El déficit contributivo de la Seguridad Social llega a 27.300 millones en los últimos 12 meses

La sostenibilidad financiera de las cuentas de la Seguridad Social se mide por el balance entre los ingresos y los gastos. Esta Administración es deficitaria desde hace 12 años, aproximadamente, aunque la Ejecución Presupuestaria mensual ‘maquille’ este resultado. Los ingresos por transferencias del Estado, un traspaso de dinero generado a través de impuestos que recibe la caja de la Seguridad Social, desvirtúan este cálculo. Aunque en noviembre el cálculo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones arroja un saldo positivo de 226 millones, la realidad es distinta si se despejan las fuentes de financiación. Por ello, los expertos calculan el déficit contributivo del sistema resultante de la diferencia entre el gasto estrictamente contributivo y los ingresos que financian estas obligaciones. El resultado son unos números rojos de 27.277 millones acumulados en los últimos 12 meses.

El Grupo de Investigación en Protección Pensiones y Protección Social que componen investigadores y académicos de las Universidades de Valencia, Rey Juan Carlos y Extremadura facilita a elEconomista.es este cálculo, extraído de la ejecución presupuestaria que difunde la propia cartera de las pensiones. Conocer el déficit real de las pensiones ofrece una imagen más acertada de la forma en la que se financian las prestaciones: con un déficit permanente que se suple con deuda (ya son 106.000 millones a cargo de esta Administración) y a través de unas inyecciones de impuestos que corren a cargo del Estado y que tienen un coste cero en intereses para la Seguridad Social.

Las transferencias del Estado son un círculo vicioso de deuda. Como el sistema es deficitario, se endeuda con el propio Estado para poder pagar las pensiones. Y es la principal obligación que motiva que el grueso de la deuda se haya duplicado respecto al nivel previo a la pandemia, una vez los esfuerzos han aumentado.

Como estaba previsto, en 2023 el Estado ha concedido un préstamo a la Seguridad Social de 10.004 millones de euros para asumir la doble paga de noviembre, que incluye la extraordinaria y asciende a 23.900 millones, préstamo que se ha hecho efectivo en octubre y, por tanto, no se había activado a final del tercer trimestre.

Este desequilibrio se acerca al 2% del PIB y empeora ligeramente. Se debe al mayor aumento del gasto en pensiones, empujado por la revalorización de las pensiones del 8,5% en 2023 y progresivo incremento del número de pensionistas por el retiro del ‘baby boom’. Se produce pese al buen comportamiento que siguen mostrando las cotizaciones sociales. Los ingresos también están mejorando por el efecto que produce la inflación en las mejoras salariales, que eleva las bases medias de cotización, y también por la incorporación de más trabajadores al mercado laboral. De hecho, estos ingresos están siguiendo la previsión recaudatoria marcada por la Seguridad Social.

La nueva sobrecotización aplicada sobre todas las nóminas, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), está aportando algo más de 2.200 millones de euros. Grava el 0,6% del salario este año y ya el que viene subirá al 0,7%. La previsión es que llegue al 1,2% para el final de la década y acumule hasta 130.000 millones en el Fondo de Reserva.

A partir del próximo curso comienzan a desplegarse más medidas según el calendario previsto por la reforma de pensiones. La base máxima de cotización subirá 1,2 puntos más que la inflación. El efecto conjunto del destope y el MEI sumará 3.500 millones de euros entre 2023 y 2024, según las previsiones del Gobierno, 1.100 millones más que en la actualidad.

Ya en 2025 comenzará a hacer efecto la cuota de solidaridad, otra cotización finalista adicional que se aplicará sobre el tramo salarial superior a la base máxima de cotización prevista.

También se confía en la generalización de la jubilación activa y el peso de creciente de la fuerza laboral sénior para afrontar el examen de Bruselas sobre la reforma de pensiones en 2025, cuando ya se auditará el efecto de las medidas sobre la sostenibilidad financiera del sistema.

Presupuesto superior a 200.000 millones este año

Una corrección en las cuentas de la Seguridad Social que se puede observar en la ejecución mensual ya apunta a que el gasto en pensiones superará la barrera de los 200.000 millones en términos presupuestarios este mismo año, cuando las previsiones apuntaban a que sería en 2024, siendo el grueso de esta partida de transferencias corrientes el pago de las pensiones.

El presente curso está siguiendo la misma línea que los años previos en cuanto a altas de pensiones. Hasta octubre el sistema ha sumado 482.000 nuevas pensiones. En los últimos años ya se han rozado las 600.000 altas, una cota que previsiblemente romperá una vez comiencen a salir del mercado laboral los trabajadores de la generación boomer (los nacidos desde finales de los años 50 y hasta finales de los años 70).

La edad media en la que causan alta, es decir, la edad real con la que se retiran los beneficiarios de la pensión pública española ha escalado hasta los 65,1 años, según los datos más actualizados de octubre de este mismo año. La comparativa con 2019, cuando la edad real era de 64,4 años, revela una mejora de 0,7 años. Sin embargo, ha aumentado menos que la edad real de jubilación (1 año).

De cara al próximo curso, la Seguridad Social afrontará la revalorización de las pensiones contributivas, mínimas y no contributivas. Las primeras se actualizarán un 3,8%, en línea con la inflación media de los doce meses previos (de diciembre de 2022 a noviembre de 2023). Por su parte, las prestaciones más vulnerables subirán más que la inflación, con distintas variables según el tipo de prestación y la situación particular de cada retirado.

Esta actualización tendrá un coste de 7.600 millones de euros este año. Más allá del cumplimiento de la ley de revalorización de las pensiones, la Seguridad Social también afronta un efecto sustitución de las pensiones natural: entran jubilados con bases reguladores (y pensiones) más elevadas que la media y, además, son más los nuevos pensionistas que los que causan baja. Este efecto podría implicar otro incremento de 3.000 millones, según expertos consultados, elevando la factura en al menos 10.000 millones.