre bandas locales que luchan por controlar rutas de exportación y distribución de drogas, vinculadas a cárteles de narcotráfico de México y Colombia.
Sin embargo, la CIDH reconoció una «disminución en la cantidad de incidentes y víctimas fatales» en los centros de privación de libertad, donde en 2021 se registraron 316 asesinatos y en 2023 un total de 67.
Factores del conflicto carcelario
Una de las cárceles más violentas es la Penitenciaría del Litoral, un complejo en Guayaquil, donde a fines de 2021 se registró la matanza más grande del sistema penitenciario ecuatoriano, con 122 muertos. En noviembre del año pasado, 15 presos fueron asesinados en este lugar.
Entre los factores que contribuyen a la violencia intracarcelaria en Ecuador, la CIDH identificó la ausencia de control estatal, los sistemas de autogobierno de los reclusos, la corrupción y el insuficiente personal de seguridad.
Medidas del gobierno ecuatoriano
Para abordar la situación de violencia en las cárceles y en las calles, el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró en enero del año pasado el estado de conflicto armado interno en todo el país y ha emitido decretos que establecen estados de excepción, permitiendo el control conjunto de militares y policías.
La CIDH instó al gobierno a implementar políticas públicas en materia de seguridad que integren un enfoque en los derechos humanos.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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