El impacto del ‘parole in place’ en familias inmigrantes
Alma Quezada, una salvadoreña que creció en Estados Unidos, celebró al enterarse de que el gobierno de Joe Biden aprobó el beneficio migratorio conocido como ‘parole in place’, permitiendo que su esposo Juan Antonio Valla, también salvadoreño, legalice su estatus tras 17 años. “Dios mío, me puse muy contenta y le dije a mi esposo que iba a hacer la petición”, dijo Quezada, quien rápidamente buscó asesoramiento legal para iniciar el trámite.
Este anuncio llenó de esperanza a casi medio millón de inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos, casados con ciudadanos estadounidenses, así como a cerca de 50.000 de sus hijos. Sin embargo, la alegría fue efímera, ya que el 26 de agosto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, suspendió el programa tras una demanda de dieciséis estados republicanos.
Reacción a la suspensión del programa
Juan Valla expresó: “Eso sería un gran beneficio para mí… tener mejor trabajo, ganar mejor”, y también sueña con visitar a su madre, a quien no ve desde hace 17 años. Quezada comparte este deseo, mencionando que quiere “viajar juntos al extranjero”.
La organización CARECEN, que ofrece servicios legales a migrantes, está recibiendo múltiples consultas sobre la situación. Claudia Sánchez, de CARECEN, afirmó que la decisión del juez de Texas ha mantenido a las familias en un estado de incertidumbre, ya que “muchos de los clientes están ansiosos y preocupados”.
Argumentos a favor y en contra del programa
Los estados que demandaron a la administración Biden argumentan que el gobierno ignoró al Congreso para crear una vía a la ciudadanía con fines políticos y que esto podría incentivar la inmigración ilegal. Por otro lado, defensores del programa sostienen que cumple con la ley y critican la separación de familias como una motivación cruel para la demanda.
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, defendió la impugnación en redes sociales, alegando que el gobierno está utilizando el programa de manera sistemática para promover su agenda de fronteras abiertas, mientras que propuestas de organizaciones como FWD destacan que la medida busca mantener unidas a las familias.
Requisitos y proceso para el ‘parole in place’
Para ser elegibles para este programa, los inmigrantes deben haber residido en EE. UU. al menos 10 años, no representar una amenaza para la seguridad, no tener antecedentes penales y haber contraído matrimonio con un ciudadano estadounidense hasta el 17 de junio. Los solicitantes deben presentar una cuota de 580 dólares, una solicitud extensa explicando su caso y una serie de documentos que respalden su permanencia en el país.
Una vez aprobado, tendrían tres años para solicitar la residencia permanente y podrían obtener un permiso de trabajo durante ese tiempo.
Alma Quezada expresó su deseo de que el programa continúe, destacando que muchas personas tienen sueños de convertirse en residentes y ciudadanos. “Pagan impuestos y tienen derecho a estar legalmente en el país”, concluyó.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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