Declaraciones del Presidente sobre la Desaparición de los Niños
QUITO — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó el lunes que el Estado no encubrirá a los involucrados en la desaparición de cuatro niños, supuestamente a manos de militares. Organismos de defensa de derechos humanos y ciudadanos han exigido que se investigue el caso como desaparición forzada.
Contexto del Caso
Los cuatro niños, de 11, 14 y 15 años, desaparecieron el ocho de diciembre tras jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil. Según el relato de su padre, vehículos con personas vestidas de uniforme militar llegaron al área, lo que provocó que varios menores huyeran, y cuatro fueron capturados y llevados en los autos, sin que se haya conocido su paradero hasta ahora.
Demandas de Justicia
“Estamos del lado de la justicia, haya sido un civil, un cura, un policía o un militar involucrado. La gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie”, aseguró Noboa en una entrevista con radio Democracia. Añadió que sería prematuro clasificar el caso como desaparición forzada mientras la Fiscalía investiga.
Reacciones y Manifestaciones
Fuera de la fiscalía en Guayaquil, decenas de personas se manifestaron exigiendo respuestas sobre la ubicación de los niños y pidiendo que se califique el caso como desaparición forzada. Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, señaló que hay indicios de “una grave violación de derechos humanos” y pidió que se procese penalmente a los militares implicados.
Bastias también mencionó que se realizaron allanamientos a una base militar en Taura, donde se habrían identificado los vehículos utilizados para detener a los menores, cuestionando así la versión del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien había afirmado que estaban involucrados grupos de delincuencia organizada. La AP solicitó información a la Fiscalía sobre este allanamiento, pero no obtuvo respuesta inmediata.
Este caso, que ha conmocionado al país y se viraliza en redes sociales como “Los cuatro de Guayaquil”, llevó a la Asamblea a solicitar la presencia de varias autoridades del Estado para que informen sobre la “presunta desaparición forzada de los menores”. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Ecuador (ASFADEC) expresó su “profunda preocupación” y recordó que la desaparición de personas es un delito de lesa humanidad.
La legislación ecuatoriana establece una pena de 26 años de prisión para la desaparición forzada cometida por un agente estatal que infrinja derechos y garantías constitucionales.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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