Investigación a la presidenta Dina Boluarte
La presidenta peruana Dina Boluarte asistió el lunes a la fiscalía para ser interrogada en una investigación por presuntamente no haber comunicado al gabinete ministerial y al Parlamento que tenía un impedimento temporal para ejercer la presidencia durante 11 días tras una cirugía de nariz realizada en secreto. La Fiscalía informó que el interrogatorio comenzó a las 9 de la mañana en la sede principal del Ministerio Público en Lima y finalizó poco después de la 1 de la tarde.
Detalles sobre la cirugía y la defensa de Boluarte
Esta es la sexta investigación contra Boluarte desde que asumió el poder en diciembre de 2022. Juan Portugal, abogado de la mandataria, declaró en redes sociales que Boluarte asistía a declarar por «respeto a las instituciones del Estado». Las televisoras locales mostraron el automóvil presidencial, con vidrios polarizados y rodeado de guardaespaldas, ingresando a la sede fiscal.
El 12 de diciembre, Boluarte admitió públicamente que se había sometido a cirugía de nariz en 2023, después de haber desestimado consultas de la prensa sobre un reportaje que indicaba lo mismo. La presidenta aseguró que la cirugía era «imprescindible» por razones de funcionalidad respiratoria y no por motivos estéticos. “No me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones», afirmó.
Consecuencias legales de la investigación
A inicios de diciembre, la fiscal general Delia Espinoza anunció una investigación por la presunta comisión de los delitos de abandono de cargo y omisión de actos funcionales entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, tras la cirugía. Según la ley, el abandono de cargo ocurre cuando un funcionario deja su puesto «sin haber cesado legalmente», mientras que la omisión de actos funcionales se produce cuando un servidor público «omite, rehúsa o retrasa de manera ilegal un acto de su cargo». Ambos delitos pueden ser castigados con dos años de cárcel.
Concluida la investigación preliminar, la fiscal general podrá acusar constitucionalmente a la presidenta ante el Parlamento, permitiendo que al finalizar su gestión —el 28 de julio de 2026— pueda ser juzgada ante la Corte Suprema, conforme a lo establecido para altos funcionarios en Perú. Con esta investigación, Boluarte suma seis indagaciones fiscales por diversos delitos, incluido el homicidio calificado por su responsabilidad en las muertes de manifestantes entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 durante protestas que exigían su renuncia.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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