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Inhabilitan por 10 años a exministro de Relaciones Exteriores de Colombia por polémica licitación para la elaboración de pasaportes.

Inhabilitan por 10 años a excanciller de Colombia por polémica licitación para elaborar pasaportes

Sanción a Álvaro Leyva por irregularidades en licitación de pasaportes

BOGOTÁ, COLOMBIA — La Procuraduría colombiana sancionó disciplinariamente este martes al excanciller Álvaro Leyva, al encontrar irregularidades en un polémico proceso de licitación para la elaboración de pasaportes con un presupuesto cercano a los 150 millones de dólares. Leyva fue suspendido como canciller en enero para enfrentar un juicio disciplinario, siendo reemplazado por Luis Gilberto Murillo por orden del presidente Gustavo Petro, quien alegó que la decisión era un intento de debilitar su gobierno.

Detalles de la resolución y apelación

En el fallo inicial, Leyva, de 82 años, fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, ya que según la Procuraduría, desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes. Esta sanción puede ser apelada ante la procuradora general de Colombia, Margarita Cabello. Leyva cuestionó la independencia de la procuradora, afirmando que no es autónoma y anunció su intención de interponer una acción de nulidad contra el fallo.

Contexto de la licitación

A inicios de 2023, la Cancillería abrió una licitación para la impresión de pasaportes, siendo la empresa Thomas Greg & Sons la única postulante tras más de una década gestionando este servicio. La Cancillería enfrentó críticas sobre un posible favoritismo hacia esta empresa. En septiembre de 2023, Leyva declaró desierta la licitación, una decisión que implicaba cerrar el proceso por falta de postulantes. No obstante, la Procuraduría determinó que esta decisión fue ilegal, ya que la empresa cumplía con todos los requisitos exigidos.

Defensa y justificación de Leyva

Durante el proceso disciplinario, la defensa de Leyva argumentó que al declarar desierta la licitación, su intención era proteger los recursos públicos. Sin embargo, la Procuraduría indicó que su acción generó un riesgo en la prestación del servicio, complicando el inicio de un nuevo proceso licitatorio justo cuando estaba por expirar el contrato vigente de pasaportes. Leyva fue absuelto por haber declarado la «urgencia manifiesta», permitiendo así una contratación directa ante el riesgo de que el país quedara sin documentos expedidos.

Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com

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