Caracas —
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó el lunes la liberación de menores detenidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y advirtió que el principio de complementariedad y cooperación se está quedando “sin camino”. Durante la inauguración de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma en La Haya, Khan destacó la necesidad de que las autoridades venezolanas demuestren un progreso real en la protección de los derechos civiles, especialmente de los niños.
Las protestas de venezolanos en diversos países han reclamado a la CPI que actúe contra presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela. Amnistía Internacional (AI) también denunció casos de “tortura, detención arbitraria y abusos” hacia numerosos niños tras las elecciones y pidió movilizar la justicia internacional en este contexto. AI reportó al menos 198 arrestos de niños, con más de 100 liberaciones en septiembre, aunque muchos enfrentan medidas cautelares y cargos de terrorismo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó la existencia de niños arrestados, pero admitió la detención de adolescentes involucrados en violencia postelectoral. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador de las elecciones en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que atribuyó la victoria al excandidato Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio en España. La comunidad internacional se ha mostrado escéptica sobre los resultados y ha exigido una verificación independiente, tras protestas que resultaron en 28 muertes y más de 2,400 arrestos.
Khan subrayó que el Estado venezolano debe colaborar de manera “más tangible” con su oficina y que la falta de implementación de leyes y prácticas esperaba poner en riesgo la cooperación entre la justicia venezolana y la CPI. Además, insistió en que el gobierno de Maduro debería permitir el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, que fue suspendida en febrero tras acusaciones de sesgo.
Desde 2021, la CPI investiga a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, abarcando asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y otras violaciones cometidas durante manifestaciones antigubernamentales desde 2017. El gobierno ha rechazado estas acusaciones, argumentando que los presuntos crímenes “nunca han ocurrido”.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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