Condena a Gonzalo Sánchez de Lozada
LA PAZ, BOLIVIA — El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por la aprobación de contratos petroleros sin aval del Legislativo tras un largo proceso judicial que duró unos 20 años. El Tribunal Supremo de Justicia determinó que Sánchez de Lozada, de 94 años, y los dos exministros Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y el exviceministro Carlos Alberto López fueron condenados por ser “autores de la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, según la sentencia leída la noche del lunes.
Extradición y Consecuencias Legales
El ministro de Justicia, César Siles, informó que el exmandatario y sus ministros fueron juzgados en rebeldía y defendidos por abogados públicos. Sánchez de Lozada reside desde 2003 en Estados Unidos. El gobierno boliviano ha solicitado su extradición, pero Washington no la ha aprobado. Siles agregó que el proceso marca un “precedente” que habilita la posibilidad de extradición y de iniciar acciones reparatorias por el daño económico causado.
Impacto de los Contratos Petroleros
Según la sentencia del proceso que comenzó en 2005, el exmandatario debería cumplir su condena en la cárcel de Chonchocoro, a las afueras de La Paz, pero primero Bolivia debe formalizar un nuevo pedido de extradición. Durante su gobierno (1993-1997 y 2002-2003), Sánchez de Lozada no pidió la autorización del Congreso para la firma de 107 contratos con petroleras extranjeras, lo que resultó en un beneficio del 82 % para las compañías y solo un 18 % para el Estado. “Celebramos esta condena», afirmó Siles.
Contexto Histórico y Acusaciones Adicionales
En 2006, el entonces presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, declarando nulos los contratos con las petroleras extranjeras. Bolivia, que fue un importante exportador de gas, ahora enfrenta una dependencia de la importación de combustibles. Sánchez de Lozada también enfrenta acusaciones de genocidio por las protestas de 2003 que causaron 64 muertes y más de 400 heridos. En septiembre del año pasado, llegó a un acuerdo extrajudicial con las familias de ocho indígenas fallecidos en dichas protestas, aceptando pagar una indemnización y poniendo fin a un proceso judicial que duró 16 años.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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