Denuncias de violaciones de derechos humanos en El Salvador
Siete organizaciones no gubernamentales han recibido 6,426 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción en El Salvador. Esta medida forma parte de la política de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, a las que responsabiliza de la mayoría de los crímenes en el país centroamericano.
Tipos de violaciones documentadas
Las denuncias incluyen presuntos delitos como detenciones arbitrarias, allanamiento a morada, tratos crueles o inhumanos, amenazas, desaparición forzada y hostigamiento. En algunos casos se podrían haber cometido múltiples delitos contra una sola víctima. El informe destaca, además, graves casos de acoso sexual, abuso sexual, hasta cuatro víctimas de violación y 25 casos de discriminación por orientación e identidad sexual.
Perfil de las víctimas
Desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, las organizaciones como Cristosal, Servicio Social Pasionista, y la Red Salvadoreña de Defensores de Derechos Humanos documentaron que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre 19 y 30 años, representando el 52.2% del total. También se reportaron tres alarmantes casos de niños de entre cero y 12 años. Además, denunciaron la muerte de 265 personas, de las cuales cuatro eran niños.
Responsables y exigencias a las autoridades
Según las organizaciones, el 75% de las violaciones de derechos humanos son atribuidas a agentes de la Policía Nacional Civil. Se han documentado 305 muertes de personas adultas y cuatro bebés bajo custodia del Estado. Las organizaciones exigen al Estado salvadoreño asegurar un proceso justo para los detenidos y condiciones adecuadas para las personas de la diversidad sexual, mujeres, y personas con discapacidades o enfermedades crónicas. Asimismo, demandan justicia y reparación para las familias de las víctimas y quienes fueron encarcelados injustamente.
El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso el 27 de marzo de 2022 tras la muerte de 62 personas en un solo día a manos de las pandillas. Esta medida ha restringido derechos fundamentales, además permite a las fuerzas de seguridad intervenir telecomunicaciones sin orden judicial y extender el tiempo de detención sin una audiencia judicial hasta 15 días.
Como parte de la estrategia contra las pandillas, se aprobaron reformas al Código Penal que tipifican como delito la pertenencia a una pandilla, con penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas enfrentan condenas de hasta 60 años.
Fuente y créditos: www.vozdeamerica.com
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