Penas Imponibles a la Mara Salvatrucha en El Salvador
SAN SALVADOR — Un tribunal de justicia de El Salvador impuso penas de hasta 1.420 años de prisión a una estructura criminal de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) por delitos cometidos entre 2018 y 2019, informó el lunes la Fiscalía General de la República.
El pandillero Ángel Geovany Guzmán González fue condenado a 1.420 años de prisión tras ser declarado culpable de siete homicidios, 37 extorsiones agravadas y 25 casos de planificación y conspiración para asesinar, incluyendo a nueve militares. Otro miembro, Hugo Alexander Arqueta Bonilla, recibió 764 años por homicidio agravado, organizaciones terroristas, extorsión agravada y otros delitos. Carlos Eduardo Díaz Rodríguez fue condenado a 567 años y Ana Ruth Segovia Merino a 148 años por delitos similares.
Delitos y Extorsiones Expuestas
La investigación de la Fiscalía reveló que los 48 miembros de la Mara Salvatrucha tenían órdenes de asesinar a policías y militares. En las extorsiones, las víctimas eran transportistas y comerciantes del mercado de San Miguel, quienes eran obligados a pagar dinero para evitar ser asesinados. Un caso notable involucra a una víctima a la que le exigieron 10.000 dólares para pagar a un abogado que defendiera a los pandilleros arrestados.
Estado de Excepción en El Salvador
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador vive bajo un estado de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele como parte de su estrategia contra las pandillas, que incluye la suspensión de derechos fundamentales. Esta medida ha traído críticas de organismos de derechos humanos. Más de 85.000 personas han sido capturadas desde la implementación del estado de excepción, y el gobierno ha reconocido la liberación de más de 7.000 detenidos por falta de pruebas.
Historia de la Mara Salvatrucha
La Mara Salvatrucha fue incluida en 2012 por el gobierno estadounidense en una lista de organizaciones criminales internacionales. En 2015, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró oficialmente como organización terrorista, junto con la pandilla Barrio 18. Por más de tres décadas, estas pandillas han mantenido presencia en barrios populares, involucrándose en narcotráfico, crimen organizado, y extorsiones a empresas de transporte. Las autoridades afirman que asesinan a quienes se niegan a cumplir con sus exigencias.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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